México,
D.F.- Los soldados que participaron en las ejecuciones extrajudiciales
ocurridas el año pasado en Tlatlaya, Estado de México, recibieron una orden:
“abatir delincuentes en horas de oscuridad”, de acuerdo con un documento
presentado este jueves 2 de julio por el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
El
documento fue presuntamente emitido por el 102 batallón de Infantería el 11 de
junio de 2014, 19 días antes de que el Ejército reportara que 22 personas
habían muerto en un supuesto enfrentamiento en una bodega ubicada el municipio
mexiquense; una versión cuestionada y que llevó a descubrir que en el lugar
ocurrieron ejecuciones extrajudiciales.
“Las
tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la
actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad“, indica el
texto documento firmado por el coronel Sandro Díaz Rodríguez.
En
el texto de la Sedena “el término abatir es empleado unívocamente para aludir a
la privación de la vida humana”, por lo que debe ser investigada la cadena de
mando implicada en los hechos de Tlatlaya, indicó el centro defensor de los
derechos humanos.
Este
documento es la primera evidencia de que los soldados involucrados en los
hechos del 30 de junio de 2014 podrían haber seguido órdenes y no actuado por
su cuenta.
“Por
primera vez se documenta la existencia e órdenes expresas que fungen como
verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a los derechos
humanos”, señaló el centro.
Asimismo,
el centro presentó por primera vez a una de las tres sobrevivientes y madre de
una adolescente que estaba entre las 22 víctimas, Clara Gómez, quien dijo que
decidió salir ante la prensa ante versiones erróneas de que ya ha sido
indemnizada.
Los
mandos que presuntamente serían los responsables, según el Centro Prodh:
Salvador Cienfuegos (secretario de la Defensa Nacional), Jaime Godínez Ruiz
(comandante de la 1 Región Militar), José Luis Sánchez León (comandante de la
22/a Zona Militar), Francisco Ortega Luna (adscrito a la comandancia de la 22/a
Zona Militar), Raúl Castro Aparicio.
Hasta
ahora sólo siete soldados han sido arrestados y procesados por el caso, pero
sólo tres de ellos están acusados de homicidio; sin embargo, no hay plazo para
que se dicte sentencia.
El
documento también señala que “la prioridad durante las operaciones será
garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitando generar daños
colaterales”.
Asimismo,
durante la presentación del documento –donde también estuvieron las
organizaciones Amnistía Internacional, Fundar, Insyde Artículo 19 y el
Instituto Mexicano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos–, integrantes
del Centro Prodh indicaron que para la Procuraduría General de la República
(PGR) en Tlatlaya fueron ejecutadas 8 personas, mientras que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que son entre 12 y 15.
En
conjunto, las organizaciones emitieron exigencias a las autoridades sobre este
caso:
1.
Crear una nueva comisión indagatoria con especialistas independientes, conforme
al protocolo de Minnesota.
2.
Realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas de
ejecución.
3.
Interrogar en el fuero civil a todos los mandos que podrían tener
responsabilidad por su calidad de superiores jerárquicos conforme a la cadena
de mando.
4.
Suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes”.
5.
Transparentar los expedientes asociados al caso.
6.
Reparar el daño a la señora Clara Gómez González, una de las testigos y sobreviviente
de la matanza.
7.
Adoptar un procedimiento especial para la investigación de casos en que
servidores públicos hayan privado de la vida a civiles.
8.
Generar un mecanismo de alto nivel para cumplir con las recomendaciones
formuladas en el informe final del Relator Especial sobre Ejecuciones
Extrajudiciales de la ONU.
9.
Que el Poder Judicial resuelva a favor de Clara Gómez el juicio de amparo que
inició contra las extensiones de la jurisdicción militar.
10.
Nueva ronda de reformas al Código de Justicia Militar para hacerlo compatible
con la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
11.
Cumplir cabalmente las medidas cautelares brindadas a Clara y su familia.
Esto
ocurre un día después de que la Procuraduría de Justicia del Edomex informara
que siete policías estatales fueron acusados formalmente de torturar a tres
mujeres que sobrevivieron a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas
por los militares mexicanos.
Cuatro
de los policías ya fueron detenidos e ingresados a un penal, informó el
miércoles 1 de julio la dependencia estatal.
(ZOCALO/
La Jornada/ 02/07/2015 - 03:04 PM)
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