MÉXICO,
D.F. (apro).- El encierro indefinido en instalaciones del Instituto
Nacional de Migración (INM) y los tratos crueles inhumanos y
degradantes, e incluso torturas, forman parte de una política de
seguridad nacional orientada a “generar terror” entre los indocumentados
centroamericanos, advierte un reporte elaborado por la organización
civil Sin Fronteras.
El informe La ruta del silencio. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales
alerta sobre las violaciones a los derechos a la información, a una
defensa adecuada de las personas indocumentadas, las deficiencias en las
instalaciones del INM, así como los efectos psicológicos que conllevan
los aseguramientos de centroamericanos.
De la investigación
realizada por Sin Fronteras durante 2013 se desprende que, pese a las
reformas a la Ley de Migración, “las personas migrantes continúan siendo
criminalizadas como si fueran sujetos amenazantes (…) de manera que la
detención no es una excepción como debería ser, sino la regla”.
El
año pasado, denunció la ONG, una 86 mil 929 personas fueron detenidas
por el INM, de las que 81 mil 394 eran originarias de naciones de
Centroamérica (32 mil 243 de Honduras, 31 mil 664 de Guatemala y 14 mil
641 de El Salvador). De la cifra global, 9 mil 893 eran menores de 18
años; mil 898 tenían de cero a 11 años, y 7 mil 995 de 12 a 17 años de
edad.
De los motivos de migración, el primer lugar lo sigue
ocupando la búsqueda de mejores condiciones económicas, el llamado
“sueño americano”; luego, la reinserción familiar, es decir, personas
que buscan reunirse en Estados Unidos con sus familiares, y como tercer
factor la violencia en sus lugares de origen, sobre todo en países como
Honduras.
Durante la presentación, Mónica Oehler, coordinadora del
reporte, explicó que a través de talleres en las estaciones migratorias
del Distrito Federal y de Oaxaca, a los que asistieron unos 228
indocumentados, el equipo de Sin Fronteras pudo obtener información
sobre la ausencia de asistencia legal en la gran mayoría de los casos de
las personas en tránsito.
Después de reconocer que el equipo
investigador tuvo obstáculos por parte del INM para realizar su trabajo,
como la selección por parte de la dependencia de los entrevistados, así
como la presencia permanente de agentes de migración durante los
talleres, Oehler aseguró que de las 147 personas que aceptaron responder
a cuestionarios de la organización, 85 manifestaron no haber recibido
información sobre el procedimiento iniciado en su situación particular.
Peor
aún, al referirse al momento en que los entrevistados fueron sometidos a
la primea declaración administrativa en el INM, del total de
encuestados sólo tres tuvieron acompañamiento de abogados, uno de un
psicólogo y 14 personas contaron con la presencia de algún familiar.
No
sólo no se dan a conocer sus derechos a los migrantes detenidos, por el
contrario, “se les advierte que si quieren iniciar algún procedimiento
judicial para solicitar amparo o asilo, el tiempo en que estarán en la
estación migratoria será indefinido, con lo que el derecho al debido
proceso es castigado”, acusó la abogada de Sin Fronteras.
Oehler
destacó que para los migrantes el encierro llega a ser cuando menos de
15 días, pero si el proceso judicial se alarga, el aseguramiento puede
durar meses, lo que resulta devastador, pues en la gran mayoría de los
centros migratorios de detención no hay condiciones propias para una
estancia prolongada, además de que se detectaron cuartos de castigo
llamados “hoyos”, donde se castiga a quienes agentes del INM consideran
como personas “conflictivas”.
De entre los grupos de migrantes,
los que más sufren el encierro son los menores de edad, “quienes
supuestamente deberían ser canalizados al DIF de las localidades, pero
ello no ocurre porque la gran mayoría no quiere recibir a niños
migrantes o sólo acepta a niños muy pequeños, de tal manera que la
opción es quedarse en la estación migratoria”.
Incluso,
puntualizó, “los de 14 a 17 años son instalados en un área especial, y
los más pequeños con las mujeres; no hay para ellos ningún tipo de
distracción ni educación mientras están detenidos”.
La
investigadora resaltó que el encierro en centros migratorios,
considerado por Sin Fronteras como una “privación de la libertad”, causa
en muchos de los migrantes ansiedad, desesperación, depresión,
trastorno de sueño, irritabilidad e ideas suicidas.
Elba Coria, de
la Coalición Internacional contra la Detención, criticó que se destine
entre “60 y 80% del presupuesto del INM para operativos de detención y
para que las estaciones migratorias reciban a los indocumentados”.
También
cuestionó que mientras en el gobierno se invierte en medidas
coercitivas que criminalizan a los migrantes, “no hay recursos humanos
para abogados de oficio que los defiendan o al menos que les informen
los procedimientos. Por ejemplo, para la estación migratoria hay sólo
seis o siete encargados de estas funciones para atender a al menos 430
migrantes”.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía
Internacional (AI) en México, aseguró que en las estaciones migratorias
se cometen “torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes de forma
sistemática a cargo de Estado mexicano”.
Al recordar que los
migrantes son uno de los sectores que defiende la organización que
encabeza, Quiroz destacó que pese a que se ha denunciado a funcionarios
del INM que han violentado los derechos de los indocumentados, no hay
castigo para los responsables, por lo que “la política migratoria de
detención no ofrece garantías a quienes sufren tortura o tratos crueles
inhumanos y degradantes, es una política migratoria que está en contra
de la verdad, la justicia y la reparación”.
/ 3 de junio de 2014)
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