INDOLENCIA EN HOSPITALES PÚBLICOS DE BAJA CALIFORNIA

Impunidad en investigación de muertes por negligencia médica

Sometidas a operaciones para no volver a procrear más hijos sin que su voluntad sea tomada en cuenta, abandonadas en el momento del alumbramiento por personal desidioso que lo mismo altera un expediente médico que suministra medicamento aunque cause reacción alérgica en el paciente, son parte de las irregularidades que se cometen contra los pacientes de hospitales del sector salud de Baja California

María Isabel Mercado

Diversos testimonios recopilados por ZETA dan cuenta del calvario y la tragedia en que puede concluir uno de los momentos que debiera ser el de mayor fortunio para una madre, el nacimiento de su hijo.

Los hospitales públicos son los más demandados por irregularidades en el servicio, particularmente el Hospital General de Tijuana, pero su seguimiento se ve frenado ya por falta de gasolina que impide al agente de Ministerio Público realizar la diligencia correspondiente, ya por falta de equipo para sacar copias; cualquier pretexto es suficiente para apilar expedientes por negligencia médica que “duermen el sueño de los justos” en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La Comisión de Arbitraje Médico de Baja California (CAME), acéfala desde el 1 de enero de 2013, al abandonar el cargo Rodrigo Robledo Silva por reformas a la Ley, que ahora obliga que su titular sea médico general o cirujano; aunque la comisión tampoco ha destacado por su atención hacia los quejosos, aun cuando se conformó para ayudar a resolver conflictos derivados de una presunta o mala atención médica.

Así, con pocas opciones donde apoyarse para exigir justicia, quienes son víctimas de un mal servicio médico, acuden a la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH), instancia que solo en 2012 recibió un total de 36 quejas contra el Hospital General de Tijuana.

* 15 de estas denuncias son provocadas por negligencia del personal, desidia que podría haber causado la muerte de al menos dos pacientes, así consta en denuncias formales presentadas ante la PGJE.

* 36 quejas en miles de atenciones médicas que proporciona al año el Hospital General de Tijuana no es una nimiedad, “no cuando se trata de un hospital público, ni mucho menos cuando el reclamo deriva de una posible negligencia que causó la muerte de un ser humano”, dilucidó Isabel Herrera, Directora de Quejas de la PDH.

Además de alta, la cifra es recurrente a años anteriores, claro indicativo de que las autoridades del nosocomio no actúan en consecuencia para corregir las anomalías, “incluso ni responden los requerimientos que les hacemos en forma directa, solo hasta que elevamos el reclamo a una autoridad superior, obtenemos una respuesta”, añadió Herrera Covarrubias.

Pero la respuesta, además de lenta, no soluciona de raíz la problemática, por ello los reclamos se siguen sucediendo, en la misma proporción y por las mismas causas: negligencia médica, negligencia en atención, discriminación, inadecuada atención de infantes o falta de medicamentos.

Cruda experiencia

Con 41 semanas y dos días de embarazo Dayane Samayoa Clark, derechohabiente del Seguro Popular, acudió el 20 de octubre de 2012 al área de urgencias del Hospital General de Tijuana. Ella esperaba a su cuarto hijo, luego de un embarazo que, aparentemente, había transcurrido normal.

Portaba el resultado de un análisis practicado por un médico particular, mismo que entregó al médico Alejandro Guízar, que en ocho ocasiones la había atendido en el HG, en igual número de consultas.

El galeno del HG ignoró el  estudio, aun cuando en él se observaba la falta de líquido amniótico; también hizo a un lado la recomendación del doctor independiente de realizar una cesárea urgente. A la paciente le sugirió volver a su casa, no preocuparse y regresar al día siguiente a una consulta normal, “esos doctores solo alarman para que los pacientes se atiendan ahí y sacarles dinero”, le advirtió.

“Le hice caso y ése fue el peor error de mi vida”, relata Dayane, quién el 21 de octubre vuelve al Hospital General, para recibir la noticia de que su bebé estaba muerta. Llegó a las 2:00 de la tarde y ya no la dejaron salir, aun cuando ingresó se registró hasta el día siguiente cuando abandonó el nosocomio.

Ante la falta de contracciones y dolores de parto a las 9:00 de la noche de ese aciago 21 de octubre, le indujeron “el parto más doloroso que haya tenido”, recuerda. Un día después salió del hospital sin poder caminar, el bloqueo que le inyectaron y el uso de fórceps la habían lastimado, le diagnosticó días después un médico particular.

Ni el cuerpo de la bebé le querían entregar: “a mi esposo el personal del hospital le dijo que lo dejara ahí para que no gastáramos, que ellos se hacían cargo de todo”.

Hasta la funeraria les quería impedir que sacaran copia al registro de muerte de su hija, “a escondidas le sacamos copia al Certificado de Muerte Fetal”.

Entre las irregularidades incurridas en el Hospital General destacan el número de semanas de gestación, mientras en un reporte médico se indican 36.5 semanas, en el Certificado de Muerte Fetal refieren 39.

Luego de sepultar a su hija, acude a la Unidad de Atención y Orientación Temprana de  Zona Río a interponer una denuncia, pero no se la admiten, “me dicen que no se puede catalogar como negligencia médica porque yo tenía la opción de acudir a atenderme a cualquier otro lado”, comparte.

El 30 de octubre acude a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California (CAME), y aunque ahí prometieron darle seguimiento a su queja, el 16 de noviembre la respuesta fue desalentadora, “señora, no la podemos ayudar”, fue la resolución.

