“Todo ha sido analizado bien y no hay ningún
problema”: General Hernández Andreu
Rosario Mosso Castro/ Sergio Haro Cordero/ Ricardo
Meza Godoy
Por lo menos seis
puestos militares de revisión fueron eliminados del mapa bajacaliforniano,
liberando el flujo de droga a los cinco municipios de la entidad, incrementando
la incursión de las corporaciones de seguridad locales en la atención de
delitos federales, y afectando los niveles de incidencia delictiva. Autoridades
bajacalifornianas y empresarios solicitaron a la milicia la reinstalación de
retenes, y la Secretaría de la Defensa Nacional evadió responder
Los militares
empezaron su retiro furtivo de Baja California.
Sin mayor aviso a la
comunidad y sin informar a las autoridades integradas al Consejo Estatal de
Seguridad, la Comandancia de la II Zona Militar eliminó una serie de retenes
carreteros en la entidad bajacaliforniana y los que conectan con Sonora.
Entrevistados los
residentes de las inmediaciones de los retenes eliminados, en las áreas más
conurbadas no recuerdan fechas exactas, pero indican que dejaron de ver a los
soldados más o menos en la última semana
de enero de 2013.
Sin embargo, como si
nada hubiera sucedido, el 27 de febrero, tras una reunión en la Casa de
Gobierno, el Comandante de la Segunda Región Militar, Gilberto Hernández
Andreu, acordó con el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna
Millán, “reforzar los puntos militares en el estado”, comprometiéndose a
modernizar el retén de El Centinela y construir una base militar en Tecate.
Pero no hablaron de los puntos de revisión eliminados, ya que el mandatario los
desconocía.
Conforme a
información recibida por ZETA, a principios del mes de marzo, Osuna Millán
recibió el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, informándole que los
decomisos de las policías locales estaban incrementando, y que una razón
importante era la eliminación de puntos de control militar y el relajamiento de
algunos de los existentes.
El 19 de marzo se
llevó a cabo la reunión del Grupo Coordinación de Seguridad, y de salida, el
General Gilberto Hernández Andreu aseguró ante la prensa de Mexicali desconocer
que los retenes de la colonia Miguel Alemán-Mexicali y Popotla-Rosarito se
hubieran retirado. Su argumento: “A lo mejor era porque estaban descansando en
ese momento, déjenme checar y yo les informo”.
“Todo ha sido
analizado bien, y no hay ningún problema”, le dijo a ZETA.
Sin especificar, el
Comandante de la II Zona Militar, Gabriel García Rincón, también se ha limitado
a decir que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es la encargada de
definir dónde y cuándo se colocan los puestos militares, que los retenes “no son
para toda la vida”, y que el hecho de que no se les vea fijos, no significa que
no sean reubicados en otra zona donde puedan ser más efectivos.
Sin embargo, la
preocupación ha sido manifiesta por los inversionistas del estado: “Lo que
hemos estado viendo dentro de los diferentes sectores productivos, es que
algunos están a favor y otros en contra, sin embargo, como sector en general lo
que sabemos es que debemos mantener la guardia en alto, y no relajarnos en
seguridad para nada”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) en Baja California, Carlo Bonfante.
“Los retenes son
instrumentos que nos han permitido generar las condiciones para poder habitar
este estado, cualquier cosa que se altere, se cambie drásticamente y pueda
tener un efecto de delincuencia y mayor nivel de crimen, claro que nos
preocupa, por eso tenemos que invitar a las autoridades a no bajar para nada la
guardia. Estamos colgados de una situación que se llama seguridad, y de una
coordinación, y debemos seguir respaldándola”, afirmó el líder empresarial.
MENOS RETENES, MÁS DROGA
En el primer
trimestre del año, se han localizado dos bodegas de droga en Tijuana: una con
más de nueve toneladas de marihuana en el Cerro de las Abejas, el 8 de enero, y
casi seis toneladas en el Cerro Colorado, el 20 de febrero.
