Con
mayoría en el Congreso del Estado y en las alcaldías, con las izquierdas y el
PRI divididos y disminuidos en el Estado, Carlos Mendoza Davis tiene todos los
elementos a su favor para adaptar la estructura de gobierno y dar resultados.
Antes de la toma de posesión el Congreso le aprobó dos iniciativas. Para
cambiar las oficinas del servicio público. Creó dos nuevas dependencias, la
Oficina del Ejecutivo -como existe en la Presidencia de la República- y la
Secretaría de Desarrollo Social. Fusionó Oficialía Mayor con la Secretaría de
Finanzas y le dio a la Secretaría de Pesca atribuciones de agricultura
La
Paz, Baja California Sur.- Con una oposición severamente confrontada y diluida,
tras la derrota del pasado proceso electoral, Carlos Mendoza Davis tomó
protesta el jueves 10 de septiembre como nuevo gobernador del Estado de Baja
California Sur, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón” de la XIV
Legislatura.
La
sesión, presidida por la diputada Eva Palacios, de la actual Legislatura,
inició puntualmente a las siete de la tarde. En el acto oficial estuvieron
presentes los mandatarios Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California;
Rafael Moreno Valle, de Puebla; Mario López Valdez, de Sinaloa; y Francisco
Domínguez, gobernador electo de Querétaro.
Al
igual asistieron los senadores Isaías González, Ernesto Ruffo, Raúl Cervantes,
entre otros; el presidente del Partido
Acción Nacional, Ricardo Anaya, conocidos militantes del PAN como Santiago
Creel y José Luis Luege; el General Moisés García Rincón, de la II Región
Militar; Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad; Rafael Pacchiano
Alemán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
representación del Presidente Enrique Peña Nieto; además de Marko Cortez,
coordinador de los diputados panistas y Roberto Gil Zuarth, presidente de la
mesa directiva del Senado.
A
las 7:34 pm, el mandatario saliente, Marcos Covarrubias, entregó a la
legisladora Palacios la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la de
Baja California Sur, documentos que a su vez fueron depositados en manos de
Mendoza Davis, rindiendo así protesta como el nuevo Ejecutivo de la entidad
sudcaliforniana.
Inmediatamente
después, Covarrubias, al igual que Pacchiano Alemán, cambiaron su vestimenta
para volver con guayabera puesta al lugar donde el gobernador entrante daría su
mensaje.
En
su discurso en la explanada del Centro de Gobierno, luego de la toma de
posesión en el Congreso del Estado, ante unos 2 mil asistentes, Carlos Mendoza
Davis, ya gobernador constitucional de Baja California Sur -después del mensaje
sobre la democracia sudcaliforniana donde PRI, PRD y PAN han gobernado la
entidad- entró al tema del desarrollo turístico:
"Nuestra
prioridad será el desarrollo amplio y profundo de las familias
sudcalifornianas”, y presumió que es el Estado que registra menor desigualdad,
reconociendo por ello a su antecesor, Marcos Covarrubias.
“Seré
un gobernador demócrata”, enfatizó Mendoza, comprometiéndose a estar a la
altura de las expectativas ciudadanas.
A
lo lejos se escuchaban las exclamaciones de “¡ya basta!” por parte de
manifestantes contra la minería y a favor de la protección de los acuíferos,
reclamos que no fueron suficientes para interrumpir el discurso del mandatario,
en el que aseguró que el Estado ahora sí será el primero en el que sus
funcionarios presenten declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de
intereses.
En
cuanto a la lucha contra la inseguridad, afirmó que multiplicará los espacios
públicos de entretenimiento, combatirá
las adicciones y profesionalizará los cuerpos policiacos como prioridades
durante su gestión.
Y
emocionado, teniendo pendiente el nombramiento del procurador de justicia,
Mendoza Davis gritó: “¡Lo mejor está por venir!”, tal vez sin enterarse de que
en esos momentos, en La Paz, se registraba la primera ejecución de su mandato
en la colonia El Calandrio, y un lesionado de gravedad con arma de fuego en la
colonia Indeco.
LOS MANIFESTANTES SE HICIERON ESCUCHAR
Minutos
antes de las siete de la tarde, la explanada del Centro de Gobierno había sido
aislada con vallas metálicas, área adonde solo fue posible acceder a través de
un filtro con tres entradas de puertas magnéticas, detectoras de armas.
