En los últimos cinco años, al
menos 78 líderes comunales han perdido la vida en aras de defender sus tierras
de las empresas que buscan instalar proyectos extractivos o turísticos. Otros,
están presos y algunos más, desaparecidos
A la lista de los defensores de la
tierra, se han sumado 32 defensores de derechos humanos que también fueron
asesinados
Moisés se había distinguido por su
insistente denuncia ante el Gobierno Federal sobre la colusión entre el crimen
organizado
La mayoría de los defensores que han
caído asesinados en los últimos cinco años en México, son indígenas
La defensa por la tierra ha
costado sangre. En los últimos cinco años, 78 líderes comunales que se
mantenían en pie de lucha contra grandes proyectos extractivos o turísticos de
alto impacto ambiental han perdido la vida. Otros 21 han corrido con mejor suerte,
solo se encuentran presos, sujetos a procesos penales con posibles sentencias
que van de los seis a los 50 años de cárcel.
De acuerdo al Comité de
Familiares de Personas Desparecidas, al menos 11 líderes de movimientos
sociales e indígenas de diversas partes del país que se oponían a la operación
de grandes proyectos económicos en sus regiones –principalmente presas,
hidroeléctricas y minas— se encuentran en calidad de desaparecidos.
Prácticamente ninguno ha
encontrado justicia. Las procuradurías locales no han esclarecido sus
homicidios y sustracciones forzadas. Solo en cuatro casos de asesinato existen
detenidos como presuntos responsables de los hechos.
A la lista de los defensores
de la tierra, se han sumado 32 defensores de derechos humanos que también
fueron asesinados mientras abanderaban acciones de protección para los propios
líderes comunales. De esos casos, 31 siguen impunes.
El Colectivo Oaxaqueño en
Defensa de los Pueblos, uno de los principales organismos no gubernamentales
que ha denunciado la muerte de activistas sociales, defensores de la tierra y
defensores de los derechos humanos asegura que al proceso de desaparecidos y
ejecutados, se suma la campaña de criminalización de los movimientos sociales,
estrategia que llevan a cabo las transnacionales para poder deslegitimar a sus
opositores.
Gerónimo Matías, del
colectivo Nación Purépecha, organización indígena que lucha en Michoacán por la
defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas, asegura que lo más
lamentable es que el marco jurídico y legal que se ha establecido en México
favorece a las grandes empresas que atentan contra los derechos de las
comunidades naturales del país.
De acuerdo a Matías, a medida
en que ha crecido la inversión privada para la explotación de minas, proyectos
turísticos o de generación de energía, también ha ido a la alza el número de
líderes comunales y defensores de la tierra que han caído muerto o han sido
desaparecidos, siempre bajo la sospecha de haber trastocado los intereses de
grandes capitales.
En ninguna instancia del
Gobierno Federal, ni de los gobiernos locales, se reconoce el estatus de
liderazgo social de los que han muerto o desaparecido por intentar frenar los
llamados proyectos de desarrollo. Son los colectivos que ellos abanderaron los
que a la fecha mantienen una lucha sorda, ya no solo por evitar el saqueo de
sus tierras, sino para reclamar ahora justicia para los caídos.
Pese a que México ratificó en
el año de 1990 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a ser consultados en lo que se
refiere a proyectos de desarrollo (minas, presas, hidroeléctricas y turismo)
trasnacionales sus localidades, ese renglón no ha sido respetado desde que el
gobierno federal inició con la entrega de concesiones en una cuarta parte del
territorio nacional.
Los beneficios con los que
trabajan las grandes transnacionales en México, se refleja en la cifra
documentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2014,
donde se observa que las mineras asentadas en el país pagaron en impuestos solo
21 millones de pesos, pero lograron utilidades por más de 15 mil millones de
pesos.
MUERTE AL AIRE
A Atilano Román lo mataron
dos sicarios que ingresaron a las instalaciones de la radio donde transmitía su
programa semanal. Se dirigieron a donde estaba el locutor. Miró a sus
agresores. Se quedó mudo. No medió palabra y le dispararon a quemarropa en
cuatro ocasiones. Los disparos los escucharon los miles de radioescuchas que lo
seguían.
