Si bien el gobierno federal prometió eliminar los
monopolios y los poderes fácticos en las telecomunicaciones, la reforma
constitucional en la materia, cuya iniciativa aún no se presenta, podría acabar
en una “gran simulación” o bien ser una transformación histórica. Por ello los
principales actores de ese drama –Televisa, TV Azteca y Telmex– mueven sus
piezas y cabildean en el Congreso. Está en juego el predominio en el sector con
mayor crecimiento económico anual.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Con más de un mes de retraso en la presentación de la iniciativa,
la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión podría derivar en
una “gran simulación” para favorecer el poder del presidente de la República
por encima de los concesionarios, en una “transformación histórica” del sector
con mayor crecimiento anual en la economía o en un complicado proceso
legislativo que podría desembocar en una negociación entre el gobierno federal
y los poderes dominantes del sector, especialmente Televisa y Telmex.
Así lo expresaron
los legisladores implicados en la negociación, los especialistas que han estado
cerca del proceso de elaboración de los documentos –seguido a puerta cerrada– y
así se deja entrever en las múltiples versiones de los documentos previos que
han circulado, cuyas copias obtuvo Proceso, donde los temas delicados se hallan
“entre corchetes”.
La reforma pone en
juego la apertura real a la competencia de un sector que está en manos del
duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca concentran 92.33% de las concesiones)
y de un actor dominante en telefonía fija y móvil (Telmex-Telcel) que quiere
participar en el mercado de contenidos y televisión; un sector, en suma, con
enorme rezago en materia de internet y nuevas tecnologías: más de 35 millones
de mexicanos no tienen acceso a la banda ancha, sólo tres de cada 10 hogares
tienen una computadora y 78% de los hogares carece de internet.
Además el gobierno
de Enrique Peña Nieto –a quien se acusa de ser un político telefabricado– se
comprometió desde su toma de posesión a eliminar los monopolios y los poderes
fácticos, así como a abrir la competencia en este sector, después de la
emergencia de un movimiento social que desde la campaña de 2012 demandó la
democratización de los medios. Diez de los 95 compromisos del Pacto por México
están relacionados con la reforma al sector de telecomunicaciones y de medios
electrónicos.
“El gobierno busca
introducir regulaciones asimétricas para las empresas de telecomunicaciones y
quiere reforzar las atribuciones del órgano regulador, la Cofetel”, advirtió
desde enero el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; pero los integrantes del
Pacto por México, en especial los negociadores del PAN y del PRD, han insistido
en avanzar más allá de los “cambios cosméticos”.
En el camino la posición
de los panistas se ha dividido a raíz de las fracturas internas en el PAN, que
perdió la Presidencia en 2012. El dirigente nacional de ese partido, Gustavo
Madero, le ha apostado su futuro a la concreción de esta reforma y presiona
para que la iniciativa se apruebe y discuta originalmente en la Cámara de
Diputados, no en el Senado.
Las propuestas
iniciales y los cambios más radicales han sido introducidos por los
negociadores del PRD (Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Alejandra
Barrales, Eloí Vázquez y Pablo Gómez), con la asesoría de la diputada federal
Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y redactora de las
partes más delicadas del borrador.
Por el PRI la
interlocución la lleva el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta
Sánchez, ex alcalde de Colima, y algunas de las propuestas y observaciones que
se mantienen “en corchetes” son del senador y abogado Raúl Cervantes Andrade.
La última versión
del borrador negociado entre los integrantes del Consejo Rector del Pacto por
México, cuya copia obtuvo Proceso, anuncia cambios importantes en por lo menos
10 puntos considerados ejes de una transformación radical en el sector.
Estos son: La
creación de un órgano regulador con autonomía constitucional, incorporar el
must offer y el must carry gratuitos a la Constitución (en oposición a los
intereses de Televisa y TV Azteca), poner límites a la concentración de algún
agente del sector (no más de 40 a 50%), abrir la competencia con nuevas
licitaciones en la banda 700 Mhz y en televisión digital abierta, crear el
organismo responsable de los medios públicos (Sistema Nacional de Radio y
Televisión), permitir hasta 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones
y hasta 49% en radio y televisión, aplicar medidas de “desagregación” en
telefonía e internet fijos para el agente dominante (con clara dedicatoria a
Telmex), así como “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda
presentada como información periodística o noticiosa”.
Aún falta una última
y definitiva revisión este fin de semana en el Consejo Rector del Pacto por
México. Los temas más delicados siguen siendo el órgano regulador, el must
carry y los límites de dominancia, así como la posibilidad de autorizar la
multiprogramación a las compañías televisivas dominantes.
Ifetel, la discordia
La creación del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como nuevo órgano regulador
del sector es el tema central. Éste tendrá autonomía constitucional con
facultades para otorgar y revocar concesiones (en lugar del Ejecutivo federal,
como ahora) y estará integrado por siete comisionados designados de forma
escalonada a propuesta del presidente de la República y con la ratificación del
Senado.
La conformación de
este nuevo órgano regulador constituye el principal punto a discusión entre los
concesionarios de radio y televisión, las empresas telefónicas, algunos
legisladores del PAN y del PRI y sectores del gobierno federal que se oponen a
la creación de una nueva entidad. A cambio plantean reforzar las capacidades de
la Comisión Federal de Telecomunicaciones y mantener la facultad del Ejecutivo
federal de otorgar, refrendar y modificar las concesiones.
Licitaciones, nuevas cadenas, internet
Otro de los
artículos transitorios del documento preliminar de la reforma establece que en
un plazo “no mayor de 180 días naturales” el Ifetel publicará las bases y
convocatorias para licitar “nuevas concesiones de frecuencias de televisión
radiodifundidas que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos
nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional”.
No podrán participar
los concesionarios que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios
de radiodifusión. El ordenamiento aclara una discusión previa: Si las cadenas
eran regionales o nacionales. En la Cofetel se generó esta discusión en los
últimos meses. Según el borrador de la reforma, serán nacionales.
En el mismo plazo el
nuevo órgano regulador deberá integrar y constituir el Registro Público de
Concesiones para eliminar la discrecionalidad y opacidad actuales.
Fragmento del reportaje
que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Jenaro Villamil/ 11 de marzo de 2013)
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