EX FUNCIONARIOS, NOTARIOS Y JUECES COLUDIDOS EN LOS CABOS, BCS

El ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando González Rubio Cerecer y los ex directores de Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas, y Catastro de Los Cabos, David Green Moreno fueron denunciados y son investigados por haber despojado al propietario del Rancho San Cristóbal de terrenos, coludiéndose con un representante de los Beltrán Leyva

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- “Instruiré al nuevo Procurador General de Justicia del Estado a la inmediata creación de las instancias y los instrumentos jurídicos necesarios que eviten invasiones y nos permitan perseguir con eficiencia a quienes cometan el delito de despojo. Debemos impedir que las familias de nuestro estado, pierdan su patrimonio a manos de invasores que lucran con las necesidades de nuestra gente”, dijo Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor en su toma de protesta como gobernador.

Sin embargo, a la vuelta de poco más de tres años, pareciera que la procuración e impartición de justicia, según el empresario René Pinal, “es utilizada para favorecer deliberadamente a personas que fabrican y falsifican documentación con las que atacan y despojan de sus propiedades a sus víctimas”.

El propietario del Rancho San Cristóbal, localizado en el kilómetro 11 de la carretera de cuatro carriles Cabo San Lucas-La Paz, fue bloqueado cuando pretendió actuar penalmente en contra de jueces, notarios públicos y hasta magistrados que se confabularon para tratar de despojarlo de más de 244 hectáreas de terrenos ganados al mar y ponerlos a disposición de Antonio Sosa Valencia, quien resultó ser el Representante Legal de Mario Beltrán Leyva, uno de los pseudónimos utilizados por Héctor Beltrán Leyva “El H” y líder del Cártel de los Beltrán Leyva, según un poder que data de 2002, suscrito por el Notario Público No.83, Eduardo Niebla Álvarez, en Culiacán, Sinaloa.

El empresario tiene 7 años en juicios penales y civiles, después de que el 26 de julio del 2007 interpuso una denuncia penal por el delito de despojo, bajo el número de Averiguación Previa CSL/01150/PAT/2007. La copia de su denuncia indica que están involucradas las siguientes personas:

1.- El ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

2.- El ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Fernando González Rubio Cerecer.

3.- El ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas.

4.- El ex director de Catastro de Los Cabos, David Green Moreno.

Los ex funcionarios se coludieron y protegieron al representante de los Beltrán Leyva, y quien figura como propietario de la “Constructora Inzunza, S.A de C.V” y “Construcciones Mocorito, S.A de C.V”, a fin de que impunemente despojara a la víctima de un terreno valuado en más de mil 200 millones de pesos.

Los antecedentes

De acuerdo con el contrato, el empresario René Pinal cerró el primero de mayo de 1983 una operación de compraventa de 857 hectáreas de un terreno conocido como “Punta San Cristóbal” o “Rancho Boca”, y donde la legítima propietaria María Cristina Orduño Durán, recibió 450 mil dólares.

El contrato de compraventa transcribe que la antigua dueña después de recibir el dinero, hizo la entrega material y física del terreno, el cual tiene una amplia franja ganada al mar y está rodeado de decenas de terrenos propiedad de extranjeros.

En el contrato, la ex propietaria otorgó un mandato irrevocable e irrenunciable para pleitos y cobranzas, así como actos de administración y de riguroso dominio, como una medida de garantizar todos los derechos al nuevo propietario, y a efecto de que pudiera disponer ampliamente del bien inmueble.

La antigua dueña –y según antecedentes catastrales— había comprado, a su vez, el terreno el 17 de marzo de 1971.

El nuevo propietario, René Pinal, desde 1991 convirtió el terreno en un rancho ecológico y donde desarrollo un campamento “tortuguero”, dedicado a la investigación y conservación de esta especie en peligro de extinción, el cual ha venido operando desde entonces y es visitado todos los años por niños, jóvenes y adultos.

