Rosalía Vergara/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Al iniciar su visita por el país, el Relator Especial sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns,
conoció el primero de muchos casos con los que se topará en su recorrido por
los estados de Chihuahua, Guerrero y Nuevo León.
Se trata del caso de
Joaquín Figueroa Vázquez, un mecánico que trabajaba desde hace 20 años en la
empresa Construcción Santa Clara SA de CV y Triturados Río Seco SA de CV que
fue acribillado, junto con 10 personas más, por elementos del Ejército el 17 de
junio de 2011 en la carretera federal Xalapa-Veracruz. Inicialmente, las
víctimas, todos civiles, fueron confundidos con sicarios.
En una carta
abierta, Janet Figueroa, hija de Joaquín, dice:
“Como era costumbre,
él viajaba desde la ciudad de Xalapa al municipio que le fuera asignado para
reparar la maquinaria pesada de las empresas, desde dos semanas antes le había
sido asignada la localidad de Chichicaxtle, ubicada a 45 minutos de la capital
del estado”, dice la carta.
La información
recabada por Jennifer es que ese viernes por la tarde viajó con su jefe, Raúl
Tecate, y el laboratorista Tito Landa Argüelles a Xalapa, para recoger el
dinero de la nómina de pago. Se transportaron en una camioneta marca Mitsubishi
modelo 2009 tipo pick up L200 dísel, doble cabina, color blanco, placas
XN-11-780 de Veracruz, propiedad de las empresas citadas.
“Esto es de lo único
que tenemos certeza, porque después de casi dos años de pedir justicia, el
esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, no hemos tenido
respuestas a los cientos de preguntas que nos roban el sueño ¿Por qué nos
entregaron un cuerpo desnudo, golpeado, moreteado, con la barbilla y la nariz
rotas? ¿Por qué un proyectil de arma de fuego en la nuca le arrebató la vida?
¿Por qué tenía tantos impactos de arma de fuego en el cuerpo? ¿Por qué nos
mostraron las fotografías de once sicarios y él se encontraba entre ellos,
junto con Don Tito y el ingeniero? ¿Por qué estaba en una camioneta negra
cargando una R15, con Don Tito al lado portando una AK47? ¿Por qué los dueños
del poder inmediatamente declararon que eran delincuentes, criminalizando la
vida de hombres ejemplares?”, se pregunta.
Ante tantas
preguntas, Jennifer y familiares de las víctimas decidieron indagar la realidad
de los hechos.
Interpusieron una
demanda por homicidio en la Procuraduría General de Justicia del estado de
Veracruz, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un
informe a organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin
resultados.
Por eso, escribió
esta carta pública, para responder a quienes criminalizaron a estos
trabajadores.
“Nosotros les
respondemos: después de ser atacados con toda la fuerza que les permite ser
dueños de la infraestructura y la información, y que posibilitó hacer públicas
sus declaraciones en donde los nuestros fueron declarados culpables sin un
proceso legal; después de utilizar al apoderado legal de las empresas como
intermediario para hacernos llamadas telefónicas advirtiéndonos de las
represalias para nosotros y nuestras familias.
“Después de
convencer a nuestro primer abogado, un ex funcionario público del estado, de
entregar en charola de plata nuestro caso; después de intentar por todos los
medios posibles hacernos llegar medio millón de pesos, que fue en lo que
valuaron la vida de mi padre y de Don Tito; después de poner todas las trabas
posibles ante la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal y federal, y con
ello pretender pisotear uno más de los derechos de nuestros padres como
trabajadores; después de tener automóviles parados frente de nuestros hogares,
sin placas, durante dos o tres horas.
“Después de
pretender dejar claro quién manda, con la muerte de una inconforme como la
periodista Regina Martínez que nos apoyó diciendo la verdad; después de la
persecución, la represión, el amedrentamiento, los puntapiés que nos hicieron
abandonar nuestra tierra y sobrevivir a su embate para seguir luchando, en otra
ciudad lejos de nuestro hogar y rumiando la soledad y el dolor, seguimos
esperando respuestas al ¿por qué?, ¿en dónde?, ¿quién?”.
Pese a todo esto,
los inconformes, a través de la carta de Jennifer, dejaron en claro: “No nos
vendemos, no nos rendimos, no claudicamos”.
(PROCESO/Rosalía Vergara/ 22 de abril de 2013)
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