....El 22 de octubre, Vidal Diazleal Ochoa, comisario de la Policía Federal Ministerial anunció públicamente que se preparaba una limpia de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que consideraba la remoción de más de 500 elementos.
A principios de esta semana, ZETA recibió una carta dirigida a la
“opinión pública”:
“Los agentes federales ministeriales de la Agencia Federal de Investigación hacemos de su conocimiento que el día 31 de los corrientes se nos hizo llegar un oficio amañado, sustentado en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 21 y 123; así como de la Ley Orgánica de la PGR 36 y 74 del Reglamento del Servicio de Carrera; todo esto con el fin de citarnos y ser notificados de que se nos inició un proceso de destitución de nuestro cargo derivado de los exámenes a que fuimos sometidos por el centro de control y confianza, todo esto a raíz de la supuesta limpia de la institución (Proyecto Fénix); este proceso fue llevado a cabo en un marco de falta de trasparencia y violentando nuestros derechos y garantías individuales, dejándonos en un estado de indefensión”.
Explican que son más 600 agentes, peritos y técnicos que tienen de tres a 11 años de antigüedad y todos están en las mismas condiciones:
“…los resultados de las resoluciones son harto estúpidas, pues en ningún caso alguien ha sido notificado de su destitución por ilícitos, corrupción, enriquecimiento inexplicable, violación de derechos o pérdida de confianza fundamentadas o aportación de pruebas; en la mayoría de los casos las resoluciones están fundadas en problemas psicológicos e inconsistencias no aclaradas en los exámenes poligráficos.
Curiosamente estas resoluciones son repetitivas al parecer sacadas de un machote pues cada persona es un ente individual con características diferentes y únicas; por citar sólo algunas: ser demasiado sociable, ser persona pasiva, ser demasiado activo, por exigir capacitación y recursos para el óptimo desarrollo de nuestras funciones, ser narcisista, estar poco motivado, tener cansancio extremo por desveladas, problemas físicos derivados de una mala alimentación, no estar capacitados a trabajar bajo presión, etc., etc., etc.”.
Y acusan al promotor de sus destituciones, Vidal Diazleal Ochoa, de no tener calidad moral para encabezar la depuración y lo acusan de haber formado parte del grupo de mandos de la policía federal que fueron removidos de sus cargo por:
“…no actuar oportunamente en mayo del 2007, en un enfrentamiento en Cananea, Sonora, que dejó un saldo de 23 sicarios muertos, así como policías”, porque bajo su mando un numerosos comando podía circular por la ciudad sin problemas.
Reclaman pésimas condiciones de trabajo que han soportado porque son institucionales:
“…fuimos literalmente saqueados por la policía federal cuando tomó las instalaciones…el parque vehicular es reducido, los recursos llegan a cuentagotas, no hay suministro de uniformes por lo tanto tenemos que adquirirlos por cuenta propia sacrificando el sustento familiar.
Los chalecos balísticos que utilizamos son caducos, no se nos proporcionan cartuchos; los viáticos nunca son proporcionados a tiempo, son pagados después de 15 días o más, por lo tanto hay que pagar para trabajar”.
Y acusan a Genaro García Luna
“Lo nombran Secretario de Seguridad Pública a cargo de la Policía Federal Preventiva, ya en este puesto y con la cartera abierta del presupuesto, reestructura a dicha corporación y la transforma en la actual policía federal; pero para echar a andar su ambicioso proyecto se lleva con él a toda su camarilla de incondicionales que dirigían a las distintas direcciones de la Agencia Federal de Investigaciones”.
Y después los enlistan destacando que terminaron detenidos o asesinados:
-Francisco Javier Garza Palacios: Coordinador de Seguridad Regional de la policía federal, destituido por el escándalo de Cananea, Sonora; después restituido y nombrado agregado en Colombia.
- Roberto Velazco; Director de Crimen Organizado de la policía federal, ejecutado.
- Aristeo Gómez: Director de la Jefatura del Estado Mayor de la policía federal, ejecutado.
- Edgar Millán: Comisionado de la policía federal; ejecutado, vinculado con el crimen organizado.
- Igor Labastida: Director de Investigaciones de la policía federal; ejecutado, vinculado con el crimen organizado.
-Luís Ángel Cabeza de Vaca: Secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, cercano a García Luna; fue detenido.
-Víctor Gerardo Garay Cadena: Comisionado Interino de la policía federal, detenido por ligas al crimen organizado, violar a detenidas en operativos. Su jefe presumía que tenía 3 certificados de control de confianza.
-Mario Arturo Velarde: Secretario de García Luna; renunció por ser investigado por nexos con el crimen organizado.
- Roberto Cruz Aguilar Gonzáles: Director Operativo del Centro Operativo de Mando de la policía federal; fue detenido in fraganti en posesión de vehículos robados y armas de fuego.
-Francisco Javier Gómez Mesa: Director del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; detenido por declaraciones de testigos protegidos que lo ligan al crimen organizado.
“El resto de sus colaboradores, entre ellos Facundo Rosas Rosas y Luís Cárdenas, aún en funciones han sido señalados en repetidas veces por vínculos al narcotráfico.
Y no hay centro de control y confianza, ni autoridad alguna capaz de removerlos de sus puestos” reclaman, los agentes federales.
Y piden que se tomen medidas para evitar que García Luna quien “amasa una fortuna injustificada”; “que ha sido denunciado sistemáticamente por el propio estado mayor”; “y miente en las estadísticas que anuncia miles de detenidos sin aclarar que dos terceras partes ya alcanzaron su libertad, los deje sin sustento”. .
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