La venta

Después de invertir en el terreno y construir algo de infraestructura, el empresario cabeño, determinó vender una extensión de 100 hectáreas del terreno, y donde el primer interesado –y tras enterarse de la intención de la venta— fue Dagoberto Gil Tlatelpa, un vendedor y comerciante de terrenos rústicos de la zona, y quien, se sabe había cerrado operaciones de compraventa con la mayoría de la comunidad extranjera en ese sitio.

Por la confianza, el empresario René Pinal, facilitó una copia fotostática de cada uno de los documentos que acreditaban los derechos de la propiedad del terreno en venta, y quien hizo contacto con Antonio Sosa Valencia, un prominente hombre de negocios de Guamúchil, Sinaloa, quien dijo estar interesado en la compra de la tierra, y el cual expuso que pretendía invertir en un desarrollo turístico en sociedad con su socio, Federico Carstens, a quien identifico como un inversionista, y quien se despidió y se marchó.

No obstante, cuatro meses después, es decir en julio del 2007, René Pinal fue el último en enterarse que su propiedad ya estaba registrada a nombre de sus supuestos compradores.

El empresario solicitó un certificado de libertad de gravamen del terreno en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos –tras ser alertado— y supo que se habían registrado varios movimientos, entre ellos la aparición de un supuesto apoderado legal de María Cristina Orduño Durán, ex propietaria del predio, y quien solicitó una subdivisión del inmueble, dividiendo en tres fracciones el terreno de 857 hectáreas.

El primero de 558, el segundo de 55 y el tercero de 244 hectáreas, lo que quedó registrado en la escritura  número 71 mil 416, volumen 1151 de fecha 7 de julio del 2007, y la cual fue protocolizada por el Notario Público No. 7 de Cabo San Lucas, Héctor Castro Castro.

La escritura –según documentos— fue presentada los días 11 y 12 de julio del 2007, en solo 24 horas y en forma por demás sospechosa, los entonces directores Guillermo Marrón Rosas y David Green Moreno, registraron la subdivisión y la supuesta operación de compraventa de 244 hectáreas inclusive, entre el presunto representante legal de la ex dueña, José de Jesús Jiménez Sánchez y un comprador de nombre Manuel Verdugo Vizcarra, como quedó registrado en la escritura pública número 14 mil 327, expedida por el Notario Público No. 149, Manuel Lazcano Meza, con sede en Culiacán, Sinaloa.

Las denuncias

Por esta situación, y según el propio empresario René Pinal, inició una lucha en contra de los presuntos responsables del despojo, acusando primero al represente legal del líder del Cártel de Los Beltrán Leyva, Antonio Sosa Valencia y después a los ex funcionarios implicados en el caso, entre ellos a quienes hoy ostentan cargos en el gobierno del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.

1.- Guillermo Marrón Rosas, ex director del Registro Público de la Propiedad y el Comercial y actual comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

2.- David Green Moreno, ex director de Catastro y actual director de Atención Ciudadana.

Los dos fueron acusados penalmente en la desaparecida Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de “Asuntos Especiales”, hoy de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, bajo el número de averiguación previa LPZ/006/AES/2007 por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Durante la investigación –y según expediente en manos de ZETA— se descubrió que el representante de Héctor Beltrán Leyva “El H”, utilizó a algunos trabajadores de sus empresas para apropiarse del terreno.

Por ejemplo, y de acuerdo a documentos, el supuesto apoderado legal de la señora María Cristina Orduño Durán, de nombre José de Jesús Jiménez Sánchez, resultó ser el hijo del director de su compañía “Grupo Anjor”, Jesús Jiménez Domínguez, y el supuesto comprador, Manuel Verdugo Vizcarra, resultó ser el padre de uno de sus agentes de venta de la “Constructora Inzunza, S.A de C.V” y “Construcciones Mocorito, S.A de C.V”, y quien responde al nombre de Manuel Verdugo Alvarado.

