El
contingente femenino, principalmente, partió de la calle Ignacio Zaragoza,
justo en la misma esquina en donde dos meses antes desapareció el vendedor de
discos piratas, Roberto Corrales Medina, el Chacharitas.
Marchó
hasta el centro de la ciudad colonial, dobló a la derecha en la calle Benito
Juárez y luego a la izquierda, en la calle 5 de Mayo. La marcha de unas 50
mujeres se apostó frente al palacio de gobierno, a la espera de que el alcalde
Marco Vinicio Galaviz las atendiera. No salió el Presidente municipal, pero sí
su Oficial mayor, Héctor Manuel Robles Valdez, segundo hombre en importancia de
la administración municipal, así como el jefe de policía, Luis Ángel Zazueta, y
el asesor del alcalde, Rubén Vega.
Impávidos,
escucharon a las mujeres. Y conforme avanzaron las historias de ellas, una
oración se acuñó: “La policía se los llevó, que la policía los regrese vivos”.
Y
una acusación tomó forma: “Fue el comandante Santos”. Y una adscripción
también: “Estaba en Mochicahui”.
A
los funcionarios municipales la piel se les enchinó, y se tornó de gallina.
Secretaron. Recobraron el aplomo, pero la voz ya se les había ido, y sus
hombros se habían encogido.
Las
denuncias continuaron. Y fueron más allá. Cada una de ellas dijo su verdad. Ya
no querían el silencio, porque por prudencia lo llevaron durante meses.
Mirna
Nereyda Medina Quiñónez dijo que sospecha de que la policía se llevó a su hijo
Roberto, el 14 de julio. O bien, si no participaron en la privación de la
libertad, sí lo hicieron por omisión o complicidad, porque no actuaron.
Ahora,
ella que le ha puesto nombre, apellido y cargo a sus sospechas, está amenazada
de muerte. Con un anónimo le exigen que pare su búsqueda, o si no, será la
próxima en la lista. No se amilana, porque dice que a su hijo le prometió
encontrarlo, y que no lloraría más por él, sino que lo buscaría. En él está su
fortaleza.
Rosa
Delia Vázquez, madre de Román Alberto Soto Vázquez, desaparecido en medio de un
operativo policial cerca de La Constancia, exige que su hijo sea aparecido, y
condena la brutalidad policial que priva en Ahome y El Fuerte, ambos municipios
en donde la policía condenó a una generación de jóvenes.
En
su caso, ya hay tres policías de Ahome detenidos por desaparición forzada, pero
para ella es insuficiente. Quiere a su hijo, y no parará hasta encontrarlo. Si
es necesario salir del Estado, lo hará, y si es también del país, también lo
haría.
Alva
Alicia Ibarra Cota y su esposo Bernando Gutiérrez Fierro también marcharon para
exigir que su hijo, Bardo Alberto Gutiérrez Ibarra sea regresado a casa.
Desapareció
cuando iba a una fiesta de los policías que resguardaban al alcalde, Eleazar
Rubio Ayala, el 24 de enero del 2013.
Ellos
son parcos, y dicen que su lucha es en silencio. Por eso poco hablan, pero
también saben que la policía está involucrada en su caso.
Yesenia
Lizeth Torres Ramos, perdió a su hijo cuando fue subido a la fuerza a una
patrulla de la policía municipal.
Jorge
Alberto Ramos Ruiz, de 38 años, a la última persona que pudo haber visto fue al
comandante Santos, porque éste fue el que se lo llevó.
El
mecánico Arnoldo Gómez Soto ya está próximo a cumplir un año que desapareció,
en medio de una supuesta persecución policial, con agentes de encubierto.
Karla
Gómez, la hermana que no ha parado de buscarlo, exige su presentación, y que la
Procuraduría General de Justicia acelere el caso. No tiene respuesta.
Así,
cada una de ellas habla, grita, se tambalea, se fortalecen entre sí, y se
mantienen de pie. También están ahí Reyna Sera Escalante, María del Refugio
Robles Orduño, Zachenka Urías Gil, Yesenia Lizeth Torres Ramos, Luz Isela
Castro Soto, Oralia Vega Gaxiola, y sus familias. Todas tienen a alguien
desaparecido.
Todas
concluyen, están solas: la Procuraduría General de Justicia del Estado es muda
para informar, y sorda para escuchar a los denunciantes; la Policía Ministerial
del Estado y las policías preventivas están tullidas, incapaces de mover una
mano para buscar a los desaparecidos.
Y
también coinciden: “la orden de desaparecer a los jóvenes llegó de arriba, de
muy arriba, del Gobierno del Estado”.
Óscar
Loza Ochoa, presidente de la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos de
Sinaloa, condenó la pasividad de la autoridad para encontrar a los
desaparecidos. “Lo que han hecho estos años es buscar que la gente se desanime,
porque cada familiar que regresa a casa es un problema menos para la autoridad
que investigue”.
Sin
embargo, muchos mantienen, con todo el miedo y las amenazas, los ánimos para
seguir.
Pidió
organización y fortalecer los movimientos de personas con desaparecidos, para
seguir “tocando las puertas que se cerraron, como la Procuraduría General de
Justicia”.
E
incluso arengó a ir más allá, a tribunales internacionales, para denunciar lo
que ocurre en Sinaloa, y en especial al gobernador Mario López Valdez, porque
es el responsable político de lo que ocurre en la entidad.