Fue entonces que decide pedir apoyo a la Procuraduría de Derechos Humanos, cuyo personal la acompaña a la PGJE, es entonces que en la agencia donde habían rechazado atenderla le reciben la denuncia, la cual se archivó bajo el expediente 11203/12/211/AP, bajo el seguimiento de la Unidad de Delitos de Homicidios Culposos, instancia que hasta la fecha no termina de integrar el expediente.

En el Hospital General de Tijuana el control natal también es impuesto en forma arbitraria, en plena labor de parto a las pacientes las obligan a firmar documentos en los que, sin ellas saberlo, están autorizando se practique la salpingoclasia, método anticonceptivo permanente.

“Aunque en las consultas previas uno diga que no desea operarse, una vez ahí nos operan sin considerar nuestra voluntad”, “en mi caso les informé que mi esposo ya se había hecho la vasectomía, que no la ocupaba y aun así me operaron”, se quejó Karen Casandra de Cárdenas, quien el 4 de febrero de 2013 tuvo a su hija en el citado nosocomio.

De hecho su alumbramiento le causó un desgarre vaginal “porque fue un camazo, así le llaman a los bebés que nacen solos, sin que ningún médico asista a las mamás, aun cuando el personal esté ahí y uno les pida ayuda”, señala.

Antes de que la bebé saliera expulsada de su vientre, Karen recuerda que el personal médico de la sala de ginecobstetricia cantaban las mañanitas a un doctor que en esa fecha cumplía años, por lo que la atención a las pacientes fue dejada de lado.

Programada para cesárea fue obligada a parto normal después de cinco días de vueltas en los que la pérdida de su expediente era la constante, al final se le reventó la fuente y su hija debía nacer sin cirugía de por medio “porque ese día no había anestesiólogo”, dijo.

“Pero si ni siquiera atendieron a una señora que se convulsionó hasta morir antes de tener a su hijo, ¿qué podía esperar yo?”, se cuestionó Karen.

También en el Hospital General de Tecate hay registro de quejas, como la muerte de la señora María Concepción Rodríguez Rodríguez, quien luego de 29 días de estar en coma falleció. Después del parto se le hizo un salpingo (método anticonceptivo) sin que ella, ni ningún miembro de su familia, lo autorizaran.

En un irregular parte médico fechado el mismo día del parto se añade que la paciente registró “reacción al dormicam (midazolam), depresión respiratoria a cargo de anestesia –reacción alérgica al dormicam”. Pero no obstante a ese diagnóstico, durante los cuatro días subsecuentes se le continúa suministrando el mismo medicamento.

Tras la muerte de su esposa, Ramón Vera Reyes presenta una denuncia ante la Agencia de Ministerio Público Receptora de Tecate, con la averiguación 2263/11/208/AP, al cual se le da poco seguimiento ya sea por falta de gasolina o copiadora, le indican al quejoso.

Durante un año ningún seguimiento tuvo su denuncia ante la PGJE, hasta hace unos meses el expediente fue rescatado del olvido. Urbina Jácome no solo logró obtener copia del expediente médico original de Concepción Rodríguez, sino que también encontró que los médicos que la atendieron, Adriana Hernández Armas, Mariano Valencia Oviedo y Luis Armando Guirado Duarte, carecen de Registro Estatal que los faculte para ejercer alguna profesión en el estado de Baja California.

En los casos de Dayane Samayoa, Karen Casandra y de la familia de Concepción Rodríguez, además de la amarga experiencia, la constante es la misma, no volverán a atenderse en el Hospital General, pues temen por sus vidas.

Consultado por ZETA, el doctor Jesús González López, presidente electo del Consejo Consultivo de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Tijuana, expuso que los pacientes están en todo su derecho de interponer denuncias formales o, como en el caso de la paciente Dayane Zamayoa, requerir la necropsia de la bebé, donde que se podrá establecer el grado de madurez fetal.

Para ello, anota, existe un peritaje médico legal que determina si hubo negligencia, omisión, ignorancia o exceso de confianza, las cuatro causas por las que ocurren accidentes dentro de la medicina.

Para González López en la actualidad no debería fallecer ningún bebé a causa de post madurez, “porque tenemos las herramientas para hacer un diagnóstico oportuno y evitar una muerte”.

Las estadísticas

Si la Procuraduría de Derechos Humanos documentó en el último año 36 quejas contra el Hospital General de Tijuana, la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California –actualmente sin un titular– registró en 2012, 368 casos de ciudadanos inconformes con la atención médica tanto en instituciones privadas como públicas.

Ante la CAME, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución más señalada con 128 denuncias, aunque son las clínicas privadas las más señaladas ante la comisión.

Pero solo un caso del sector salud de la entidad concluyó en arbitraje médico, es decir, que la CAME emitió un resolutivo; el resto de los casos quedan en conciliación de ambas partes, o en simple asesoría y orientación, mientras que en un 40 por ciento de los quejosos desisten de su denuncia.

Para el secretario de Salud de Baja California, doctor José Guadalupe Bustamante, es normal que existan quejas con un universo de un millón 600 mil consultas que los diversos centros médicos del sector salud del estado brindan al año.

Y aunque aseguró ser el más interesado en que éstas se resuelvan para que no opaquen los logros de la institución, dijo solo tener conocimiento de una queja, de las 36 que menciona la PDH.

“Con 7 mil 600 empleados, algunos no cumplen con el trato de calidad y calidez que se les pide, por eso soy el principal promotor de que los derechohabientes denuncien, y que la autoridad competente decida qué procede, cada quien sea responsable de sus hechos, yo también soy responsable de muchas cosas y de lo que me toca tengo que dar respuesta”, concluyó.

(SEMANARIO ZETA/ María Isabel Mercado Juárez/ febrero 18, 2013)