Interviene Segob en caso “Carrasco” y el millón que se
esfumó
Luis Fernando Nájera/Riodoce
La Secretaría de
Gobernación puso sus ojos en la protección del Gobierno de Sinaloa a policías
acusados de delitos y cuyas denuncias no prosperan por la protección del
procurador Marco Antonio Higuera Gómez.
La intervención de
la Segob es sobre la averiguación previa 88/2012 y en la que Juan de Dios
Juárez Borboa acusó el jefe preventivo, Jesús Carrasco Ruiz, del robo de más de
un millón de pesos, en marzo del 2012.
La notificación fue
realizada al propio ofendido vía correo electrónico el viernes por la tarde.
Odeth Guadalupe Mora
Hernández, coordinadora de Control de Gestión y Relaciones Públicas del
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong remitió a Juárez Borboa el
oficio 102 bajo folio 208, en la que le informa que su caso fue turnado a la
Subsecretaría de Gobierno bajo el volante UCG/000781/2013, con el folio 001105.
El caso, le dicen, quedó en manos de la maestra Ana María Moreno Sierra, con
quien debe de comunicarse.
Juárez Borboa
denunció ante la Segob que en Sinaloa no se aplica la ley en forma pareja, y
menos a policías “recomendados” por el gobernador Mario López Valdez. Y
describió con lujo de detalles las intervenciones del procurador de justicia,
Marco Antonio Higuera Gómez, para trabar la investigación protegiendo el
inculpado.
“Entre más protejan
al que me robó el dinero de la familia, más arriba voy a ir. Si el gobernador
Mario López Valdez protege a policías rateros, debe ser de la misma calaña y
por lo tanto debe ser exhibido, lo mismo que su jefe de Justicia, Marco Antonio
Higuera Gómez. La solución es simple, que Carrasco me devuelva el dinero que
sacó de mi casa, y ya”.
Abogados. Para
abogados colegiados de esta ciudad, la Procuraduría General de Justicia del Estado
es criminal pues simula investigaciones, promueve la impunidad, fomenta la
corrupción, impulsa el abuso policial, protege a desalmados y organiza eventos
“patito” para el halago, coba y adulación del jefe: Marco Antonio Higuera
Gómez.
En tanto, particulares
festejaron, con pastel de por medio, un año de impunidad. Y es que Juan de Dios
Juárez Borboa, agricultor del ejido Plan de Guadalupe, no ve que avance la
averiguación previa 88/2012 que se encuentra bajo la dirección del procurador
por el robo de más de un millón de pesos por el jefe de la Policía Municipal de
Ahome, Jesús Carrasco Ruiz. Y esta ya cumplía su primer año “congelada”.
El bizcocho era de
vainilla, de media plancha. Estaba decorado con una gran rata, gris, gorda,
rechoncha, coluda, sonriente. No bautizaron al roedor caricaturizado, ni le
pusieron vela. Tampoco hubo buenos deseos. Mucho menos piñata ni dulces.
Martín López Félix,
presidente de la Asociación de Abogados Roberto Pérez Jacobo, criticó la nueva
versión de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que más que
avanzar se retrocedió. Pasó de ser justicia para todos a impunidad para todos;
en todo es mera simulación, pose política, para la nota, para la foto, pero
nada más, dijo.
Afirmó que un
ejemplo claro de la simulación, de la ineficiencia, ineptitud, inutilidad,
incompetencia de la institución, son los centenares de delitos que no se
esclarecen.
Y peor aún, afirma
el abogado, un caso claro y a ojos de cualquiera es que la Procuraduría se ha
privatizado pues con la creación de nuevas agencias se favoreció al despacho de
Higuera Gómez. Un caso en particular lo es la Agencia Especializada en Contra del
Narcomenudeo, que ha sido vedada para abogados postulantes y concesionada a los
socios del procurador. “Ahí nadie entra, excepto con la charola del procurador.
Los abogados lo saben, pero temen denunciarlo, porque se les vetará el derecho
al trabajo o a la representación legal en todas las agencias del fuero común.
Ahora es PGJE S.A.”.
Otro caso grave de
impunidad son los asesinatos de licenciados en derecho, porque el
esclarecimiento de los crímenes de abogados, que ninguno se ha resuelto, ni los
recientes, ni los pasados, es letra muerta.
“Francisco Javier
Rubio Aboyte fue asesinado en el 2012 y nadie protestó. A la Procuraduría le
conviene ese silencio porque nadie la cuestiona. Ese mismo silencio ocurre
ahora con la muerte del abogado Juan Ramón Fuentes Campas, de 58 años de edad”,
afirma.
La Federación de
Abogados fue alquilada por el Gobierno del Estado para tener un aliado
corrupto, comprar silencio gremial. “Todos sabemos que al presidente se le da
dinero para que calle, para que promocione al Gobierno, sea su patiño, su
cómplice, tapadera”.
El crimen de Fuentes
Campas está cubierto de sospecha y podría ser un asesinato de Estado, afirmó,
porque este no tenía enemigos, ni litigaba asuntos peligrosos, de delincuencia
organizada.
Lo más grave que
representaba era el caso entre el particular Juan de Dios Juárez Borboa en
contra del jefe interino de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, por el
robo de un millón de pesos en un operativo policial realizado en marzo del
2012, y en el cual no hay avance.
El mismo ofendido,
en la sesión de la asociación, confirmó que Fuentes Campas era su abogado y que
días antes de ser asesinado se trasladó a Los Mochis para intentar convencer a
los testigos de que declararan en el caso del robo del dinero. Los encontró,
platicó con ellos, pero no los pudo convencer porque saben que la Policía de
Los Mochis asesina para callar testigos.
“Y ahora le toco a él”.
Un año después de
que el jefe de la Policía Municipal allanara su casa, lo agrediera y le robara
el dinero, producto de un año de trabajo en la parcela, la averiguación previa
88/2012 no tiene avance, afirmó.
“Es más, todavía no
puedo comprobar contablemente que gané ese dinero, porque las auditorias que el
Sistema de Administración Tributaria me acepta y me exige realizar, no son
aceptables para el Ministerio Público del Fuero Común. No pues, con esa necedad
no se puede”.
Incluso denunció que
acreditar que existía como persona, aunque lo hubiesen tocado, fue complicado,
y más problemático fue acreditar que tenía casa en el ejido.
“Para nosotros nos
salió peor que el procurador Marco Antonio Higuera Gómez se interesara en el
caso, porque se convirtió en un estorbo, un obstáculo, una muralla, y
finalmente en un fastidio. Si ese fue su papel en el asunto, la actuación es de
premio”.
Pese a la actuación
tan ruin que la PGJE está realizando en su averiguación, no se dará por vencido
y continuará hasta llevar a juicio a Carrasco Ruiz, pues ni el procurador, y
mucho menos el gobernador, lo podrán proteger eternamente.
Ficha
Averiguación Previa: 88/2012.
Fecha: marzo 2012.
Delito: robo, abuso de autoridad.
Monto: un millón de pesos.
Acusado: Jesús Carrasco Ruiz.
Cargo: director de Policía en Ahome.
Ofendido: Juan de Dios Juárez Borboa.
Avance: ninguno
Estatus: congelada.
(RIODOCE.COM.MX/ Luis Fernando Nájera/ marzo 10, 2013)
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