En virtud de esta situación, independientemente de la denuncia penal, el empresario cabeño, promovió una demanda de interdicto para tratar de recuperar una parte del terreno despojado físicamente a través del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, cuyo caso quedó registrado bajo la causa 130/2009.

Como era de esperarse, René Pinal ganó el juicio, por lo que la contraparte, apeló y solicitó el caso fuera revisado por una segunda instancia, cayendo en las manos del magistrado Ignacio Bello Sosa, quien dicho sea de paso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el trágico sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y el cual revocó la sentencia y sospechosamente dio la razón al representante del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva “El H”.

MÁS DENUNCIAS

El caso comenzó a complicarse, porque habiendo pasado por 6 agentes del ministerio público del fuero común, dos jueces penales, dos procuradores y dos presidente del tribunal de justicia, finalmente el 4 de diciembre del 2009 –y por recomendación de la Secretaría de Gobernación y Presidencia de México— los expedientes LPZ/006/AES/2007, CSL/01150/PAT/2007, LPZ/82-SPB/2010 y CSL/352/PAT/2009 integraron la averiguación previa CSL/130/PAT/2013, y el cual a partir del gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor, pretendía integrase debidamente.

Sin embargo, a más de tres años de distancia del nuevo gobierno, el caso sigue estancado, y nunca se actuó en contra de los malos servidores públicos y mucho menos en contra de los notarios públicos que participaron en el despojo a favor del representante del líder del Cártel de los Beltrán Leyva, y quienes quedaron denunciados penalmente bajo el número de averiguación LPZ/81-SPB/2011 por los delitos contra la fe pública y el ejercicio de la profesión. Los notarios demandados son los siguientes:

1.- Armando Antonio Aguilar Ruibal, Notario Público No.1 con sede en Cabo San Lucas.

2.- Carlos Arámburo Romero, Notario Público No.3 con sede en La Paz.

3.- Florencio Alaniz Ornelas, Notario Público No. 25 con sede en Todos Santos y suegro del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Y es que resulta que durante todo este tiempo, Antonio Sosa Valencia, como todo hombre poderoso, logró cambiar sin explicación alguna la versión original de operación de compraventa del predio por la de una herencia.

Según escritura pública número 32 mil 800, expedida por el Notario Público No.1, Armando Antonio Aguilar Ruibal, el representante de los Beltrán Leyva, siempre no compró las 224 hectáreas de terrenos ganados al mar, sino que la ex propietaria María Cristina Orduño Durán “De Quiñonez”, supuestamente heredó el predio el 13 de noviembre de 1987 a su presunto esposo Armando Quiñonez.

En el testamento público abierto –y según el documento—“instituye como su único y universal heredero de todos sus bienes presentes y futuros a su esposo el señor Armando Quiñonez”.

La escritura del Notario Público No. 1 presenta como testigos a Antonio Díaz Girón Vázquez, Jesús Ángel Aguilar Herrera y a su primo y hermano del ex gobernador (Q.E.P.D.) Víctor Manuel Liceaga Ruibal de nombre Luis René.

LA NUEVA HISTORIA

Ya con una nueva versión, el supuesto heredero, Armando Quiñonez, presuntamente firmó un contrato de compraventa con reserva de dominio del predio y lo cual quedó asentado en la escritura pública número 46 mil 515, expedida por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero.

El supuesto único y universal heredero de la señora María Cristina Orduño Durán “de Quiñonez”, representado por su primo Jorge Alejandro Vega Orduño, en su carácter de albacea, vende, cede y transfiere presuntamente la propiedad a Juan Antonio Schekaiban Assad en la cantidad de 100 millones 7 mil 630 pesos con 37 centavos, cuando cuesta más de mil 200 millones de pesos.

La supuesta operación de compraventa quedó registrada de la siguiente manera:

1.- 20 millones 7 mil 630 pesos con 37 centavos a la firma del contrato.

