EL MANOTAZO DE PEÑA

El presidente Enrique Peña Nieto rompió con la vieja Doctrina Estrada que rige la política exterior mexicana, sin darse cuenta.

De la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, pasó a la intervención directa de los asuntos de un gobierno extranjero.

Fue el texano, para el cual no escatimó calificativos al condenar abiertamente que el gobernador Rick Perry haya enviado a la Guardia Nacional a su frontera con México para frenar la inmigración indocumentada.

El Presidente cuestionó de esa manera el radicalismo de Perry, que ante la crisis humanitaria por el incremento de niños indocumentados sin acompañantes, optara por la vía criminal.

¿Fue deliberado el cambio de paradigma que planteó el Presidente?

Con toda la información disponible, se puede decir que no, y que ni siquiera forma parte de la estructura mental del gobierno.

 La respuesta del Presidente a Perry, en una entrevista reciente, se ubica en el tiempo y el espacio del desplazamiento de los mil soldados de la Guardia Nacional la semana pasada a la frontera con Tamaulipas, y motivó una reacción inmediata de la oficina del gobernador en Austin.

Su vocera, Lucy Nashed, dijo que en lugar de cuestionar al gobernador, esperarían un trabajo más cercano para abordar el problema.

El gobierno mexicano no respondió a la provocación con una nueva declaración del Presidente o de la Cancillería.

Fue la cónsul en Austin, Marcela Ojeda, quien comunicó a la oficina del gobernador que ella estaba lista para trabajar con el gobernador en nombre de México.

No le regalaron a Perry la interlocución con Peña Nieto, que necesita en estos momentos, a escaso mes y medio que se elija a un nuevo gobernador para que él empiece formalmente su campaña por la candidatura presidencial republicana en enero.

Perry es un político astuto que entiende que cada vez que los republicanos son débiles en discurso y acciones en el tema de la inmigración, pierden adeptos.

En 1990 California, los republicanos moderaron sus críticas a la inmigración indocumentada justo en el momento en que crecía la población hispana, por lo que los votantes los castigaron, y los desaparecieron del mapa electoral.

En Texas, la población hispana superará en número a los anglosajones en 2020.

La dureza del discurso y las acciones de Perry, si se recuerda California, puede ser contraproducente en el largo plazo, pero no en el corto.

Tras el anuncio de enviar la Guardia Nacional a la frontera, las encuestas sobre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca lo empataron con el otrora puntero, Jeb Bush.

En ese juego de espejos políticos y electorales está la dialéctica del presidente Peña Nieto y la reacción de enviar a la cónsul Ojeda como interlocutora del gobernador.

Eso resuelve la coyuntura, ciertamente, pero no el trazado que involuntariamente dibujó el Presidente al intervenir en un asunto interno de Texas y de Estados Unidos.

Su declaración contradice el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados porque viola la soberanía, planteada por el canciller Genaro Estrada en 1930, que dio origen a la Doctrina Estrada, que ha regido a la política exterior mexicana desde entonces.

Su aplicación, empero, ha sido mañosa a través de los tiempos, como cuando el presidente Luis Echeverría se enfrentó al dictador Francisco Franco al cuestionar la ejecución de vascos, o cuando el presidente José López Portillo, firmó con Francia la declaración que le daba beligerancia al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador.

La política exterior mexicana, siempre principista, también ha sido sibilina. No hay crítica o debate sobre de ella porque no es un tema de interés masivo, y las únicas ocasiones donde se da la discusión es cuando se cruzan intereses políticos de las elites.

Pero la atadura a la Doctrina Estrada ha llevado a México en los últimos años a no ser considerado un actor que asume sus responsabilidades en el campo de las relaciones exteriores.

 Por ejemplo, en la discusión sobre un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, México siempre es visto con desdén por su negativa a participar con los Cascos Azules en el mantenimiento de la paz en el mundo.

A lo más que ha llegado, por citar tres casos, es el envío de policías a Haití por el terremoto en 2010, zapadores del Ejército a Honduras para tareas de rescate por Mitch, el devastador huracán en 1998, y de cocinas a Nueva Orleans, tras el otro huracán Katrina en 2005.

Si el presidente Peña Nieto tiene una vocación internacionalista, necesita probar con una política exterior activa que va en serio.

Los principios son invaluables, pero tienen que encontrar su nuevo marco de referencia para defender la soberanía mexicana, porque lo que hay ahora es insuficiente.

La realidad de un  mundo que ya no tiene polos ni centros de gravedad estables, escribió Alejandro Rodiles hace un año en la revista Este País, ya no permiten a México, ni a nadie, situarse estáticamente.

“No podemos ser defensores de un formalismo rígido, basado exclusivamente en los procesos e instituciones establecidos, como lo demanda la diplomacia mexicana tradicional”, apuntó Rodiles. Es absolutamente cierto. Si el Presidente se asomó por la puerta de atrás a esta realidad, es momento para abrir su discusión y permitirse un nuevo legado para México en estos tiempos de globalización. Si no lo hace, será una oportunidad perdida.

  

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