Esa fue la rúbrica con la que
alguien desde el anonimato intentó finiquitar el conflicto social generado en
la comunidad de Picachos, donde el gobierno federal construyó una presa. Fue la
obra cumbre de Felipe Calderón en esa zona del estado de Sinaloa, en donde los
vecinos se alzaron contra la decisión oficial. Atilano Román era el principal
opositor a la obra impulsada desde la presidencia de la república.
Aun cuando el movimiento –que
reclama la indemnización oficial para los vecinos desplazados por la
construcción de la presa- no se ha apagado, también es cierto que bajó de
intensidad tras la muerte de Atilano Román. Hay miedo entre los vecinos. Cada
vez son menos personas las que acuden a las reuniones informativas y de
organización para continuar con la exigencia de la indemnización.
CHERÁN, MORIR DE ODIO
En su última junta, Jesús
Sebastián Ortiz habló de la forma de frenar la presencia del crimen organizado,
que estaba consumiendo el bosque de la meseta michoacana. Sonriendo les dijo a
sus camaradas que esa noche se persignaran para que no se les apareciera el
diablo. Se perdió en lo oscuro de las calles de Cherán.
Jesús Sebastián nunca llegó a
su casa. Unos vecinos solo escucharon la forma en que dos camionetas derraparon
en el mojado empedrado y se perdieron en la boca de lobo que fue esa noche. El
cuerpo del líder comunal, el que había dicho públicamente la colusión entre
funcionarios locales y el cártel de Los Caballeros Templarios apareció ocho
días después. Oficialmente fue un secuestro por el que pidieron un millonario
rescate que no se pagó, pero la víctima era tan pobre como todos en Cherán.
El cadáver del líder comunal
de 70 años de edad no movió al gobierno estatal a dar una solución al urgente
conflicto de la tala inmoderada en la zona boscosa de la entidad. Las muertes
siguieron en ascenso hasta llegar a 24 víctimas directas, cuya causa principal
de deceso fue la defensa de los recursos naturales de esa región, los mismos
recursos que el gobierno estatal entregó al crimen organizado, acusan algunos
de los vecinos de esa localidad, que se dicen “muertos de odio” por el abandono
oficial.
BUSCANDO, ENCONTRÓ LA MUERTE
Miguel Ángel Jiménez Blanco,
que fuera comandante y fundador de la policía comunitaria en la comunidad de
Xaltianguis, en la zona rural del municipio de Acapulco, y uno de los buscadores
de los 43 normalistas desaparecidos, pagó su cuota de sangre. Fue asesinado por
protestar.
Entre los que lo acompañaban
en la búsqueda de los 43 desaparecidos existe el convencimiento de que fue el
Estado el que lo ejecutó. “La forma en que fue asesinado. La manera en que fue
encontrado el cuerpo. Los dos disparos que presentaba el cuero. Eso lo dice
todo: una muerte sin mayores pistas, como hace el estado”, dice uno de los más
allegados del caído líder comunal, “al que no se le perdonará desde la federación
que haya enseñado a todo un pueblo a luchar”.
El agradecimiento de toda la
comunidad Xaltianguis hacia su líder caído es evidente. Más de 100 mujeres que
él organizó, siguen armadas. Cuidan noche y día a sus familias. Los robos,
extorsiones y asesinatos en esa localidad han disminuido desde el 2013, cuando
Miguel Ángel Jiménez Blanco alzó la voz y convocó a armarse contra el Crimen
Organizado, el que –siempre insistió- es una representación del gobierno en esa
localidad, recuerdan sus allegados.
ESTADO LENTO Y TORPE
A la fecha el gobierno
estatal de Michoacán no ha sido capaz de esclarecer la forma en que Moisés
Ángel Ramírez fue privado de la vida. La última vez que se le vio con vida
estaba organizando la resistencia contra dos proyectos de la Comisión Federal
de Electricidad que tenían que ver con la tala de árboles en la zona del
municipio de Salvador Escalante.
Moisés se había distinguido
por su insistente denuncia ante el Gobierno Federal sobre la colusión entre el
crimen organizado y el gobierno estatal de Michoacán, incluso atribuyó las
acciones de deforestación en la zona del municipio de Salvador Escalante y en
gran parte de la zona lacustre de Pátzcuaro a una acción de beneficio conjunto
entre crimen organizado y gobierno estatal y federal.