2.-  2 pagos de 5 millones con fechas del 21 de mayo y 21 de agosto del 2011.

3.- Uno de 10 millones el 17 de marzo del 2012.

4.- 15 millones al cumplirse el primer aniversario –así transcribe textualmente— de “la fecha de firma”, otros 15 en el segundo aniversario, otros 15 en el tercer aniversario, otros 15 en el cuarto aniversario y finalmente otros 15 en el quinto aniversario, que vencería el año 2017.

El supuesto vendedor del predio, Armando Quiñonez, ofreció como domicilio Calle Primera Avenida 20 No. 2000 en Agua Prieta, Sonora, y el presunto comprador, Juan Antonio Schekaiban, la dirección de Calle Andrés Bello No.45 colonia Polanco en México, Distrito Federal.

El presunto nuevo dueño apenas había cerrado la operación de compraventa y ya aparecía con una concesión de playa de la Zona Federal Marítimo Terrestre con una extensión de 53 mil 777 metros cuadrados, bajo el número de expediente 767/BCS/2011, y con una vigencia de 15 años.

Paradójicamente, el supuesto nuevo propietario, enfrenta varios procesos legales, entre los que se encuentran los siguientes.

1.- Juicio Ejecutivo Civil, bajo los números de expedientes 596/2012 y 027/2013 interpuesto por Valuard Proyectos Inmobiliarios, S.A. de C.V.

2.- Juicio de Amparo, bajo el número de expediente 1364/2012 en contra de actos del secretario de seguridad pública del Distrito Federal.

No obstante, el 23 de octubre del 2012, el contrato de compraventa de la reserva de dominio inesperadamente fue cancelado, lo cual quedó registrado bajo el número de escritura 580, expedida por el Notario Público No. 25, Florencio Alaniz Ornelas.

Con fecha del 3 de octubre del 2011 y 23 de julio del 2013, el contrato y la cancelación de reserva de dominio quedaron registrados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos, cuyo titular es José Ángel Torres Grijalva.

El resultado de peritajes caligráficos indica que en los más de tres años del gobierno de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, con la investigación es que quedó plenamente demostrado que el testamento público abierto resultó ser, y nunca existió tal “herencia única y universal”, de ahí que la víctima haya entablado una denuncia penal en contra de los notarios, sobre todo porque los que validaron el contrato y la cancelación de compraventa de la reserva de dominio del predio, en palabras del empresario Rene Pinal, “actuaron de mala fe para favorecer a los depredadores y despojadores de predios y quienes falsificaron documentos, escrituras públicas y todo tipo de documentos que validaron hasta los propios funcionarios en el juicio”, uno de ellos el magistrado Ignacio Bello Sosa.

La maraña de corrupción fue de sobra evidenciada en el juicio porque el supuesto heredero falleció cuatro meses antes de que presuntamente firmara el contrato, y luego cancelara la operación, según el certificado de defunción 3052011022816, expedido por el condado de San Diego, California.

El certificado a nombre de Armando Quiñonez expuso que falleció a los 89 años en la ciudad de Santee, condado de San Diego, en el estado de California, siendo de estado civil viudo y de condición mexicoamericano.

El documento establece que el lugar del fallecimiento fue en el asilo de ancianos de nombre “Lake View Home Sharp” y la causa fue paro cardiaco cardiopulmonar, derivado de una enfermedad de la artería coronaria.

A pesar de las evidencias, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE, Antonio López Rodríguez, no actuó en contra de los funcionarios y tampoco de los notarios públicos involucrados y quienes se coludieron en este delito de despojo, y quien dicho sea de paso, hoy fue premiado como subprocurador de Averiguaciones Previas en la etapa del nuevo Procurador Adonai Carreón Estrada.

