Negociaciones en las altas esferas “gringas”
Luego de la liberación de Rafael Caro Quintero en agosto de 2013, el
gobierno de Estados Unidos se fue con todo para recapturar al capo,
ejerciendo para ello una gran presión hacia las autoridades mexicanas
para que intensificaran la búsqueda en su territorio, además de instalar
espectaculares en las garitas fronterizas del vecino país, que incluían
fotos del narcotraficante, y una recompensa de hasta 5
millones de dólares para quien diera información que ayudara a su
localización, arresto, y eventual extradición.
No obstante, algo empezó a cocinarse muy calladamente en las altas
esferas de la DEA puesto que, tras la liberación de Rafael Caro, el
Departamento de Justicia de ese país misteriosamente redujo la sentencia
a su hermano Miguel Ángel Caro Quintero, encarcelado en Estados Unidos y
originalmente sentenciado por el Juez Phillip A. Brimmer a 17 años de
cárcel en 2010. Sin embargo, Miguel Ángel está programado para salir en
libertad el 12 de octubre de 2019; es decir, casi ocho años menos que la
sentencia original.
¿Qué pudo motivar al USDOJ a tomar esa reducción en la pena?, es un misterio que nadie en el USDOJ pudo o quiso responder.
Más extraño es que mientras el Sistema Penitenciario de Estados
Unidos (BOP) asegura que Miguel Ángel Caro Quintero se encuentra
recluido en una cárcel de mediana seguridad en Victorville California,
fuentes extraoficiales aseguran que éste vive en una casa de seguridad
en Arizona, gracias a una serie de acuerdos hechos con fiscales
estadunidenses, lo cual vendría a confirmar la teoría de que un gran
número de capos sinaloenses se han unido al programa de testigos
protegidos en su afán por reducir sus sentencias.
En este caso, Miguel Ángel parece ser el principal señuelo para
atrapar a uno de los principales objetivos de la DEA: Rafael Caro
Quintero.
El silencio
Cada vez que se cuestiona a funcionarios del Departamento de Justicia
de Estados Unidos (USDOJ) sobre el paradero de Miguel Ángel Caro
Quintero, extraditado a ese país el 25 de febrero de 2009, no hay
respuesta, sólo silencio.
“Sin comentarios”, coinciden lacónicamente voceros del USDOJ en
Arizona y Colorado, los dos Distritos que hicieron la solicitud de
extradición a México.
Chris Burke, vocero del BOP, asegura que su oficina lo tiene, y para
ello hace referencia a la ficha número 02921-748, que confirma el
encarcelamiento de Caro Quintero en la prisión de Víctorville, en
California Estados Unidos.
Eso sería, en teoría, todo lo que hay: una ficha. Nadie en el USDOJ
puede precisar si el capo realmente está en prisión, aunque de no
encontrarse encarcelado la pregunta obligada es ¿dónde está?
Según una investigación realizada por Ríodoce, ese caso no es
aislado, ya que los nombres de narcotraficantes como Serafín Zambada
Ortiz y Rodrigo Aréchiga Gamboa también aparecían hasta hace algunos
meses en el sistema de prisiones de Estados Unidos, pero poco después de
anunciarse que habían aceptado su culpabilidad, sus nombres fueron
eliminados y según fuentes del BOP, ambos capos fueron removidos de sus
celdas por agentes del US Marshals.
Se cree que fueron llevados a casas de seguridad donde cumplen sus
condenas, gracias a que aceptaron someterse al programa de testigos
protegidos.
Ríodoce solicitó al gobierno de Estados Unidos, mediante el acceso
“FOIA” (Freedom of Information Act)-, detalles sobre los acuerdos que
habrían hecho capos como Caro Quintero, Aréchiga Gamboa y Zambada Ortiz,
pero el acceso fue negado argumentando que “violaba los acuerdos de
privacidad de cada uno de esos individuos”.
Jenia Turner, profesora de leyes de la Universidad de Dedman, en
Texas, dijo que ello obedecía a acuerdos muy secretos que hacía el
gobierno de Estados Unidos, aunque había ocasiones en los que el acusado
lograba muchos beneficios a cambio de información que habría de dar
para que el gobierno llegara a otros capos, incluso, por datos como esos
el acusado podía obtener inmunidad total.
“Lo cierto es que cada vez son más frecuentes los acuerdos entre
narcotraficantes y el gobierno de Estados Unidos, y básicamente lo que
ocurre es que el acusado se declara culpable y accede a testificar
contra otros de la misma organización, o bien decide cooperar para que
lleguen a otros capos más poderosos”, dijo la profesora Turner.
Actualmente, según ha reiterado la DEA, son dos sus principales
objetivos: uno es Rafael Caro Quintero, a quien se acusa de haber
ordenado matar al ex agente de la DEA, Enrique Camarena, y el otro es
Joaquín el Chapo Guzmán, que en Chicago es considerado “enemigo
Público Número 1”. Por cada uno el gobierno de ese país ofrece 5
millones de dólares.