Lo asesinaron de siete
balazos. Dicen que ya estaba amenazado de muerte. Él mismo se lo hizo saber al
gobierno del estado de Michoacán. Pidió protección para él y otros líderes
comunales de la zona. En la dirección de
gobernación no le hicieron caso a su reclamo de seguridad. Fueron a buscarlo
para ofrecer protección cuando su cuerpo ya estaba tendido. Lo único a que se
comprometió el gobierno fue a esclarecer su crimen. A la fecha nada de se sabe
de sus agresores.
SOLO EN GUERRERO SUCEDE
A Andrés Rosales Aguirre lo
mataron ante los ojos del gobierno estatal y su caso todavía no ha sido
resuelto
Él fue el principal promotor
de la presencia política de Andrés Manuel López Obrador en la zona de Cutzamala
de Pinzón. Allí comenzó a organizar a la gente para integrar los grupos de
autodefensa, a la par de frenar proyectos turísticos de alto impacto ambiental.
Siempre fue incómodo para el gobierno estatal luego de ahuyentar algunos
proyectos de inversión turística.
Su lucha se centró en la
defensa de la tierra. Pero el aparato de inteligencia del gobierno de Ángel
Aguirre lo calificó como “un comunista guerrillero”, por eso le dieron
seguimiento. El día que lo asesinaron estaba siendo seguido de cerca por
agentes de inteligencia del gobierno estatal, pese a ello oficialmente no se
sabe cómo fueron los hechos que desenlazaron con su muerte.
El asesinato de Andrés
Rosales sigue sin esclarecerse.
LA MANO DEL GOBERNADOR
Noé Salomón Vásquez Ortiz
movilizaba a los ciudadanos de Amatlán de Los Reyes para protestar por el
proyecto hidroeléctrico El Naranjal y Bandera Blanca. Por eso el gobierno de
Veracruz lo tenía clasificado como “revoltoso”.
Había anunciado un movimiento
nacional para denunciar el deterioro ecológico que estaba cobijando el gobierno
de Veracruz a través de las empresas privadas a las que se les entregó la
concesión para las obras hidrológicas en Zongolica. Ya no pudo asistir al
décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano en Contra de las Presas y en
Defensa de los Ríos.
A Noé Salomón Vásquez Ortiz
lo mataron a pedradas. En lo que se cubrió como una riña personal entre él y
cuatro de sus agresores, el gobierno estatal se deslindó de responsabilidad en
la muerte del luchador social. Dijeron los agresores en el expediente que todo
fue producto de una riña por problemas personales.
Pero lo que no han dicho es
la relación de los agresores de Salomón, a los que el gobierno estatal les paga
su defensa y reciben prebendas económicas de la administración estatal actual.
DEFENSORES Y PERIODISTAS, EN LA MIRA
De acuerdo a un informe de la
organización internacional Global Witness, la mayoría de los defensores de la
tierra que han caído asesinados en los últimos cinco años en México, son
indígenas que no encontraron eco a sus reclamos en ninguna esfera de los
gobiernos locales y federal. Casi el 60 por ciento de los homicidios de los
líderes comunales, son atentados directos a las comunidades indígenas y pueblos
naturales.
Los homicidios sin esclarecer
de Mariano Abarca Roblero, de Chiapas; Bernardo Vásquez, Antonio Esteban Cruz
de Puebla; Ramón Corrales Vega, Atilano Román Tirado de Sinaloa; Jorge Torres,
Efraín Moreno de Tabasco, y Jazmín Rosario Azamar de Rosas de Veracruz, hablan
del riesgo que representa en México la defensa de la tierra.
Aun cuando se trata de una
tendencia mundial, en donde los líderes indígenas opositores a los mal llamados
proyectos de desarrollo son asesinados por intereses de las grandes
transnacionales, en México el índice de homicidios es alarmante, es en función
de la cantidad de recursos naturales en donde se encuentran asentadas las
comunidades indígenas, dijo Gerónimo Mateo de la organización Nación Purépecha.
De acuerdo al conteo que se
lleva dentro de ese organismo, solo en el 2014 se registraron al menos 116
asesinatos en por lo menos 17 países en donde tienen presencia las cinco
empresas mineras más importantes del mundo. El número de defensores de la
tierra que han sido asesinados es apenas mínimamente superior al número de
periodista que son ejecutados en esos mismos 17 países, en donde México se
coloca en la tercera posición, apenas debajo de Brasil y Colombia.
(REPORTE INDIGO / J. JESÚS LEMUS - Lunes
7 de septiembre de 2015)
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