ILEGAL ADJUDICACIÓN

El Órgano de Fiscalización no tiene información

Un proyecto de 36 millones de pesos fue entregado directamente a una empresa de Tijuana. La manipulación de la ambigua Ley de Obra Pública y la promesa incumplida de una segunda convocatoria, son aspectos que enrarecen esta que es la asignación más costosa que el gobierno de Baja California ha otorgado para la edificación del Centro de Convenciones Metropolitano

De tramposa y arbitraria fue calificada la adjudicación directa que concedió el gobierno de Baja California para un proyecto de 36 millones de pesos a la empresa de Ingeniería, Construcción y Aire Acondicionado, S.A. de C.V. (ICASA).

De nueve empresas participantes en una primera licitación para la instalación del aire acondicionado del Centro de Convenciones Metropolitano localizado en Playas de Rosarito, ocho se quedaron esperando la segunda convocatoria, tal como lo marca la Ley de Construcción de Obra Pública. Además los representantes del gobierno bajacaliforniano se los habían prometido.

A decir de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), las nueve empresas que concursaron en la convocatoria lanzada en septiembre de 2012 incumplieron con el total de los requerimientos para ganar el concurso.

“Ello originó que la licitación se declarara desierta, lo que facultó al gobierno a realizar una adjudicación directa”, refirió Fausto Gabriel Espinoza Tamez, Director de Obras y Servicios Técnicos de la dependencia.

Pero los testimonios de los participantes ponen en entredicho la versión del funcionario, lo cual, aunado a la escasez de información oficial sobre las condiciones reales en las que se efectuó el contrato con la empresa tijuanense, motiva al presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Juan Bautista Montejano de la Torre, a requerir una investigación a fondo, a fin de determinar si hubo tráfico de influencias.

“De ser así el titular de SIDUE, Oficialía Mayor, o quien haya otorgado la adjudicación incurre en una responsabilidad que puede derivar desde una sanción hasta una denuncia de tipo penal”, advirtió categórico.

ILEGAL PREMURA

Con una propuesta de 32 millones 513 mil pesos más IVA, la empresa Ingeniería, Construcción y Aire Acondicionado S.A. de C.V. (ICASA), propiedad de Mario Soto Cota, quedó en segundo lugar –en cuanto a la propuesta económica– dentro de la primera, y única, licitación efectuada por el gobierno del Estado para la instalación del sistema de aire acondicionado del Centro de Convenciones de Rosarito.

Dentro de las observaciones para no considerarla ganadora en etapa técnica se establece la falta de puntos necesarios, aun así la obra le fue adjudicada directamente, bajo el contrato D-PDR-12-ROS-EP-12: “Por ser la propuesta más baja de las empresas que menos observaciones registró”, discurrió Fausto Gabriel Espinoza.

En total, SIDUE signó un contrato con ICASA del orden de los 36 millones 089 mil pesos, determinando en él un anticipo de 10 millones 827 mil pesos, siendo éste el segundo contrato que la empresa obtiene en la edificación del Centro de Convenciones. Aunque el primero sí lo obtuvo ganando la licitación pública en 2010, para el desarrollo de la obra de suministro e instalación de cubierta para la sala de exposiciones.

La razón de SIDUE para no efectuar una segunda licitación en el proyecto de instalación de aire acondicionado es la falta de tiempo, a decir del Director de Obras y Servicios Técnicos, Fausto Gabriel Espinoza, la adjudicación “sí urgía porque estamos en la etapa final y se requiere introducir los ductos”.

La titular de la Dirección Jurídica de la dependencia, Eva María Vásquez Hernández, aseguró que todo el proceso “se hizo con mucha transparencia y las mismas condiciones para todos los participantes, prevalecieron las condiciones de Ley”.

Sin embargo, de acuerdo a la legislación vigente es hasta que se declara desierta una segunda licitación cuando una obra se puede adjudicar en forma directa, en su Sección VI, artículo 72 determina que al declararse “desierta una licitación pública y persistir la necesidad de la entidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en dicha licitación, se podrá emitir una segunda convocatoria…”

Aunque considera excepciones para no licitar por segunda ocasión, siendo el tiempo un factor determinante para ello, siempre y cuando se trate de una obra considerada como urgente, o de fuerza mayor y exista “la imposibilidad o impedimento de la dependencia o entidad para obtener, en el tiempo requerido, las obras o servicios que necesita mediante el procedimiento de licitación pública”.

Por cuestiones de protección, obras relacionadas con seguridad pública son también asignadas en forma directa.

Pero ninguno de estos aspectos aplica en el caso de la implementación del aire acondicionado del Centro de Convenciones de Rosarito, porque su puesta en operación no puede ser considera como urgente, por tratarse de un recinto con fines turístico y comerciales.

La premura por concluirlo en marzo de 2013, como lo tiene previsto el gobierno del Estado, obedece a dos razones, pero ninguna de peso: La realización del evento Espacio que organiza y promueve la empresa Televisa, cuya edición en 2013 se encuentra programada para el mes de marzo, teniendo como sede ese inmueble aún en construcción; el otro motivo es incluir su edificación y operación en el sexto y último informe de gobierno de José Guadalupe Osuna Millán.

“Después de todo se trata de la obra de mayor magnitud edificada durante su gobierno”, dilucidó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Roberto Méndez Meza.

INCONFORMA DESCALIFICACIÓN

Cuando una primera licitación se declara desierta, un segundo concurso es lo que procede, anotó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Roberto Méndez Meza.

