La primera impartidora de justicia con este rol es Belem Bolaños,
quien rompe la imagen tradicional de su encargo, con menos de 40 años
de edad y estudios de doctorado.
Érika Flores
México • Desde hace año y medio el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal integró en su esquema de
trabajo a dos juezas de ejecución de sanciones penales, quienes dentro
del sistema penitenciario son responsables de aprobar o rechazar las
solicitudes de preliberación enviadas por los sentenciados.
Hasta 2011 esta labor recayó en funcionarios administrativos de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, entonces llamados directores de
ejecución.
La primera juez con este rol es Belem Bolaños, quien rompe la imagen
tradicional de su encargo, con menos de 40 años de edad y estudios de
doctorado.
“Estamos ubicados dentro del Reclusorio Sur y el objetivo a futuro es
que haya un juez de ejecución por cada uno de los 109 juzgados penales
de la capital”, explicó.
Los 107 restantes serán nombrados paulatinamente conforme el Tribunal
Superior reciba mayor presupuesto para ampliar su plantilla laboral y
mayor espacio físico en los reclusorios del Distrito Federal.
Contradictoriamente, desde hace 13 años estos lugares están
sobrepoblados y la falta de espacio ha sido un problema.
Los jueces de ejecución surgen de las reformas constitucionales en
materia penal que realizó la Asamblea Legislativa del DF en 2008; con
esta figura el poder judicial capitalino se fortaleció al retomar la
tutela de los derechos de los sentenciados.
Belem Bolaños tiene a su cargo un promedio de 20 abogados, quienes revisan mensualmente cerca de 200 expedientes.
Cada caso tendrá una sola audiencia oral en la que se evaluará,
previa investigación, si el recluso cumple los requisitos de
preliberación que prevén buena conducta, practicar algún deporte,
trabajar y estudiar o bien si ha recibido sanciones disciplinarias,
participado en programas y tratamientos, etcétera.
Desde el inicio el equipo de trabajo de esta jueza enfrentó el desdén
del personal de reclusorios, el cual retrasaba la entrega de
información. “Tardaban mucho en dárnosla, pero afortunadamente somos
jueces ¡y no estamos pidiendo un favor! Por ello y en uso de nuestras
facultades, tuvimos que imponer algunas medidas de apremio.
“Gracias a estos correctivos redujimos el tiempo de entrega, antes
nos daban todo en un mes, ahora son de diez a 15 días. Aún así, no
consideramos que su información sea la verdad absoluta, todo lo
cuestionamos y cada cosa debe ser probada”, señaló Bolaños a MILENIO.
Sin ser un ombudsman de derechos humanos, ambas juezas de
ejecución deben proteger también los derechos fundamentales de los poco
más de 42 mil presos que permanecen en los reclusorios capitalinos.
Por ejemplo, deben vigilar que cuenten con el debido proceso, tener
un defensor, acceso a su expediente, derecho de réplica e intervención
en diligencias, solicitudes de traslado, atención médica en caso de
enfermedad, etcétera.
“El Consejo de la Judicatura decidió que las dos no podemos con la
carga de 109 juzgados y determinó que por ahora la prioridad sea evaluar
los beneficios penitenciarios para libertad anticipada. Le puedo
asegurar que en este momento ciento por ciento de las solicitudes que
recibimos es de ese tema. No nos han llegado casos de vigilancia, las
quejas no son ni uno por ciento” señaló.
En opinión de Bolaños la presencia de los jueces de ejecución
significará indirectamente vigilar la actuación del director del
reclusorio, subdirector, personal técnico, jefes de departamento,
técnicos penitenciarios, empleados de seguridad y custodia entre otros. La jueza lo ejemplificó así:
“Si un interno es encontrado con objetos no
permitidos dentro del penal, merecerá una sanción; pero esos objetos no
llegaron solos, tuvieron un camino para entrar al centro de reclusión,
pues no cayeron del cielo y ahí es donde nosotros somos garantes de la
actuación de todos”.
¿El rol de un juez termina con la sentencia?
Miguel Sarre, profesor e investigador del Instituto Tecnológico
Autónomo de México, afirmó que no. “En el panorama penitenciario le
puedo decir que estamos como hace 15 años, necesitamos jueces
penitenciarios con más capacidades ¡no de pacotilla!
“El problema es que son débiles, no tienen autoridad sobre la
administración penitenciaria para lograr que la pena impuesta por el
Poder Judicial se cumpla sin abusos ni privilegios dentro de la cárcel y
eso dificulta la vida de los internos”, detalló el académico.
Sarre, quien además es especialista en derechos humanos dentro de las
prisiones, subrayó que el trabajo del juez debe continuar hasta que el
interno cumpla su sentencia; solo así, situaciones como extorsión o
cobros por servicios diversos dentro de la cárcel serán evitados.
“Sabemos que estos casos no llegan al juez, pero ahora sí llegaran,
ellos serán el medio de control perfecto para enderezar el actual
sistema penitenciario, pues su intervención estará garantizada en la
etapa de internamiento”.
Respecto a los jueces de ejecución, el académico precisó que, si bien
es un avance importante, por ahora esta figura se encuentra limitada a
temas exclusivos de preliberación. Advirtió que si se ampliara su
trabajo a la totalidad de sus facultades, el sistema penal capitalino se
despresurizará y mejorarán las condiciones de vida de los reclusos.
Mientras eso no ocurra, adelantó Sarre, el sistema penitenciario
seguirá trabajando en medio de la inercia con el ideal de que todo
mejorará con capacitación al personal y optimización administrativa.
“El
tema se va a seguir trabajando en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, pero en el Senado hay más sensibilidad al respecto para que el
debido proceso se extienda hasta la ejecución penal y que nos concluya
cuando el juez dicte la sentencia al procesado”.
Actualmente en México
hay poco menos de 100 jueces de ejecución.
(MILENIO/ Érika Flores/ 20 Junio 2013 - 3:39am)
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