"Vemos como
ciudadanos que por más que se ha luchado, por más que se ha pedido y
solicitado a las autoridades el apoyo tanto para esas personas
–afectadas por enfermedades- como para quienes fuimos afectados por la
contaminación y por todo lo que ha venido pasando, los recursos se han
negado y han ido a parar a manos de autoridades federales y estatales y a
personajes ligados a partidos políticos", reclaman los afectados Ramón
Ángel Pacheco y Nadia María Vega López, de Baviacora y Ures,
respectivamente.
A
más de un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos que
despidió la mina Buena Vista del Cobre a lo largo de 126 kilómetros en agosto
del año pasado, que afectó a miles de habitantes de siete municipios ubicados en
las márgenes del Río Sonora, ha creado un conflicto social de proporciones inconcebibles
derivado de la inconformidad de miles de damnificados que no han visto
satisfechas sus legítimas demandas.
Se
trata de un conflicto que poco a poco ha ido escalando en esa región sonorense
y que puede desembocar en movimientos sociales más complejos que a su vez pueden
resultar imparables, debido, precisamente, a la forma en que se ha enfrentado
el desastre ecológico por parte de las autoridades de los tres niveles de
gobierno y del propio Grupo México -responsable del derrame cuya noticia le dio
la vuelta al mundo-.
Sobre
todo en lo que tiene que ver con la repartición de recursos económicos a los
más afectados por parte del Fideicomiso Río Sonora, a través de la Secretaria
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las respectivas
delegaciones federales nombradas para coadyuvar en el gigantesco problema
ambiental.
Líderes
sociales de Ures y Baviácora acusan a autoridades federales de actuar en contubernio
con unos cuantos personajes de extracción priista para favorecer a unos cuantos
allegados en cada uno de los municipios afectados.
Y
señalan al ex subsecretario de gobierno en el sexenio de Eduardo Bours y ex
diputado local, Jorge Gastélum como uno de los más beneficiados, así como los
ex legisladores priistas Ricardo Rivera Galindo, Fermín Trujillo y Víctor Martínez Olivarría,
quienes poseen negocios en la otrora capital de Sonora.
“Lo
que ellos nomás han querido siempre en todos los comités ciudadanos es
beneficio propio nada más para ellos y sacar recursos para sus familias y eso
es lo que se ha venido haciendo”, señala sin rubor Nadia María Vega López de Ures,
quien también resultó afectada por el derrame, “el gobierno lo que ha estado
haciendo es estarle dando (dinero) a esos comités y se ve muy claro que en el
momento de hacer los pagos estos son selectivos en el monto y cantidad”.
Nadia María asegura que a muchos negocios formalmente establecidos después del
derrame apenas les pagaron 5 mil pesos de indemnización para paliar los efectos
negativos de la tragedia ambiental, pero a los comités ciudadanos les han
entregado cantidades estratosféricas para beneficiar a unos cuantos.
“Entonces,
como te digo, el asunto de todo esto es que nosotros vemos como ciudadanos que
por más que se ha luchado, por más que se ha pedido y solicitado a las
autoridades el apoyo tanto para esas personas –afectadas por enfermedades- como
para quienes fuimos afectados por la contaminación y por todo lo que se ha
venido cometiendo por años, pues esto no es de ahorita ni del año pasado, es de
por años que está esta contaminación, pero desgraciadamente se les salió de las
manos a Grupo Mexico”, abunda la lideresa.
Ramon
Ángel Pacheco León, líder de Baviacora la secunda y establece que se benefician
ellos y sus familias –los personajes del PRI- nada más, pues hacen los comités
ciudadanos para recabar dinero, pero jamás se vuelven a parar en una reunión.
Y se
cuestiona: ¿Dónde están esas potabilizadoras de agua, que son 360 millones de
pesos que se dieron para construirlas, a un año del derrame no ha habido
solución en el agua”.
Nadia María Vega acusa que tanto los receptores de los apoyos grandes como los delegados
federales evaden completamente todo por el hecho de que el Fideicomiso está en
México y quien tenga alguna inquietud se tiene que ir a la capital del país si
se quiere hacer alguna petición.
“Nosotros
estuvimos en contacto con el delegado de Gobernación, Adolfo García Morales, y
él nos dice, muy fácil, váyanse con Rodolfo Lacy Tamayo, esa es la tontería con
que nos salió”, agrega, ¿quien es él?, es el presidente del Fideicomiso Río
Sonora, o sea el subsecretario de la Semarnat en México. Ve las tonterías con
las que nos sale el delegado, sino tenemos dinero ni siquiera para venir a
curarnos a Hermosillo, mucho menos para ir hasta la ciudad de México”.