Martín
López Félix, ex presidente de la Asociación de Abogados “Roberto Pérez Jacobo”,
dijo que en el norte de la entidad hay una masacre de toda una generación de
jóvenes, y el gobernador Mario López Valdez debe de pagar por ella”. Esa
generación de jóvenes se perdió en fosas comunes, tumbas clandestinas y en
muertos contados.
La
PGJE ha dado una cerrazón a las demandas de justicia de los familiares con
personas desaparecidos, lo que es lamentable.
Dijo
que las marchas de mujeres con familiares desaparecidos deben de multiplicarse
en Sinaloa, aunque el gobernador Malova no las pele.
El
valor de salir a las calles a manifestarse, habla de que ya se le pierde el
miedo a las represalias y al hostigamiento de la policía, consideró.
Los
funcionarios, que escuchan, no pierden el hilo de las denuncias, ni la
compostura.
Héctor
Manuel Robles Valdez, el hombre de la administración, ofrece un espacio para
que el alcalde las escuche. Será, dice, el miércoles por venir a las 11:00
horas. Ellas se quedan conformes.
Luis
Ángel Zazueta, jefe de la policía, se desatiende de los casos anteriores, y
asegura que desde su llegada puso filtros para detectar a los malos policías
que se sobrepasan en sus funciones.
Atenderá
todas las quejas y las solicitudes de apoyo para la búsqueda de desaparecidos,
pues dijo, hay ocasiones de que internarse solas en el monte les traen más
peligros.
En
corto acepta que sí tiene un policía de nombre Santos, pero se niega a hablar
más.
Dice
que hay detalles que no puede revelar, pero sabe lo que está pasando.
Poco
a poco la marcha se disuelve.
Las
mujeres acuerdan retornar a palacio el miércoles, pero ahora con refuerzos.
HISTORIAS CON DOLOR
EL CHACHARITAS
A
las 17:30 horas del 14 de julio, Roberto Corrales Medina, el Chacharitas, vio
acercarse una Explorer negra. A su competidor en la venta de discos piratas le
habría dicho que esos sí eran sus amigos.
Abordó
la camioneta, y desde entonces desapareció. Su competidor se quedó sólo con el
punto de venta.
El
Chacharitas pagaba una cuota de piso de 500 pesos semanales a un agente del
Ministerio Público y a un policía adscrito al grupo del comandante Santos, dice
su madre, y aún así se lo llevaron.
Una
camioneta similar le ha dejado anónimos en su negocio. Ella es la siguiente en
la lista, amenazan.
MECÁNICO DIABÉTICO
El
mecánico Arnoldo Gómez Soto había tenido una relación sentimental con una
policía que terminó mal. Desde entonces fue hostigado, al grado que su casa fue
allanada en una oscura y fría noche.
Cuando
desapareció, una pareja de policías de civil en un Atos blanco lo habían
interceptado. También una patrulla. Fue por el rumbo de la presa. Desde
entonces, sus hermanas y madre lo buscan. Ya casi cumplen un año de recorrer el
monte.
EL CHOFER OFICIAL
Bardo
Alberto Gutiérrez Ibarra era chofer para asuntos foráneos del alcalde, Eleazar
Rubio Ayala, de la esposa de éste, Vianney, y de los hijos de ambos.
El
24 de enero del 2013 fue invitado a una ágape con el grupo de policías de
seguridad del alcalde fortence. Nunca más se le vio con vida. La camioneta que
conducía, una Cheroke, fue encontrada desmantelada, tres días después.
LA PATRULLA
La
última vez que vieron con vida a Jorge Alberto Ramos Ruiz, de 38 años de edad,
fue el 24 de octubre del 2013.
El
comandante Santos lo subió a una patrulla, y desde entonces se esfumó. “Se
esfumó y se esfumó”, dice su madre Yesenia Lizeth Torres.
PADRE E HIJO
Gabriel
Heriberto Serrano Armenta y su hijo Ramón Blanco Vega desaparecieron el 4 de
abril de este año, cuando sujetos desconocidos los obligaron a abordar un auto
compacto negro.
Estaban
por el camino de las Líneas. El caso fue denunciado, pero nadie actuó.
LOS PESCADORES
Héctor
Octavio Castro Soto y sus amigos, el Güero y el Paqui, nunca más aparecieron
con vida, cuando camino a pescar a la presa desaparecieron. Sólo se marcharon y
ya no regresaron.
A
Héctor le había ocurrido lo mismo que a dos de sus primos, que también eran
pescadores, Manuel Eduardo Robles Fierro y Jesús Humberto Ayala Robles, quienes
simplemente se esfumaron de la tierra.
DON GANADERO
Gerardo
Urías Germán, durante meses pagó una extorsión. Cuando se cansó, denunció el
hecho a la Agencia Antisecuestros. Los policías especializados le dijeron que
nada pasaría, que estuviera tranquilo.
En
más de una ocasión denunció que lo seguían vehículos. Nadie, nunca, jamás, le
hizo caso. Repentinamente fue secuestrado. Y desde entonces su paradero es un misterio.
Los antisecuestros guardaron silencio. Y aún callan.
EL MÚSICO
Alejandro
López Serna salió a desayunar en una bicicleta.
Y
desde entonces la tierra se lo tragó. Nadie sabe que le ocurrió, pero su
familia lo busca con desespero.
Igual
que a todos.
(RIODOCE/
LUIS FERNANDO NÁJERA/ Septiembre 14, 2014)
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