El
sistema judicial mostró una sorprendente capacidad para tropezarse
cuatro veces con la misma piedra: El capo Rafael Caro Quintero. Y lo
logró en un tiempo récord: Tres meses.
El sinaloense
estaba preso desde hacía 28 años. El principal delito por el que seguía
en la cárcel era el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la
Oficina Antidrogas de EU (DEA) ejecutado el 9 de febrero de 1985. Caro
aún debía purgar 12 años de cárcel. El sistema judicial mexicano lo
liberó, y el mismo sistema lo volvió a declarar prófugo.
El primer tropiezo
El 7 de agosto pasado el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó la libertad de
Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. Salió la madrugada
del día 9.
Los jueces Félix Dávalos, Rosa Isabel
Moreno Ruiz y Lucio Lira Martínez no lo declararon inocente: Igual que
en el caso de Florence Cassez, fue un tecnicismo el que le abrió las
rejas. Los jueces asentaron que Estados Unidos no había acreditado a
Camarena como agente de la DEA en México. Por lo tanto, no debía haber
sido juzgado por un tribunal federal, sino por uno del Fuero Común. Y
para fuera.
El procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, no dio muestras de enterarse de la resolución
inmediatamente. El 9 de agosto salió rasgándose las vestiduras. No era
posible, clamó. El juez no debía haber ordenado la anulación del juicio,
sino simplemente remitir el caso a un tribunal calificado, dijo.
Anunció también que se inconformaría ante la decisión.
El caso se convertía así en uno de los
mayores varapalos (en su modalidad de autogol) a la administración
federal de Enrique Peña Nieto.
El mexiquense había llegado a la
Presidencia gracias a dos postulados centrales. El primero era que el
PRI sabía gobernar. El segundo, que modificaría la desastrosa guerra
contra el narco de su antecesor, Felipe Calderón.
La liberación de Caro Quintero refutaba
ambas premisas. El capo era el narco más importante detenido por el
priísmo, y ahora era el propio priísmo el que lo dejaba libre. El
sistema judicial no había sido saneado y el procurador no se había
enterado a tiempo.
Segundo trompicón
No sólo Murillo se enojó. Estados Unidos
estaba furioso. Lo había pedido en extradición y México no la había
concedido. Había varias razones: La ley mexicana específica que no deben
extraditarse presos que, en el país de destino, puedan afrontar la
cadena perpetua o la pena de muerte. Otra razón es que —a contentillo—
el Gobierno puede ordenar que un reo cumpla su pena en México antes de
enviarlo a otro país. La tercera razón era la nebulosa situación
jurídica que Camarena tenía en México.
Sin embargo, el 15 de agosto (una semana
después de la liberación), la Procuraduría anunció que había recibido
una nueva petición de Estados Unidos.
“Al día de hoy, se cuenta con una orden
de detención provisional con fines de extradición en contra de Rafael
Caro Quintero, por diversos delitos por los que se le acusa ante una
Corte Federal de Distrito en California”, detalló la dependencia. La
misma dependencia que no había estado al tanto de todo el proceso, y que
había tenido oportunidad de extraditarlo durante 28 años.
Tercera caída
De nuevo, el golpe vino de la Unión
Americana. Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El
Paso (EPIC); Héctor Berrellez, ex agente de la DEA, y Tosh Plumlee, un
ex piloto que trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA),
denunciaron que el Gobierno estadounidense fue el que había ordenado la
ejecución de Kiki Camarena, y no Caro Quintero. (Proceso 1930 y 1931).
Estados Unidos presuntamente secuestró,
torturó y ejecutó a Camarena porque había descubierto que Washington se
asoció con el narcotraficante y usaba las ganancias del trasiego de
drogas para financiar las actividades de la contrarrevolución
nicaragüense.
Los tres agentes que hacían la revelación habían estado relacionados con la indagatoria del caso.
“Durante esta investigación descubrimos
que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos,
infiltrados en la DFS (Dirección Federal de Seguridad), participaron en
el secuestro de Camarena. Dos testigos identificaron a Félix Ismael
Rodríguez. Ellos eran de la DFS y nos dijeron que incluso él (Rodríguez)
se había identificado como ‘inteligencia norteamericana’”, señaló
Berrellez.
La revelación tundía directamente a los
gobiernos mexicano y estadounidense. Éste, por el tamaño del presunto
crimen perpetrado contra uno de los suyos. Aquél, por la ignorancia no
ya de los supuestos hechos, sino de la hipótesis.
El Departamento de Estado de EU
respondió anunciando que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de
dólares por información que conduzca al arresto de Caro Quintero.
Cuarto traspié
El miércoles 6 vino la puntilla. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el fallo judicial que le
había dado la libertad a Caro Quintero.
La decisión fue respaldada por cuatro de
los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo tribunal. “No fue
adecuada la sentencia del Tribunal Colegiado, ya que, acorde a los
tratados internacionales de los cuales México es parte, se podía
advertir que Enrique Camarena Salazar, en su carácter de agente de la
DEA, era una persona internacionalmente protegida”.
Pero el detalle: en marzo pasado, la
Corte había rechazado analizar el amparo solicitado por Caro Quintero
por considerar que no era un asunto de trascendencia o relevancia, por
lo que decidió regresar el expediente al Primer Tribunal Colegiado de
Jalisco. Esa instancia, finalmente, fue la que decidió amparar al
narcotraficante.
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