Los cambios introducidos en la Cámara de Diputados a
la reforma sobre telecomunicaciones y radiodifusión por presiones del Consejo
Rector del Pacto por México –ese “poder fáctico que suplanta las facultades del
Congreso”, según los senadores– son inadmisibles, sostiene el panista Javier
Corral. Tras desmontar las argucias redactadas en San Lázaro, dice que el
Senado corregirá las “barbaridades y locuras” que se incluyen en la reforma
constitucional, antes de devolverla a la cámara de origen a más tardar el
martes 30.
Jenaro Villamil/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Por lo menos cinco de los cambios de última hora a la reforma sobre
telecomunicaciones y radiodifusión cuyo propósito último es beneficiar a
Televisa, entre ellos el de intentar convertir al secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, en el “gran concesionante del país”, y eliminar la regulación de la
propiedad cruzada de medios de comunicación, fueron realizados por la Cámara de
Diputados el 21 de marzo.
Igual de grave es la
vulneración de la autonomía del Ifetel a través de un “doble chipote
presidencialista” y otorgarle al Ejecutivo federal el manejo del espectro más
valioso en las bandas 700 Mhz y 2.5Ghz, por lo que serán analizados y
revertidos en el Senado, asegura el senador panista Javier Corral Jurado.
La identificación de
esos cambios de última hora, realizados el 21 de marzo en la sesión de la
Cámara de Diputados, así como la franca rebelión de los coordinadores de las
bancadas del PRD y del PAN frente a la presión de los integrantes del Consejo
Rector del Pacto por México para aprobar fast track la reforma marcarán la
discusión en el Senado durante los próximos 15 días.
Protagonista en la
batalla contra la Ley Televisa en 2006, e impulsor de un bloque de senadores
del PAN, del PRD y del PT para realizar modificaciones en la minuta de reforma
constitucional, Corral advierte que los cambios “son contrarios no sólo a los
objetivos del Pacto por México y a lo que han venido diciendo el presidente de
la República y los líderes de los partidos, sino dirigidos a beneficiar de manera
burda y descarada a Televisa, con lo que la reforma aumenta el desequilibrio
entre el sector de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión, que ya
traía de por sí la iniciativa”.
Corral advierte: “Es
grave que el secretario de Hacienda, el verdadero jefe por parte del gobierno
del Consejo Rector del Pacto por México, aproveche los ocultamientos de las
reservas que hicieron los diputados para introducir como bola rápida una
facultad para él de esta dimensión; lo más grave, que los líderes de los partidos
acepten darle a Videgaray una ventaja de ese tamaño para su aspiración
presidencial”.
En entrevista con
Proceso, Corral detalla los cinco “cambios inadmisibles” que llegaron a la
minuta del Senado que pretende ser modificada y aprobada antes del 30 de abril,
el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.
En el artículo 28
constitucional se le agregó un “doble chipote presidencialista” para que los
titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda den
opiniones en materia de concesiones al espectro. Para Corral se trata de un
“veto de bolsillo” a favor de Videgaray, quien se convertirá en el “gran
concesionante del país, pues dependerá de él el tiempo para fijar una
contraprestación o para encarecer o abaratar las concesiones”.
En el párrafo sobre
las facultades de Instituto Federal Electoral (Ifetel) para otorgar, revocar o
autorizar cesiones o cambios al control accionario, titularidad u operación de
sociedades relacionadas con concesiones, se aprobó que el organismo autónomo
“notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá
emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días
naturales”.
Y se estableció un
segundo candado:
“El instituto fijará
el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así
como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la
autoridad hacendaria”.
Además, en el mismo
párrafo se advierte que las concesiones para uso público y social (es decir,
las controladas por el gobierno federal) “se otorgarán bajo el mecanismo de
asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que
garanticen la transparencia del procedimiento”.
Los ajustes a ese
párrafo, junto con las modificaciones a los artículos 16 y 17 transitorios de
la reforma constitucional, permitirán al Ejecutivo federal tener el control “en
materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia”, que son las
bandas de 700 Mhz y de 2.5Ghz, según Corral.
En el caso del décimo
sexto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal “instalará una red
compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo que impulse el acceso
efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de
telecomunicaciones”, conforme al artículo 6, fracción B párrafo II, que dispone
que este servicio público de interés general será garantizado por el Estado en
condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal,
interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”. Asimismo, se elimina
la posibilidad de la gratuidad.
Para otorgar este
servicio, el Ejecutivo federal aprovechará “al menos” 90Mhz del espectro
liberado por la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en la banda
700 Mhz, considerada la más valiosa actualmente para los servicios de cuádruple
play, así como los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión
Federal de Electricidad y “de cualquier otro activo del Estado que pueda
utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”. Es decir, la
banda 2.5 Ghz que le fue “rescatada” a MVS como concesionario mayoritario por
el gobierno de Calderón.
“La gran
contradicción de la minuta es la autonomía del Ifetel, pues las principales
decisiones en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia
se las dan al Ejecutivo. Eso lo vamos a cambiar”, sentencia Corral.
Ante las bancadas
del PRI y del PRD, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, defendió por “razones de seguridad nacional”, y para evitar posibles
ingresos de grupos criminales o de lavado de dinero a las concesiones, la
necesidad de que los titulares de Comunicaciones y de Hacienda sean consultados
por el Ifetel.
Ruiz Esparza, el
único de los integrantes del gabinete federal que ha sido convocado para las
consultas internas de las fracciones, también negó que se pudiera dar “internet
gratuito” por parte del Estado, ya que “violaría la libre competencia”;
descartó también que sea necesario incluir en la reforma constitucional el
derecho de las audiencias con el argumento de que eso forma parte de una
legislación secundaria.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1901, ya en circulación)
(PROCESO/ Jenaro Villamil/ 6 de abril de 2013)
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