Desde
las seis de la tarde, los invitados comenzaron a pasar y poco a poco llenaron
los espacios vacíos.
El
escenario principal, desde el cual el nuevo gobernador envió su mensaje a los
sudcalifornianos, tenía un pedestal con micrófono y dos pantallas a los lados.
En
los costados, dos pantallas más transmitieron la imagen de Mendoza Davis. Sus
invitados en su mayoría iban vestidos de guayabera, en una tarde en la cual la
temperatura registró los 42 grados Centígrados.
Afuera
del recinto oficial, una decena de vendedores ambulantes ofrecían helados,
raspados, chicharrones y dulces, quejándose del acceso restringido.
Y
también desde las siete comenzaron a llegar aproximadamente 200 manifestantes
con pancartas:
* Un grupo de ambientalistas solicitó
al nuevo gobernador continuar con el legado de su padre, el ex mandatario Ángel
César Mendoza Arámburo, y no permitir la contaminación de la minera Los
Cardones.
* Una agrupación de enfermeras y
enfermeros solicitó el pago de su sueldo atrasado, como trabajadores de
Hospital General “Juan María Salvatierra” de La Paz.
Los
guardias de seguridad impidieron el paso de quienes pretendían protestar. Los
disidentes alegaban que se estaban violando sus derechos de libre tránsito y
manifestación, incluso trataron de derribar una de las vallas metálicas para
acceder a la toma protesta de Carlos Mendoza Davis.
Daniel
Hernández, padre de Jonathan Hernández Ascencio, un joven asesinado, argumentó
que solo le iba a dar el voto de confianza a Mendoza, y solicitarle esclarecer
el crimen, después de cinco años de sucedido. El señor acusó a un funcionario
de nombre José Manuel Santoyo García de bloquear los accesos.
Los
manifestantes arremetieron también en contra del nuevo gobernador, acusándolo
de violar los derechos del pueblo y de no cumplir sus promesas de campaña en el
arranque de una gestión estatal que de inmediato debe hacer frente a un clima
de inusitada violencia, que en los últimos tres años ha registrado 168
ejecuciones perpetradas por el crimen organizado.
LAS SEÑALES
El
nuevo gobernador de Baja California Sur arrancó con todas las condiciones
políticas a su favor: un Congreso local de abrumadora mayoría panista, las
cinco alcaldías, y tres de las cuatro diputaciones federales en el Estado.
Desde
su triunfo el pasado 7 de junio, y hasta la toma de posesión del cargo, centró
su atención prácticamente en la reestructuración de la administración pública
de la entidad, la organización de su gabinete y el diseño de las nuevas
políticas públicas que habrá de implementar a partir del 10 de septiembre.
Durante
este tiempo, el equipo de transición integrado por sus principales hombres de
confianza, Carlos Rochín Álvarez, Jesús Manuel Sobarzo Larrañaga y Genaro Ruiz
Hernández, solo se reunió públicamente en una ocasión con el equipo de
entrega-recepción del gobernador saliente, encabezado por Andrés Córdova
Urrutia y Joel Ávila Aguilar, hoy ex secretarios general y de Promoción y
Desarrollo Económico, respectivamente, así como el ex contralor Ismael Peñaloza
Pineda; de manera general hablaron del proceso administrativo y de la situación
que guarda el Estado.
Desde
la toma de protesta de la XIV Legislatura, el nuevo gobernador sudcaliforniano
envió la primera señal de lo que habrá de ser su administración, modificando el
cuerpo normativo que regula la función pública y privilegiando la innovación,
modernidad y sobre todo, el perfil de los nuevos servidores públicos que en su
mayoría habrán de ser profesionistas en la materia.
Así,
el gobernante panista envió a través de los diputados de las fracciones
parlamentarias del PAN y del PRS, dos iniciativas con proyecto de decreto:
1.-
La iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Baja California Sur, la cual consiste en la reestructuración de
algunas dependencias gubernamentales -conforme a la nueva realidad política,
económica y social del Estado-fusionando y separando funciones, el uso de
recursos, transparencia y rendición de cuentas. Entre las novedades de esta Ley
se encuentra:
A). La creación de la Oficina del
Ejecutivo, auxiliar en la conducción de los trabajos del gobernador, dotándolo
de apoyo administrativo y logístico.
B). La desaparición de Oficialía Mayor,
y la creación de la Secretaría de Finanzas y Administración, unificando las
políticas públicas en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, así como
la administración de bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado.