Acuerdos secretos
Según los archivos judiciales número 90CR00130-PAB-01 y 09-CR-00367, a
los cuales Ríodoce tuvo acceso, se explica sobre un acuerdo secreto
entre la defensa de Miguel Ángel Caro Quintero y la fiscalía
estadunidenses, el cual destaca que todo acuerdo puede ser alterado en
cualquier momento, según sean los intereses de Estados Unidos.
También explica el acuerdo que, de ofrecer el acusado nuevos
elementos de interés para la fiscalía estadunidense, la sentencia misma
puede cambiarse, siempre y cuando su aportación sea más sólida y ello
contribuya a la localización de otros delincuentes.
“En ese caso, la sentencia impuesta puede modificarse, pero de igual
forma, si el acusado decide cambiar de parecer y se declara no culpable,
el gobierno no estaría obligado a cumplir ningún acuerdo hecho
anteriormente”, se lee en el documento.
Miguel Ángel Caro Quintero, quien fuera líder del Cártel de Sonora
luego del arresto de su hermano Rafael, en Costa Rica, se había
declarado culpable en octubre de 2009 de cargos por conspiración para
distribuir mariguana en Arizona, y asociación delictuosa en Colorado.
Todo había sido parte del acuerdo que los abogados Walter Nash,
Stephen Ralls y John Richilano, habrían logrado con los fiscales,
quienes les habrían prometido una sentencia no tan severa, y para ello
solicitaron al juez Brimmer que le impusiera una la pena mínima de 10
años, “por estar arrepentido por los daños que había causado en las
comunidades de ese país”, sin embargo el juez, lo sentenció a 17 años,
tres menos que la pena máxima, considerándole esos tres años por el
tiempo que cumplió en una prisión mexicana por un cargo no relacionado
con posesión de armas.
Al final, como posteriormente ocurriera con capos como Eduardo y Benjamín Arellano Félix, Héctor el Güero Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, entre otros, la compasión gringa nunca llegó.
Badiraguato: el ojo de la DEA
Y mientras el gobierno de Estados Unidos hace todo tipo de acuerdos
para tarde o temprano atrapar a Rafael Caro Quintero, un alto
funcionario de la DEA dijo recientemente que era el Chapo
Guzmán quien podría encontrarse en Sinaloa, aunque según fuentes del
USDOJ, es también posible que Caro Quintero se encuentre en ese estado.
A diferencia de la ciudad de México, en donde pueden verse patrullas con la foto del Chapo
Guzmán y la leyenda de “se busca”, en la sierra de Badiraguato nadie
parece buscarlo, aunque la misma fuente del USDOJ dijo que la búsqueda
estaba ocurriendo vía satelital y con “drones” de alta tecnología, que
sobrevolaban la sierra de Sinaloa.
Mario Valenzuela López, presidente municipal de Badiraguato, dijo a
Ríodoce que esa búsqueda satelital era mejor a que el gobierno mexicano,
acompañado de los gringos, entraran a la sierra a cometer todo tipo de
abusos.
“Una cosa estoy seguro, no creo que ninguno de ellos (Caro Quintero y el Chapo
Guzmán) estén aquí en la sierra, pero sobretodo, no quiero que por un
comentario del director de la DEA, se deje venir el ejército a
Badiraguato y ocurra otra operación Cóndor”, dijo el edil, en referencia
a los abusos y violación a los derechos humanos que el Ejército
mexicano cometió a finales de los 70 en esa zona.
Y agregó Valenzuela López: “Ni la Tuna ni ningún otro pueblo de Badiraguato tienen la culpa que se les haya escapado el Chapo
o que hayan soltado al otro, y no sería justo que nuestra gente pague
abusos por esa omisión, ahora bien, si tienen vigilancia satelital, como
nosotros también hemos oído, que la utilicen; es mejor eso a que vengan
con sus operativos violentos”.
Aunque tal vez nunca lleguen los grandes comandos militares que
mantienen preparados a los residentes de la sierra, que a la primera
señal alertaría a medio mundo de inmediato, sí se mantiene una
vigilancia constante por parte de sus residentes, según pudo constatarse
en una reciente visita que se hizo hasta la región conocida como “el
triángulo dorado”.
Por ello es que cada vez que a las comunidades de la sierra se mira
llegar a un extranjero o incluso, a cualquier extraño, se prenden los
focos rojos en la gente que vigila esas zonas, y es cuando el resto de
la población se mantiene arisca.
—¿Y porqué tanta desconfianza? —se le pregunta a un residente de San José del Llano, cuando se intentó entablar plática con él.
—Porque aunque ustedes dicen que son periodistas, bien pueden ser otra cosa —respondió.
—¿Qué otra cosa podemos ser que tanto les preocupe?
—Agentes de la DEA.
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