Gloria Leticia Díaz/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Representantes de organizaciones no gubernamentales denunciaron un
sinfín de casos de impunidad y abusos ante el relator especial de Naciones
Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof
Heyns, con quien se reunieron el pasado domingo.
El relator llegó a
México la madrugada del sábado 20, y al día siguiente se entrevistó con
defensores de mujeres, de los derechos de los niños, de periodistas, de
migrantes y peticionarios de la intervención de ONU en casos específicos.
“El relator trae un
mandato muy amplio sobre ejecuciones extrajudiciales y también sobre amenazas,
sobre todo de periodistas y activistas, porque son el preludio de asesinatos”,
comentó en entrevista Agnieszka Rascynska, secretaria ejecutiva de la Red de
Defensores de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Édgar Cortez, del
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quien participó en
el encuentro con el relator en la presentación del panorama general, sostuvo
que la visita de Christof Heyns permitirá profundizar en el registro de las
violaciones a derechos humanos que dejó el gobierno de Felipe Calderón.
Recordó que
precisamente durante el sexenio de Calderón, la administración panista puso
trabas para concretar la visita de la relatoría, entonces representada por
Phillip Alston.
“Después de muchos
años de que las organizaciones solicitáramos la visita, el gobierno de Calderón
iba posponiendo y posponiendo hasta que, en un cálculo político, su
administración dio fecha al nuevo relator para venir cuando ya no estuviera en
el poder, lo cual no le quita responsabilidad al nuevo gobierno de atender las
recomendaciones que hará el relator de ONU”.
Cortez señaló que la
reunión de las ONG con el relator “permite dar elementos de algunos temas de
preocupación, como es la cifra de 100 mil muertos durante el sexenio anterior,
así como en que la mayoría de los casos no hay investigación para determinar
que muchas de esas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales”.
Otro punto que se
trató fue el de las desapariciones de mujeres jóvenes y “el crecimiento del
feminicidio; esta realidad se ha ido haciendo presente en un mayor número de
entidades del país, pues a Chihuahua o el Estado de México ahora se suman
Morelos, Hidalgo y Guanajuato, donde incluso se ha exigido que se emita una
alerta de género”.
Además, sostuvo que
entre los temas que Christof Heyns tiene muy presentes en su agenda destaca el
de los defensores de derechos humanos asesinados.
Todo ello forma
parte del “escenario de la impunidad en México, sin dejar de reconocer
reformas, como la constitucional en materia de derechos humanos, en justicia
penal y la nueva la Ley de Amparo, modificaciones algunas en proceso de
implementación, y otras que hasta ahora no se han traducido en un incremento de
la efectividad de investigación de las circunstancias de estos homicidios”.
Entre los temas de
interés del relator también resaltan los de migrantes, asunto que cobró
relevancia internacional luego de la matanza de 72 indocumentados en San
Fernando, Tamaulipas, apuntó Ana Lorena Delgadillo, de la Red Verdad y
Justicia.
La defensora sostuvo
en entrevista que la vulnerabilidad de los migrantes se puso a la luz entre
organizaciones internacionales “en el sexenio pasado, no porque antes no
hubiera migrantes muertos o desaparecidos, sino porque en el sexenio de
Calderón se puso en evidencia la participación de agentes del Estado”.
Por ejemplo,
argumentó, “hubo policías municipales y estatales involucrados en las matanzas
de Tamaulipas, descubiertas por las fosas clandestinas, en una zona en la que
había un gran despliegue de fuerzas armadas”.
Delgadillo explicó
que el trato discriminatorio hacia los migrantes, que tiene su punto culminante
con la muerte de cientos de personas, algo que “únicamente es posible por lo
menos por la aquiescencia del Estado”, se continúa dando a pesar del cambio de
gobierno porque no se hacen las investigaciones respectivas.
Peor aún, acusó, a
los familiares de los migrantes “se les ha negado el derecho a la verdad, pues
el gobierno ha cremado restos de personas migrantes o entregaron restos de
manera equivocada”.
La defensora recordó
que, en el caso de los 72 masacrados en San Fernando, la Procuraduría General
de la República (PGR) ha negado los expedientes a la Red Verdad y Justicia, a
pesar de que representa a los familiares de los migrantes y de que esta situación
ha sido denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Otro de los temas
abordados fue el del caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
José Francisco
García Quintana y Manuel Rodríguez Amaya, del Movimiento 5 de Junio, presentaron
a Christof Heyns una relatoría de la situación jurídica del caso, en el que las
autoridades mexicanas de los tres niveles “lejos de procurar justicia, han
venido haciendo control de daños, esto es, reduciendo el número de
responsables. En el ámbito estatal a sólo 13 personas, todas ellas funcionarios
menores, y de los últimos niveles del gobierno de Sonora y del municipal de la
ciudad de Hermosillo, y en el fuero federal a únicamente cinco empleados de
menor jerarquía de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro
Social”.
En rueda de prensa,
Quintana y Rodríguez expusieron que el relator se vio muy interesado por el
tema que conmocionó a México en 2009, cuando un incendio en la guardería ABC
dejó un saldo de 49 niños muertos y 80 con lesiones graves.
Luego de solicitar
la mediación del relator para exigir justicia al Estado mexicano, también
demandaron su intervención para que el asunto sea tomado con seriedad por
algunas de las oficinas de la ONU a las que han acudido los padres de las víctimas.
En el escrito, los
representantes del Movimiento 5 de Junio informaron que en enero de 2010
enviaron un escrito al relator especial de la ONU sobre el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand
Grover.
En junio del mismo
año recurrieron al Comité de Derechos del Niño; en agosto de 2010 se entregó
otro documento a la exalta comisionada adjunta para los Derechos Humanos,
Kyung-wha Kang.
En mayo pasado
solicitaron audiencia con Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, después
que la UNICEF entregara un reconocimiento al gobierno de México por el número
de guarderías en el país, en tanto que el 25 de junio de ese mismo año se
solicitó a este último organismo una cita y la revocación del premio,
“Hasta ahora no
hemos tenido respuesta de (las oficinas) de la ONU, a excepción de UNICEF en
México, pero confiamos en que el relator lleve estas observaciones a alguna de
las oficinas que quiera tomar el caso”, puntualizó García Quintana.
Este lunes el relator
Heyns continúo con su agenda de encuentros con funcionarios de Relaciones
Exteriores y Gobernación, así como de la PGR.
(PROCESO/ Gloria Leticia Díaz/ 22 de abril de 2013)
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