C) La creación de la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado, que habrá
de ser responsable de la atención de los grupos vulnerables y organizaciones no
gubernamentales en el Estado y lograr un impacto integral de programas sociales
de manera directa y como objetivo principal.
D). La reestructuración de la Secretaría
de Pesca y Acuacultura, dotada de la atribución de la agricultura, por lo que
quedará como Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario.
La
segunda iniciativa es la reforma a las fracciones XLVI del Artículo 64 y V del
Artículo 79 de la Constitución Política del Estado, que consiste en generar
cambios en los instrumentos jurídicos en el nombramiento del procurador general
de Justicia del Estado y el contralor general del Estado, el cual está
sustentado en dos objetivos esenciales:
Mejorar
y facilitar de designación y ratificación, estableciendo tiempos y
procedimientos claros que den mayor certeza al nombramiento de procurador.
B)
La coparticipación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación del
contralor, quien tendrá que ser ratificado por el Congreso del Estado.
En
el caso del procurador, el nuevo criterio utilizado es la designación por parte
del gobernador, y posterior ratificación del Congreso del Estado, tal como
sucede en 18 Estados de la República, donde el nuevo método de designación
compartida busca una decisión equilibrada de pesos y contrapesos, y evitar la
fricción que podría registrarse en la presentación de una terna a la hora de la
votación, donde comúnmente se pierde valioso tiempo en el cabildeo y
negociación; inclusive, se generan disputas entre legisladores, así como
retrasos que se traducen en una ventana de impunidad, la cual invita a que la
delincuencia prolifere y, más aún, con los hechos violentos de los últimos
meses.
En
el caso del contralor, el mecanismo es justamente como el del procurador, solo
que anteriormente no pasaba por la ratificación del Poder Legislativo, sino
como una facultad del Ejecutivo, dejando de ser una designación directa del
gobernador y una decisión compartida de común acuerdo con los diputados locales.
El
8 de septiembre, dos días antes de la toma de posesión de Mendoza, la XIV
Legislatura aprobó las dos iniciativas con Proyecto de Decreto, con 15 votos a
favor y seis en contra.
EL CÍRCULO
Abogado
de profesión y graduado con honores en la Universidad Autónoma de México y
maestrías en la Universidad de Cornell en Nueva York y Universidad
Pantehón-Sorbonne en París, Carlos Mendoza Davis planea un gobierno de
profesionistas, con experiencia académica y perfil idóneo en cada una de las
áreas donde habrá de designar servidores públicos.
Amigo
personal del nuevo secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña
y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, así como
del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el titular del Ejecutivo
estatal en Baja California Sur integrará dentro de su gabinete a su círculo de
colaboradores más cercano, cuyo equipo de trabajo opera desde que ocupó cargos
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Financiera Rural, Servicio Exterior
Mexicano, Secretaría General de Gobierno y Senado de la República.
LA MANO DE COVARRUBIAS EN EL GABINETE
En
la conformación del gabinete del nuevo gobernador de Baja California Sur,
Carlos Mendoza Davis, se siente la mano de Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor.
Los
marquistas acapararon casi el 50% de los cargos repartidos en el gabinete
general y ampliado, donde 21 de los primeros 52 funcionarios nombrados, fueron
heredados por el saliente gobernador, incluso 8 prácticamente repetirán en el
cargo, como es el caso de los siguientes:
1.-
Isidro Jordán Monroy, secretario de Finanzas y Administración.
2.-
Héctor Jiménez Márquez, secretario de Educación.
3.-
Rodrigo Serrano Castro, subsecretario de Consejería Jurídica.
4.-
Luis Enrique García Sandez, subsecretario de Finanzas.
5.-
Jesús Taylor García, director del Instituto Estatal de Radio y Televisión.
6.-
Manuel de Jesús Salgado Mayoral, director del Fondo para el Desarrollo Social.
7.-
Luis Jesús Arce Cota, director del Instituto Sudcaliforniano de Inclusión de
las Personas con Discapacidad.
8.-
Cristopher Alexter Amador Cervantes, director del Instituto Sudcaliforniano de
Cultura.
Aunque
ciertamente algunos de ellos, como el caso de Isidro Jordán Monroy son íntimos
amigos del nuevo gobernador, eso no quiere decir que no hayan estado al
servicio del ex gobernador, participando primero como director del Instituto
Sudcaliforniano de Infraestructura Educativa, y después como secretario de
Finanzas, en el cuatrienio de Covarrubias.
