Raymundo Riva Palacio
El domingo pasado aparecieron narcomantas en ocho municipios de Tierra Caliente en Michoacán. A diferencia de muchas otras que suelen colgar los cárteles para transmitir amenazas de muerte, estas llevaban otro tipo de mensaje: la identificación del general (de policía) colombiano, Óscar Naranjo, como autor intelectual en la creación de las policías comunitarias, grupos paramilitares que surgieron en el último año bajo el apoyo tácito del Gobierno. Naranjo se sumó al equipo del candidato de Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial como asesor de seguridad, y se mantiene en la nómina.
Las denuncias en las narcomantas, en el contexto de la apología del
delito, son mensajes que éticamente no deberían reproducirse. Pero estas
narcomantas tienen un valor político y estratégico que revela que Los
Caballeros Templarios, presuntos responsables de ellas, recibieron una
información de calidad, muy sofisticada para sus estándares, que revelan
el armado del extraño rompecabezas michoacano, donde las tropas del
Ejército en Michoacán, al mando del jefe de la XXI Zona Militar, con
sede en Morelia, general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, aparecen
continuamente respaldando y protegiendo a las policías comunitarias.
El general Bernal Reyes fue enviado a Morelia por el gobierno del presidente Felipe Calderón, y lo sostuvieron en la actual administración. En su currículum no está una parte importante de su carrera: desde sus tiempos como teniente coronel en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, es el principal experto militar en movimientos armados. En los 90 investigó y siguió al PROCUP-PLDP –la guerrilla oaxaqueña-guerrerense de donde surgieron el EPR y el ERPI–, por lo que su nombramiento sugiere que desde el sexenio pasado existía el temor de que Los Caballeros Templarios, por sus vinculaciones con un sector del magisterio vinculado a la guerrilla en Guerrero, pudiera convertirse en una narcoguerrilla.
¿Fue acaso ese temor o diagnóstico lo que modificó los términos de la lucha contra el narcotráfico en Michoacán? La respuesta nunca será respondida oficialmente, pero en las narcomantas aparecidas el domingo, se encuentran algunas claves de la historia detrás de las policías comunitarias.
Naranjo formó parte de un trío de generales colombianos que en los 90 se convirtieron en los jefes del Bloque de Búsqueda, la unidad especializada de la Policía Nacional colombiana para combatir y eliminar al jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, y ha sido señalado de haber organizado el escuadrón de la muerte de Los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, para enfrentar a sus sicarios, y pactar con el cártel de Cali para que contribuyeran a hacer el trabajo sucio en contra del emblemático criminal.
Un reporte en The Huffington Post en junio del año pasado, tras el nombramiento de Naranjo en el equipo de Peña Nieto, recordó cómo los aliados del general asesinaron a cientos de miembros del cártel de Medellín, con lo cual aislaron y debilitaron a Escobar. El periódico digital informó que Naranjo nunca negó esa alianza negra con paramilitares y narcotraficantes. Es fácil ser crítico en retrospectiva, lo citó el Post, “pero cuando dos o tres carros bombas explotan en Bogotá, Medellín o Cali y hay 120 muertos cada semana en esta guerra, la verdad es que el Estado y la sociedad dijeron, ‘hagan lo que tengan que hacer para parar esto’”. Ese “hagan lo que tengan que hacer” se convirtió en la creación de grupos paramilitares, financiadas por hacendados e industriales colombianos, que en los 90 se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, diseñadas como una solución al problema de la violencia en Colombia que se volvieron núcleo de corrupción y terror.
En su libro sobre paramilitarismo en Colombia, Édgar de Jesús Velásquez describe cómo esos grupos formaron parte de una estrategia contrainsurgente que se convirtió en terrorismo de Estado. “El paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional”, escribió, “… (que) ha privilegiado, como método de lucha, las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil”.
¿Es la arquitectura de la estrategia en Michoacán una guerra de contrainsurgencia contra Los Caballeros Templarios? Existen policías comunitarias protegidas y armadas por el Ejército, y hay asesinatos, masacres y desplazamiento de población civil. La colombianización de Michoacán es una realidad en la que no hay nada que lleve a pensar que lo que sucedió en Colombia no pase en México.
El general Bernal Reyes fue enviado a Morelia por el gobierno del presidente Felipe Calderón, y lo sostuvieron en la actual administración. En su currículum no está una parte importante de su carrera: desde sus tiempos como teniente coronel en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, es el principal experto militar en movimientos armados. En los 90 investigó y siguió al PROCUP-PLDP –la guerrilla oaxaqueña-guerrerense de donde surgieron el EPR y el ERPI–, por lo que su nombramiento sugiere que desde el sexenio pasado existía el temor de que Los Caballeros Templarios, por sus vinculaciones con un sector del magisterio vinculado a la guerrilla en Guerrero, pudiera convertirse en una narcoguerrilla.
¿Fue acaso ese temor o diagnóstico lo que modificó los términos de la lucha contra el narcotráfico en Michoacán? La respuesta nunca será respondida oficialmente, pero en las narcomantas aparecidas el domingo, se encuentran algunas claves de la historia detrás de las policías comunitarias.
Naranjo formó parte de un trío de generales colombianos que en los 90 se convirtieron en los jefes del Bloque de Búsqueda, la unidad especializada de la Policía Nacional colombiana para combatir y eliminar al jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, y ha sido señalado de haber organizado el escuadrón de la muerte de Los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, para enfrentar a sus sicarios, y pactar con el cártel de Cali para que contribuyeran a hacer el trabajo sucio en contra del emblemático criminal.
Un reporte en The Huffington Post en junio del año pasado, tras el nombramiento de Naranjo en el equipo de Peña Nieto, recordó cómo los aliados del general asesinaron a cientos de miembros del cártel de Medellín, con lo cual aislaron y debilitaron a Escobar. El periódico digital informó que Naranjo nunca negó esa alianza negra con paramilitares y narcotraficantes. Es fácil ser crítico en retrospectiva, lo citó el Post, “pero cuando dos o tres carros bombas explotan en Bogotá, Medellín o Cali y hay 120 muertos cada semana en esta guerra, la verdad es que el Estado y la sociedad dijeron, ‘hagan lo que tengan que hacer para parar esto’”. Ese “hagan lo que tengan que hacer” se convirtió en la creación de grupos paramilitares, financiadas por hacendados e industriales colombianos, que en los 90 se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, diseñadas como una solución al problema de la violencia en Colombia que se volvieron núcleo de corrupción y terror.
En su libro sobre paramilitarismo en Colombia, Édgar de Jesús Velásquez describe cómo esos grupos formaron parte de una estrategia contrainsurgente que se convirtió en terrorismo de Estado. “El paramilitarismo invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional”, escribió, “… (que) ha privilegiado, como método de lucha, las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil”.
¿Es la arquitectura de la estrategia en Michoacán una guerra de contrainsurgencia contra Los Caballeros Templarios? Existen policías comunitarias protegidas y armadas por el Ejército, y hay asesinatos, masacres y desplazamiento de población civil. La colombianización de Michoacán es una realidad en la que no hay nada que lleve a pensar que lo que sucedió en Colombia no pase en México.
(ZOCALO / Columna de Raymundo Riva palacio/ 18 de Diciembre 2013)
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