Se refuerza la hipótesis de amasiato entre policías y
delincuentes
Luis Fernando Nájera/Riodoce
El asesinato a
sangre fría —ocurrido a corta distancia del blindado Palacio Municipal de
Gobierno— del ex subdirector operativo de la Policía Municipal en Ahome,
Nicolás Galaviz Vázquez, la liberación de un joven con visibles huellas de
tortura tras 13 días de cautiverio clandestino, y las seriales privaciones
ilegales de la libertad de varias personas, jóvenes principalmente, reforzaron
aquí la hipótesis de que las corporaciones policiales podrían confabularse con
criminales para dejarlos operar abiertamente.
Y es que los
comandos operaron con toda libertad, facilidades e impunidad. Tras reportarse
los hechos, la Policía Municipal simuló búsqueda de los ofendidos y persecución
de los responsables, mientras que la Policía Ministerial del Estado no movió a
un solo elemento para las indagaciones de los hechos, exceptuando la toma de
nota del caso. Por tal pasividad, ningún hecho ha sido indagado, mucho menos
castigado.
La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) se encuentra totalmente despistada, o así
lo aparenta estar, del origen de la ola violenta que terminó, en una de sus
fases, con el asesinato del ex jefe de la Policía, aunque investigaciones no
oficiales ubican a un grupo responsable: Los Morralitos, que pudieran ser una
ramificación del combatido y debilitado, pero no aniquilado, clan de Los
Mazatlecos, grupo leal a la triada Beltrán Leyva-Carrillo-Zetas.
Galaviz Vázquez, que
gozaba de una pensión por enfermedad contraída por años de servicio como agente
preventivo, fue asesinado a las 13:15 horas del miércoles 17 a sangre fría en
una parada momentánea de camiones ubicada en la calle Guillermo Prieto, entre
Tenochtitlán y Cuauhtémoc. El lugar se encontraba abarrotado de peatones y
automovilistas, pues era la hora de salida de los trabajadores y de estudiantes
del Colegio de Bachilleres 02.
El ex comandante
preventivo se había estacionado en el lugar en una vagoneta Toyota modelo 2007,
color blanco, propiedad de una constructora, en donde se contrató como
mensajero. No se percató cuando dos sujetos descendieron a su espalda de un
compacto blanco, lo rodearon, y a no menos de cinco metros de distancia
abrieron fuego con dos pistolas calibre 9 milímetros. Los disparos fueron
dirigidos a la cabeza y al tórax. De los 26 proyectiles disparados, 24 hicieron
blanco. Una sola bala traspasó la carrocería. Como daño colateral del ataque,
una joven estudiante resultó herida y otra, presa de la histeria.
Juan Francisco López
Leal, subprocurador regional de Justicia, declaró que no había pistas de los
dos asesinos, del origen del ataque, ni de quién lo había ordenado. Estaban
despistados.
No era el único caso
por el que la dependencia se encontraba atolondrada, pues tampoco sabía cómo el
joven Luis Antonio Valencia Camacho, de 22 años de edad, y quien vive en el
ejido Lousiana, la había librado, tras permanecer cautivo y bajo tortura
durante 13 días.
El muchacho fue
liberado el jueves 18 de abril en el dren Juárez, al poniente de la ciudad,
sumamente debilitado por la golpiza y esposado, con los brazos en la espalda.
Unos patrulleros lo descubrieron en su tambaleante caminata, lo interceptaron y
trasladaron al hospital. Él había sido privado de la libertad el 5 de abril
cuando transitaba en una motocicleta prestada sobre la calle Hermenegildo
Galeana del fraccionamiento Álamos Country, por sujetos armados con fusiles,
“empecherados” y encapuchados.
Otro caso por el que
la PGJE se encuentra también desorientada es el asesinato del pescador Luis
Isaías Ochoa Gaxiola, el Loco Bombas, de 30 años, y cuyo cuerpo inmovilizado
con cinchos plásticos fue encontrado con disparos de arma de fuego flotando en
el canal Sicae, el viernes 12 de abril, un día después de haber sido privado de
la libertad en Las Grullas Margen Izquierda. Luis Isaías tuvo el mismo destino
y trágico final que su cuñado, muerto dos años atrás, en similares
circunstancias.
No es todo porque
igualmente se encuentra aturdida la PGJE con el caso de Juan Quezada, el
Maniaco, de 23 años de edad, a quien un comando se lo llevó de la colonia 12 de
Octubre, así como en el asunto de un vendedor de carros que fue levantado de la
alameda Mochis-Topolobampo.
Por todos los casos
de privación ilegal de la libertad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no
ha recibido una sola queja. “Excepto por los medios de comunicación, nosotros
no tenemos queja, denuncia o reporte de desapariciones”, afirmó María Aracely
Sepúlveda Sauceda, visitadora de la zona norte.
Martín López Félix,
presidente de la Asociación de Abogados Roberto Pérez Jacobo, consideró que la
logística, estrategia y táctica de los perpetradores de asesinatos y levantones
no habrían tenido éxito si la Policía hubiese actuado, “pero aquí hay una
evidente confabulación entre ambos”.
SEMANA DE LEVANTONES
— 3 denuncias indaga
la PGJE.
— 6 reportes de
levantones recibió la PM.
— 1 denuncia por
ausencia investiga la PGE.
— 0 quejas recibió
la CEDH.
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