De
hecho, es el segundo secretario que –como en el caso de José Antonio Ramírez
Gómez, de Narciso Agúndez a Marcos Covarrubias— es ratificado por el nuevo
gobernante.
Los
otros marquistas, como el caso de su concuño, Rodrigo Andrés de los Ríos Luna,
nombrado subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solo fueron
rotados disimuladamente de un puesto a otro.
El
nuevo gobernador –y según datos obtenidos por ZETA— únicamente tiene 9 personas
de su entera confianza dentro del gabinete, y quienes, después de la
reestructuración de la administración pública, pretenden controlar todas las
áreas gubernamentales, como es el caso de:
1.-
Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de gobierno.
2.-
Isidro Jordán Monroy, secretario de finanzas y administración.
3.-
Luis Genaro Ruiz Hernández, secretario de turismo.
4.-
Carlos A. Rochín Álvarez, jefe de la Oficina del Ejecutivo.
5.-
Jesús Guillermo Vázquez Guluarte, secretario privado.
6.-
Dalia Bastida Clemente, secretaria particular.
7.-
Luis Humberto Araiza López, subsecretario de administración.
8.-
Luis Enrique García Sánchez, subsecretario de finanzas.
9.-
Jesús Manuel Sobarzo Larrañana, jefe de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones
Públicas.
Dentro
del nuevo gabinete, otros cargos fueron entregados como evidentes cuotas de
poder al PAN, como es el caso de Héctor Jiménez Márquez, secretario de
educación; José Leoncio Ávila Geraldo, director del Instituto Sudcaliforniano
del Deporte y Carlos Lascurain Ochoa, director de la Junta Estatal de Caminos.
Otro
caso es del dirigente municipal del PRS en La Paz, Tomas Frank Torres Gameros,
y el cual fue nombrado subsecretario del trabajo.
En
el reparto de cargos, y tras haber dado la espalda a su partido en el pasado
proceso electoral, algunos integrantes del PRD, también recibieron su cuota,
como es el caso de Ricardo Gerardo Higuera, y quien fue nombrado subsecretario
de planeación y desarrollo económico; Esteban Beltrán Cota, subsecretario de
gobierno; Ana Luisa Guluarte Castro, directora del Régimen Estatal de
Protección en Salud y Juan Manuel Reyes Cervantes, director del Instituto de
Capacitación de los Trabajadores de Baja California Sur.
Los
catedráticos también recibieron su pago a los favores del pasado proceso
electoral, tal es el caso de Rodrigo Guerrero Rivas, nombrado secretario de
Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rodrigo Serrano
Castro, subsecretario de la Consejería Jurídica y Óscar Báez Santiés, director
general del Colegio de Bachilleres.
Finalmente,
los empresarios, y principales aportadores económicos en la campaña del hoy
gobernador, también recurrieron al pago de favores, y donde fueron colocados
dentro del aparato gubernamental Rogelio Ampudia Gudiño, subsecretario de
turismo; Carlos Rivas Lizaola, director del Instituto Sudcaliforniano de
Infraestructura Educativa y José Soto López, director de administración
portuaria integral.
En
la conformación de este nuevo gabinete, llaman la atención cuando menos tres
nombramientos de funcionarios, y los cuales, prácticamente fueron importados de
otras ciudades o estados, tal es el caso de José Luis Escalera Morfín,
secretario de planeación urbana, infraestructura y transporte; Gustavo
Hernández Vela, secretario del trabajo y previsión social y Cecilio Padilla
Zárate, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Aunque
no se sabe si por su capacidad, trayectoria o por recomendación, los nuevos
servidores públicos ocuparán cargos en el gobierno de Baja California Sur, otro
que podría venir de fuera es el nuevo Procurador General de Justicia del
Estado, y donde –al cierre de esta edición— circulaba el nombre del Dr. Víctor
Manuel Contreras Martínez, actual director de delitos fiscales de la Subprocuraduría
Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y ampliamente conocido por haber dirigido las investigaciones que
terminaron con el encarcelamiento del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier
Melo y la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba
Esther Gordillo.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Gerardo Zúñiga Pacheco / Fotos. Gerardo Zúñiga / Antonio de Jesús
Cervantes/ 15 de Septiembre del 2015 a
las 12:00:00)
No hay comentarios:
Publicar un comentario