Ramón
Ángel Pacheco León coincide con Nadia María Vega López: “un aspecto que a mí me enrabia,
es que en el caso de Baviacora de donde yo soy, no hemos recibido algún tipo de
beneficio por parte del Fideicomiso, sin embargo, en poblaciones que pertenecen
al municipio, que no fueron afectadas, sus habitantes han recibido cheques de
cientos de miles de pesos.
A
saber: Mesa del Seri, Pueblo de Álamos, Rancho Viejo, el Seguro de Ures, Rayon
y Opodepe, que no tienen nada que ver con el caudal del Rio Sonora.
Critica
que las autoridades federales están haciendo una repartición inequitativa, que
se decide con criterios unilaterales del Fideicomiso Rio Sonora y el comité
ciudadano que tiene cada municipio, que es compuesto por personas
“representativas” y por cada alcalde, respectivamente.
Nadia María Vega López externa que ellos dos y mucha más gente afectada tienen pruebas
suficientes de sus dichos...
“Te lo digo porque nosotros encontramos unas cajas
de beneficiarios legítimos, y estuvimos horas y horas haciendo fila para
entregar esos expedientes, pero sabes qué hicieron con ellos, fueron y los
tiraron al basurero”, relata mientras en su voz y rostro se dibuja el rictus del malestar
“¿Qué
hicieron?... este sí porque es mi pariente, este no por esto otro, este
no porque
me cae mal y este no porque es hijo de la maestra, este no porque es
panista o perredista, con esos criterios hicieron la selección de
beneficiarios”,
sostiene.
Vega
López establece que es muy importante recalcar lo político, porque incluso en
una manifestación realizada para cerrar la carretera en Ures, hubo una persona
que agarró el micrófono y señaló a un representante político y ex diputado del
PRI de nombre Víctor Martínez Olivarría, de que cuando recién inició lo del
derrame, por medio del radio solicitó a toda la gente de Ures que fueran y
entregaran una copia de la credencial de elector y que con dicha acción iban a
dar 10 mil pesos mensuales a cada uno de los que entregaran dicha
identificación.
Y
vuelve de nuevo a la carga, al señalar que con esas credenciales que la gente
entregó en Ures, Ricardo Rivera Galindo, Víctor Martínez Olivarría, Fermín Trujillo y Jorge
Gastélum, los llamados "Cuatro Fantásticos" de Ures, fueron a Mexico y formaron una asociación
civil y ellos ante el Fideicomiso Río
Sonora se autonombraron representantes de todos los afectados del Río Sonora
sin tomar en cuenta el parecer de la gente.
Ramón
Ángel Pacheco León, dice que una vez que ellos se beneficiaron guardaron
silencio y que a cada uno de ellos el Fideicomiso dio arriba de 1
millón de
pesos de “indemnización”.
Nadia María revela que en una sola emisión Víctor Martínez Olivarría recibió más de un millón de
pesos debido a que alegó que se vio afectado con su central camionera tras el
derrame tóxico.
“Ya ni chinga Víctor ¿cuándo
dejaron de funcionar los camiones? ¡Nunca! al contrario, fue cuando
hubo
más derrama porque la gente empezó a ir más al Río Sonora después del
derrame y
hasta le rentaban camiones y los hoteles de Ricardo Rivera y Jorge
Gastélum
tuvieron más clientela ... ¡Los cuatro Fantásticos y los funcionarios
federales y locales son unos léperos, abusivos y traidores, porque le
han robado al pueblo!”, se queja Vega López.
Ramón
Angel Pacheco León, por su parte, expresa que el problema se agrava debido a la
superficialidad con que las autoridades responsables hacen uso de los recursos
en forma por demás discrecional.
“El
que no está haciendo bien su trabajo es el dirigente del fideicomiso Roberto Lazy
Tamayo, que es el que autoriza los pagos, entonces esos pagos llegan a los
municipios una semana antes”, refiere, el otro problema que hay es que los
presidentes municipales tienen, aparentemente, la facultad de modificar los
pagos que a ellos les mandan, es decir, a quienes se les va pagar”.
Acusa
de hacer mal su trabajo a Raul Acosta Tapia, delegado de la Procuraduría
Agraria, quien es el encargado de los pagos en Ures; también a Luis Núñez
delegado de Economía y Adolfo García Morales de Gobernación.
Pero
además señala a los alcaldes de falta de transparencia en los pagos a los
afectados al igual que a los comités ciudadanos formados para decidir quién
entra y quién no en la repartición.
“Si tu ibas y entregabas el expediente, estaban
decidiendo ellos quién sí y quién no entraba, entonces al momento de que llegan
los pagos te das cuenta que esos nomás llegan a los familiares más cercanos de
esas personas, que fueron los que lideran las mesas directivas de los comités
ciudadanos, allegados a eso personajes del PRI que te hemos mencionado, quienes
a su vez son amigos de los funcionarios federales responsables y así pues no se
puede”.
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