Las cifras en
decomisos son altas: Una tonelada de marihuana en el Pedregal de Santa Julia (8
de febrero); 37.9 kilos de cocaína en la colonia Villa Floresta de Rosarito (16
de febrero); 1.960 toneladas de marihuana en Ejido Villa Zapata de Mexicali (14
de marzo); dos toneladas de marihuana en Real de San Francisco en Tijuana (22
de marzo); y 84 kilos de la droga sintética conocida como “ice” en Villa del
Campo en Tijuana.
Del 1 enero al 26
de marzo, solo en Tijuana la Policía
Municipal ha decomisado 11 toneladas 549 kilos de marihuana, 84 kilos de “ice”
y 189 armas de fuego.
Por su parte, en el
mismo periodo, la Policía Estatal Preventiva ha asegurado 15.13 toneladas de
marihuana y 44.6 kilos de cocaína.
Adicionalmente, las
estadísticas de las autoridades de San Diego, California, refieren que el
promedio de decomisos en la franja fronteriza y el condado es de alrededor de
8.2 toneladas al mes.
Cuestionado sobre el
registro de un incremento en el tráfico y decomiso de droga, el secretario de
Seguridad Pública Municipal en Tijuana, Alberto Capella, comentó: “En relación
a los períodos que me han tocado a mí, este primer trimestre sí traen un
incremento importante en cuanto a los decomisos de droga por parte de la
Policía Municipal. Prácticamente todos los días hacemos aseguramientos, unos
pequeños, otros en toneladas”.
– ¿Tiene eso que ver
con el retiro de retenes militares?
“No quisiera
atribuirlo a circunstancia en particular, lo que sé, es que en la medida que
más filtros y barreras se tengan dentro y fuera de la entidad, en las rutas que
se usan para traficar droga, definitivamente nos ayuda bastante a inhibir o
disuadir estas actividades; y estamos conscientes que cuando hay otros tipos de
barreras, se buscan otras fronteras.
“El hecho de que
haya droga en Tijuana es un problema que nos preocupa bastante, porque genera
una capacidad económica para organizaciones criminales que pueden reorganizarse
y refinanciarse para generar actividades que nos puedan recordar el lamentable
pasado”, reconoció el funcionario.
En el mismo tema, el
representante del CCE en Tijuana, Manuel Hernández Niebla, indicó que desde la
primera reunión con autoridades militares, los empresarios manifestaron su
preocupación: “Nos mostraron estadísticas de los primeros meses, donde éramos
el estado que ocupaba los primeros lugares en descubrimiento y desmantelamiento
de túneles, y pistas de aterrizaje, y los últimos lugares en droga decomisada.
Con respeto les argumentamos que no había correlación ni proporción en esos
números, porque era lógico que toda esa infraestructura era para mover la
droga, y las cifras debían estar más equilibradas”.
Para revisar
inquietudes y analizar avances, el sector empresarial solicitó una nueva audiencia
con los Generales. Los militares aún no confirman, pero esperan poder concretar
en el mes de abril: “Sabemos que el General Gabriel García Rincón conoce la
problemática, no sabemos qué ordenes están recibiendo, queremos ver qué planes
están trabajando, insistimos en darles el beneficio de la duda, solo queremos
entender la agenda”.
La Secretaría de
Seguridad Pública del Estado solicitó apoyo del resto de los integrantes del
Consejo de Seguridad, y en la reunión de coordinación celebrada el 26 de marzo,
expuso ante autoridades militares la inquietud por la correlación entre el
incremento de los decomisos con el retiro de retenes.
Pero nuevamente
fueron ignorados con una respuesta fue vaga e institucional: “Se van a atender
esos temas en general”.
Sin embargo, Capella
Ibarra conservó el optimismo: “Estoy seguro que es un tema -el regreso de
retenes- que se puede discutir en todo momento, en la Secretaría de la Defensa
lo van a escuchar y analizar”.
LOS QUE DESAPARECIERON
Desde Ensenada hasta
Guerrero Negro, de siete retenes que se podían encontrar a lo largo de los 613
kilómetros de la Carretera Federal Número 1 o Transpeninsular, solo quedan
tres.
