Redacción
MÉXICO, D.F.
(apro).- Las comunidades michoacanas de Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo y
Orúscato se sumaron a las 40 poblaciones indígenas de la entidad que en los
últimos meses adoptaron el esquema de guardias comunitarias para protegerse de
grupos del crimen organizado.
De acuerdo con José
Salas Valencia, alcalde de Los Reyes –municipio al que pertenecen los cuatro
pueblos–, pobladores reportaron en la comandancia de Policía que desde ayer
observaron a civiles armados custodiando los accesos de sus comunidades.
“Desconocemos el
origen de estos grupos, si son gente relacionada con la delincuencia o si se
trata de personas de la comunidad que han decidido conformar su guardia
comunitaria”, comentó Salas Valencia en entrevista telefónica.
El alcalde panista
informó que ya dio a conocer el hecho al gobierno del estado de Michoacán para
que, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de
Justicia, tome cartas en el asunto.
Apenas la semana
pasada, el Ejército mexicano desmanteló un grupo de autodefensa que llevaba dos
semanas operando en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de
Apatzingán.
Las autoridades
federales determinaron que esa presunta policía comunitaria tenía vínculos con
el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ligado con el capo sinaloense Joaquín El
Chapo Guzmán.
En enero pasado se
dio a conocer que, ante el abandono de las autoridades, aproximadamente 40
poblaciones indígenas del estado de Michoacán determinaron adoptar el esquema
de guardias comunitarias.
Uno de los casos más
sonados es el de Urapicho, comunidad indígena ubicada en el municipio de
Paracho.
En agosto de 2012
los gobiernos estatal y federal instalaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM)
a cambio de que los indígenas levantaran los retenes civiles que habían instalado
en las entradas de su comunidad y depusieran sus armas.
Los habitantes
accedieron y permanecieron en paz con la presencia de militares y policías
federales y estatales, pero su tranquilidad se terminó, luego de que en enero
pasado la BOM fue retirada de la zona.
A falta de policías,
los comuneros retomaron sus armas y reinstalaron las guardias comunitarias. El
ejemplo fue retomado por alrededor de 40 comunidades más, casi todas de la
región Oriente de Michoacán. Los habitantes de esas poblaciones buscan no sólo
mantenerlas, sino expandirlas y que sean legalmente reconocidas.
Alejandro Avilés
Reyes, secretario de Pueblos Indígenas en el estado, comentó en esa ocasión que
se buscará que en la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución
de Michoacán en materia indígena, se reconozca a las guardias comunitarias.
El funcionario
reconoció que se ha retomado esa vieja práctica en poblaciones donde ésta ya
había quedado atrás, luego del saqueo de los recursos naturales, actividad que
ahora está ligada también a grupos de la delincuencia organizada.
Puso como ejemplo
justamente el de la comunidad de Urapicho, que reinstaló sus barricadas como
mecanismo de autodefensa luego del retiro de la BOM.
“Ellos tienen un
temor de que pudieran ser atacados, dado que uno de los personajes que
supuestamente era el que comandaba todo en la región apareció muerto por ahí”,
justificó.
Avilés Reyes subrayó
que hasta el momento esas guardias comunitarias no son legalmente reconocidas
por el gobierno, pero consideró que eso cambiará una vez que se concrete la
elaboración, aprobación y publicación de la ley reglamentaria a la reforma que se
aplicó a la Constitución del estado en materia indígena.
En enero pasado, el
funcionario entregó al secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García,
un documento en el que varias comunidades solicitaron el retorno de la BOM
retirada de Urapicho.
Además de esa
localidad, el texto fue signado por representantes de los pueblos de Ocumicho,
Cocucho, Nurío, San Felipe de los Herreros, Paracho, Aranza, Cheranástico,
Comachuén, Turícuaro, Aratepakua, Quinceo y Pamatácuaro.
Urapicho, junto con
Cherán, eran las únicas comunidades de la región Purépecha, hasta ese momento,
que mantenían el esquema de las guardias comunitarias, pero alrededor de 37
poblaciones indígenas del oriente del estado replicaron esa forma organizativa
de defensa civil.
(PROCESO/ Redacción/ 11 de marzo de 2013)
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