El 28 de mayo de 2012 el gobierno de Baja California publicó la licitación nacional en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales CompraNet, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

En ella se mostraron interesadas 20 empresas de diversas partes del país, aunque la mayoría bajacalifornianas, de las que solo nueve concluyeron el proceso de inscripción, precisó Fausto Gabriel Espinoza, director de Obras y Servicios Técnicos de SIDUE.

Al concluir la revisión técnica resultó que todas las propuestas de los oferentes registraron observaciones, por lo que no reunían el cien por ciento de los puntos para obtener la licitación. La licitación se declaró vacía, “y la Ley establece que después de declararla desierta se puede adjudicar directamente, con las mismas condiciones en las que se presentó la licitación”, dedujo Espinoza Tamez.

De acuerdo a la versión de SIDUE la propuesta de SAASA de Minatitlán S.A de C.V quedó descartada por estar fuera de mercado; Instalaciones de Aire S.A. de C.V. y Aire, Servicio y Refrigeración de Mexicali S.A. de C.V. por no acreditar capacidad financiera para el desarrollo del proyecto.

Jay Construcciones S.A. de C.V. no presentó la totalidad de los formatos, mientras que IAASE, S.A. de C.V. simplemente no folió su propuesta; motivos suficientes para no ser consideradas.

Las cuatro compañías restantes, González Ramírez Juan José, Plataforma de Profesionales Técnicos, De la Peña Ingenieros Civiles, e Ingeniería Construcción y Aire Acondicionado S.A. de C.V., no reunieron los puntos necesarios para pasar a la etapa técnica.

Estas descalificaciones fueron catalogadas como ilegales y arbitrarias por los participantes.

Para los representantes de la empresa Aire, Servicio, Refrigeración de Mexicali, S.A. de C.V., declarar desierta la convocatoria fue una “forma muy arbitraria” para favorecer a una empresa en particular y eliminar al resto de los participantes. “Estuvimos esperando una segunda licitación, porque así lo marca la Ley y además se nos informó, pero nunca se llevó a cabo”, apuntó Manuel Miranda.

A Instalaciones de Aire S.A. de C.V. (INSA) sólo le faltó presentar la declaración fiscal de 2009, “la cual si teníamos y nos encontrábamos preparados para participar en un segundo concurso”, compartió uno de sus directivos que también se quedó esperando.

La empresa González Ramírez Juan José fue la empresa que más puntos reunió en la licitación, de hecho su propuesta fue aún más baja que la empresa beneficiada con la adjudicación, pues su monto fue de 32 millones 295 mil pesos; al igual que ICASA quedó descartada en la primera etapa por no reunir los puntos necesarios para pasar a la fase técnica.

En entrevista para ZETA Juan José González comparte que el no haber desarrollado anteriormente algún proyecto con el monto licitado fue la causa por la que quedó descartado.

De acuerdo a la Ley, las empresas deben comprobar haber ya ejecutado una obra de la misma magnitud, o menos de un 10 por ciento del monto por el que se está concursando, clasificación que limita a las empresas pequeñas que buscan ampliar sus inversiones, como es su caso, consideró.

Representantes de Plataforma de Profesionales Técnicos calificaron de ilegal el procedimiento seguido por el gobierno de Baja California, por no apegarse al reglamento de licitación pública, pero descartaron la posibilidad de presentar alguna queja, mucho menos el demandar ante la contraloría federal, procedimiento al que tienen derecho, porque “sería un proceso largo y desgastante y nos tendríamos que poner de acuerdo entre todos los participantes, lo cual sería complicado”, expusieron.

Para Fausto Gabriel Espinoza, director de Obras y Servicios Técnicos, los señalamientos de inconformidad solo se derivan de la escasez de trabajo, “todos se creen ganadores, todos quieren tener participación y trabajo porque casi no hay”.

INVESTIGARÁN CONTRATO MISTERIOSO

Es de llamar la atención que ni el Órgano de Fiscalización Superior  (ORFIS) del Estado cuente con información sobre el proceso de licitación y la adjudicación directa de un contrato de 36 millones de pesos a ICASA.

A petición de Juan Bautista Montejano de la Torre, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, el ORFIS solicitó esos datos, a cambio recibió los expedientes de una obra efectuada en el Bulevar 2000 de Tijuana. Así se lo hizo saber al diputado.

“Este caso me da mala espina, porque ni al ORFIS SIDUE le dio información, argumentando que fue un contrato que realizó Oficialía Mayor”, expresó el legislador.

Montejano de la Torre prepara una investigación en la que hará énfasis en tres puntos: Analizar las especificaciones supuestamente incumplidas por las empresas que quedaron descalificadas, las razones por las que no se lanzó una segunda convocatoria, y el porqué de haber sido ICASA la empresa beneficiada con la adjudicación directa.

El congresista sostiene que aun cuando se trata de un proceso efectuado en el 2012 “por la opacidad de cómo se dio el procedimiento el ORFIS está obligado a efectuar una revisión inmediata y no esperar hasta el 2013”.

Aun cuando se efectuara una auditoría y se comprobaran irregularidades, la obra concesionada no podrá ser suspendida, por lo que ICASA puede continuar con los trabajos de instalación del sistema de aire acondicionado que inició hace un par de semanas, “en caso de faltas a la ley, lo único que procede es que al funcionario que asignó la obra se le finque responsabilidad”, precisó Edmundo Vaillet, especialista del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana. Finalmente lo hecho, hecho está.