Fueron retirados el
puesto militar a la altura del Cañón Buenavista, otro cerca de San Vicente, uno
cerca de Punta Colonet y el de Cataviña. Acorde a reportes ciudadanos, en este
último, esporádicamente pasan por ahí grupos de militares, duermen en las
instalaciones abandonadas y se retiran. Pero las revisiones ya no se hacen: “El
sitio está abandonado”.
Estas remociones son
parte de un proceso de transición en las estrategias del nuevo Gobierno
Federal, según dio a entender a ZETA el lunes 25 de marzo, el secretario de
Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, tras su visita con
empresarios de Ensenada.
Transición que
preocupa a distintos sectores, incluido el empresarial del puerto, quienes en
una postura similar a sus homólogos de los CCE de Tijuana y Mexicali, pidieron
a De la Rosa atender el asunto de los retenes y regresar los filtros de
seguridad en carreteras, ya que les brinda una percepción de mayor seguridad,
según comentó el dirigente del CCEE, Wenceslao Martínez Santos.
En el municipio de
Rosarito, las autoridades municipales también han declarado públicamente haber
solicitado al Ejército la reposición del puesto de revisión eliminado en
Popotla.
A consideración de
Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Pública en el quinto municipio,
el retén militar que estaba instalado “es un punto de revisión muy importante,
la asistencia militar es muy importante en esa zona, que sabemos, es un punto
de conflicto por su cercanía con la zona costera. Le hemos pedido a la zona
militar su colaboración para la reinstalación y están en ese proceso, nos
habrán de informar cuándo lo podrán reinstalar”.
De igual manera,
Castro informó que no fueron tomados en cuenta para retirar el retén, ya que se
trata de una decisión “absolutamente independiente” de la SEDENA.
Mientras en Mexicali
la petición fue reinstalar el puesto militar que se localizaba en la carretera
de San Luis Río Colorado a Mexicali, apenas cruzando el puente, del lado
bajacaliforniano, en los últimos quince años, la primera y obligada parada era
en el retén militar del poblado Miguel Alemán; punto de revisión que
desapareció el 15 de enero, ahora solo quedan las rústicas y vacías
instalaciones, resguardadas por unos cuantos militares a bordo de dos vehículos
tipo Hummer camuflados.
“Me parece muy
extraño, no hubo información cuando lo cerraron, ni el motivo del cierre”,
mencionó el empresario cachanilla Ángel Sáizar, ex líder del Consejo
Coordinador Empresarial, en cuyo periodo al frente del organismo, se
caracterizó por su insistencia en la agilización de las revisiones en retenes
instalados en toda la región.
“Claro que no fuimos
tomados en cuenta”, sostuvo por su parte
el alcalde mexicalense Francisco Pérez Tejada, quien también ha sido insistente
-desde su época de dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación- para la agilización en las revisiones en los retenes,
recordando cómo en el caso del Centinela hubo meses en que autos -sobre todo
tracto camiones- debían esperar horas para ser revisados.
“Siempre ha sido
controversial ese tema, pero creo que la revisión siempre tiene que estar, la
presencia de los militares es importante”, afirmó el alcalde cachanilla, quien
considera necesaria la presencia de militares en la región, aunque no se tengan
datos concretos en cuanto a la efectividad de esa estrategia.
SEGURIDAD: EL RECLAMO
“A Baja California
le ha tomado varios años nivelar las condiciones de seguridad, donde ya se
puede respirar un ambiente diferente. Tenemos una distinción con otros estados
que enfrentan problemática mucho mayor”, expuso el presidente estatal del CCE,
Carlo Bonfante.
“Sé que habrá
personas de la rama turística que argumenten el efecto de que lleguen los
visitantes y vean guardias (en los retenes), pero a gran parte de la población
también les da la seguridad de que los filtros en las ciudades están siendo
vigilados, y es más difícil la penetración de gente con armas y otra mercancías
ilícitas, que si no hubiera retenes”.