El propio Juzgado Segundo del Ramo Civil y Familiar del Partido Judicial de Los Cabos, rechazó como prueba el testamento falso y concedió la razón a René Pinal, pero el magistrado Ignacio Bello Sosa, recibió los documentos falsos en el alegato y admitió como “prueba superviniente” la escritura de cancelación de la reserva de dominio, la cual –a decir de la víctima—“es otra simulación”, ya que carece del sello de la Dirección de Catastro de Los Cabos por su manifestación, porque “no se pagó el impuesto por la supuesta compra de la propiedad”, pero aun así se permitió su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio a cargo de José Ángel Torres Grijalva, y quien podría formar parte de la lista de los denunciados penalmente.

Peor aún. Cuando el empresario solicitó y promovió el juicio de amparo 320/2013 por la decisión del magistrado Ignacio Bello Sosa, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, y bajo el mismo esquema, validó la decisión del ex presidente del Tribunal de justicia en el trágico sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Rechazan complicidad

Sobre este caso de despojo, la Notaria Pública Número 1, no pudo ofrecer una postura formal, en virtud de que el responsable del despacho, Armando Aguilar Mondragón, hijo del titular del bufete, Armando Aguilar Ruibal, se encontraba fuera de la ciudad y regresaría hasta el próximo 10 de junio.

No obstante, la abogada y encargada temporal de la notaría –quien solicitó no publicar su nombre- dijo “no saber del caso”, ya que la escritura data de 1987, y cuando se expidió, no laboraba en ese despacho.

Según datos recabados por ZETA, en el Archivo General de Notarías, la escritura 32 mil 8 sí fue expedida por la Notaría Pública Número 1 y es auténtica.

Por su parte, el Notario Público Número 3, Carlos Arámburo Romero, reconoció haber expedido compraventa con reserva de dominio a favor de Juan Antonio Schekaiban Assad, pero expuso que fue porque el hijo de la dueña del predio -Jorge Alejandro Vega Orduño-, en su carácter de albacea y apoderado legal del heredero universal, Armando Quiñonez, presentó toda la documentación en regla que lo legitimaba para llevar a cabo la operación de compraventa.

Durante una entrevista, rechazó tener complicidad con los acusados por René Pinal, porque -según el notario- “el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, incluso riguroso dominio otorgado por Armando Quiñonez a favor de Jorge Alejandro Vega Orduño, fue debidamente legalizado y ya había pasado por el Notary Public del Estado de California –donde falleció Armando Quiñonez-, se apostilló para darle autenticidad al documento en Estados Unidos y México, y se protocolizó y legalizó en el país”.

El notario Carlos Arámburo Romero comentó que la protocolización y formalización del contrato de compraventa fue en base al testamento expedido por el Notario Público Número 1, donde se presentó un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio riguroso, expedido en Estados Unidos y radicado en México.

Por otro lado, el ex agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y actual subprocurador de Averiguaciones Previas, Antonio López Rodríguez, negó que la Procuraduría General de Justicia del Estado no haya investigado los presuntos delitos cometidos por servidores públicos, inclusive por los notarios, pues “tenemos un expediente de más de mil hojas, donde hemos integrado documentación, testimonios y donde están en trámite unas promociones”.

El responsable de investigar a servidores públicos, expresó que las averiguaciones previas LPZ/81-SPB/2011 y LPZ/82-SPB/2010 actualmente están vigentes y siguen desahogándose pruebas, incluso la última actuación tuvo lugar en abril pasado,  por lo que “no tenemos inactividad procesal”; de lo contrario, la victima ya se hubiera amparado y procede, pero no lo hace “porque sabe que estamos trabajando en el caso”.     

ZETA solicitó una entrevista con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ignacio Bello Sosa, a través de la vocera Ivette Corrales, con el objetivo de que fijara una postura sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, al cierre de esta edición, no respondió, pese a haber sido enterado previamente del tema que se tocaría.

(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ 03 de Junio del 2014 a las 12:00:01)