El representante de
los empresarios recordó que como sector, ellos solicitaron específicamente dar
continuidad al trabajo de la administración anterior (General Alfonso Duarte
Mújica). El General Gilberto Hernández les aseguró que no se iba a relajar la
seguridad.
“Si no se mantiene
en los niveles que tenemos, se nos puede descomponer muy fácil la situación del
ambiente, desarrollo económico, atracción de inversiones, turismo y todo lo
demás, eso no tiene vuelta de hoja. Pedimos y pediremos que sigan trabajando el
mismo modelo, y si no lo conseguimos, vamos a insistir”, advirtió el líder de
los empresarios en la entidad.
A pregunta expresa y
en coincidencia con el sector empresarial y las versiones públicas de la
Procuraduría del Estado, Alberto Capella reconoció el flujo de droga como la
principal causa de los esquemas de violencia en Tijuana y en el estado, de por
lo menos el 80 por ciento de los homicidios violentos y de un altísimo
porcentaje de los robos.
Incluso, aunque el
licenciado Capella no lo admite, ZETA pudo conocer que sus directores
operativos le han manifestado que la droga está llegando en grandes cantidades
en camino libre a Tijuana, por lo que existe la necesidad de instalar retenes
en los accesos. De no hacerlo el Ejército, la Policía Municipal deberá llevarlo
a cabo, antes de que el problema detone.
“Si lo que se va a
hacer es modernizar los otros retenes, pues perfecto”, citó el empresario
mexicalense Ángel Sáizar, quien cuestiona si ese retiro implica implementar
otras medidas, como el uso de inteligencia o de mecanismos para sellar las
cajas de tracto camiones, geoposicionadores satelitales, o revisiones en el
proceso de carga de los camiones, por citar algunos.
CONTRA LOS PUESTOS MILITARES
A la fecha, los
sectores que han manifestado oposición a los retenes, son los incorporados a la
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y los turisteros. Los
primeros argumentando la pérdida de tiempo y dinero; los segundos, la
afectación de la imagen, pérdida de tiempo y malos tratos.
CANACAR ha puesto
como ejemplo el retén de control militar Cucapah, ubicado en el Kilómetro
176.5, entre San Luis Río Colorado, Sonora, y Mexicali, Baja California, donde
estiman que las filas hacen perder al sector transportista por lo menos un
promedio de 2.1 millones de pesos diarios.
Precisamente ese
retén, registra uno de los más altos índices de decomiso en la zona. El más
destacado recientemente, fue el aseguramiento de 572.610 kilogramos de cocaína y 4.7 de heroína, el 2
de febrero. La droga iba escondida en un cargamento de tomates.
“Sí nos tendrían que
informar si realmente vale la pena de que estén ahí, en el sentido de cuantos
decomisos han tenido en el año, qué tan efectivos son. Son temas que tendríamos
que revisarlo”, declaró al respecto el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez
Tejada.
En ese punto es
pertinente agregar que recientemente, el gobierno de Estados Unidos envió un
comunicado a las agencias de comercio exterior en Baja California,
notificándoles del incremento en el uso de camiones de carga para cruzar droga
por las garitas fronterizas. Recomiendan establecer mecanismos de revisión y
análisis concienzudos de los antecedentes, así como del funcionamiento de las
empresas, de sus clientes, socios, contratistas y subcontratistas.
Para concluir, el
empresario Ángel Sáizar consideró que dentro del análisis debe retomarse el
modernizar la operación de los retenes y dignificar el trato a los soldados que
padecen condiciones climáticas de verano, el frío invierno, vientos y lluvias
en instalaciones inadecuadas.
Por su parte, el
actual líder del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jonathan Díaz,
sintetizó desde una postura de mundo ideal: “Cuando vemos que en el tema de
seguridad se va avanzando, una buena señal es que se retiren los retenes”, y
agregó que esa eliminación debería ser resultado de una demanda ciudadana, para
después advertir:
“Hay que ser
realistas, sabemos que la droga fluye mucho, y sabemos de los grupos armados,
por lo que los retenes se han transformado en un mal necesario”.
(SEMANARIO ZETA/ ZETA Investigaciones/ abril 1, 2013)
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