Sin señalamientos directos contra los autores
intelectuales
A cuatro meses de emitidas las órdenes de aprehensión
en contra los dirigentes de la cooperativa Rojo y Blanco como presuntos autores
intelectuales del asesinato del regidor Arturo Castellanos, no han sido
localizados.
Y Saúl Camargo, señalado como cabecilla del grupo
homicida y enlace con los líderes transportistas, se negó a declarar en su
primera comparecencia judicial
Investigaciones ZETA
Se negó a declarar
Saúl Camargo Avendaño, el hombre de 42 años de edad presentado el 16 de enero
de 2012 por la Procuraduría del Estado de Baja California como líder del grupo
de homicidas que por presuntas órdenes de los dirigentes de la Sociedad
Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., asesinaron
el 6 de febrero de 2011 al regidor y transportista Arturo Castellanos Ruiz en
Ensenada.
Conforme a
averiguación previa 778/11/300, abierta por la Procuraduría, Camargo Avendaño
es la principal liga con los hombres que pagaron, dieron instrucciones, además
de proporcionar los vehículos y armas para el asesinato. De acuerdo al
expediente, este hombre fue contactado porque había sido chofer de Transportes
Rojo y Blanco, nombre comercial de la empresa encabezada por los presuntos
autores intelectuales.
Noé Javier Armenta
–el primer detenido por el caso Castellanos–, capturado el 30 de agosto de 2012
en Estación Bamoa, Sinaloa, relató ministerialmente el 6 de septiembre de 2012,
que había sido contactado y contratado por Saúl Camargo en enero de 2011 para
matar al edil.
Armenta detalló que
él y algunos de sus parientes varones fueron reclutados por separado, les
hablaron a Sinaloa y se encontraron en Ensenada 10 días antes del asesinato.
Pero estos sinaloenses solo tuvieron contacto en Ensenada con Camargo y con
otro presunto representante de la cooperativa del que el Ministerio Público
solo tiene la descripción física.
Pero el 17 de enero
de 2013, presentado a su declaración preparatoria, Camargo decidió reservarse
el derecho a declarar. “Es una actitud que mantuvo desde su captura en Estado
Unidos”, informaron desde la Procuraduría del Estado.
Este hombre fue
detenido el 20 de diciembre de 2012 en Arizona por autoridades de Estados
Unidos, en posesión de metanfetaminas, el 16 de enero de 2013 fue entregado a
la Procuraduría General de la República (PGR), de donde lo remitieron a las
autoridades estatales. Así lo informó el Procurador General de Justicia del
Estado, Rommel Moreno Manjarrez, en una rueda de prensa dirigida a la población de Baja California.
El Procurador
explicó que ese mismo día se cumplimentaba
“la primera de las órdenes de aprehensión giradas en torno de los autores
materiales del homicidio del regidor Arturo Castellanos Ruiz”. En la captura de
Noé Armenta, se solicitó orden de aprehensión urgente cuando ya lo tenían en
custodia.
Moreno Manjarrez
explicó que las indagatorias de los agentes ministeriales del grupo en contra
de homicidios dolosos, establecieron la participación de 2 autores
intelectuales y 4 individuos que fueron contratados para ejecutar a
Castellanos.
De Camargo Avendaño,
originario de Guasave, Sinaloa, explicó el Procurador, “tenía relación directa
con los autores intelectuales del crimen, toda vez que laboraba en este
municipio como chofer de un microbús de la línea rojo y blanco”.
Elementos recabados
por la fiscalía, según explicó el Procurador, apuntan a que Camargo junto a sus
cómplices vigiló a la víctima durante una semana para poder planear el
homicidio.
Las investigaciones
arrojan que el 6 de febrero de 2011, Camargo estuvo involucrado al conducir uno
de los vehículos utilizados para ultimar a Castellanos, un Toyota Rav 4.
Tras el homicidio,
“el ahora aprehendido acudió a su vivienda, y al cabo de unas horas facilitó la
huida a sus cómplices, ya que los trasladó en un vehículo particular a la
ciudad de Mexicali, de donde huyeron en autobús hacia la ciudad de Guasave
Sinaloa”, dijo Moreno Manjarrez.
Agregó que el
expediente del caso cuenta con 5 órdenes de aprehensión por el delito de
homicidio calificado y los mandatos judiciales se otorgaron hasta el 11 de
septiembre de 2012 por el Juzgado Segundo de lo Penal.
La Subprocuradora de
la PGJE en Ensenada, Lidia Gallegos Aguilar, agregó que Camargo sería puesto a
disposición del Juzgado Segundo de lo Penal donde le tomarían su declaración
preparatoria y después, tendrían detalles adicionales sobre su participación y
la relación con los otros homicidas, lo que podría incluso a llevar a nuevas
órdenes de aprehensión.
Dos autores intelectuales
Desde 2011, la
PGJE considera a los directivos de la
Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V.,
sus principales sospechosos, en ese año solicitó al Juez Segundo de lo penal
órdenes de aprehensión contra Gonzalo y Armando Gutiérrez Guerra, Medardo
Meléndrez, Francisco Vega, José Hernán Sandoval Cortez y Julio César Meléndrez
González, directivos de Rojo y Blanco, aunque presentó testimonios, documentos
y argumentos periciales, el juzgador lo negó porque el fiscal no contemplaba en
la averiguación a los presuntos autores materiales, ni el posible vínculo de
los asesinos con quienes ordenaron el crimen.
¿El móvil? Más de
tres años de pleitos por presuntas malversaciones, que hicieron crisis en
noviembre de 2010, cuando tres socios de Rojo y Blanco encabezado por
Castellano iniciaron los trámites judiciales para ejercer una acción civil
contra Medardo Meléndrez y Gonzalo Gutiérrez Guerra, con la advertencia que
esto daría pie a un juicio mercantil. La amenaza era que les quitarían a los
acusados sus rutas rentables.
Para el 11 de
septiembre de 2012, fecha cuando el Juzgado Segundo de lo Penal le concedió las
órdenes de aprehensión a la procuraduría, la lista de presuntos autores
intelectuales se había reducido de seis a dos sospechosos, pero la fiscalía se
negó hacer público cuáles de los líderes transportistas habían sido acusados.
Extraoficialmente
confirmaron, se trata de los dirigentes de la Sociedad Cooperativa de
Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., Gonzalo Gutiérrez Guerra y Medardo Meléndrez.
Sin embargo los
sospechosos habían reaccionado desde el primer trimestre de 2011 al conocer los
indicios de la PGJE.
El 28 de marzo se
enteraron que un juez había determinado que no había elementos suficientes para
dictar orden de aprehensión en su contra y el día 30 del mismo mes se
presentaron en las oficinas de ZETA, casi dos meses después del asesinato de su
socio y rival judicial, Arturo Castellanos.
Armando y
Gonzalo Gutiérrez Guerra acompañados de
Medardo Meléndrez Armenta en declaraciones públicas hechas en este semanario
(ZETA edición 1931) negaron haber participado en el homicidio del regidor y
acusaron al Procurador Rommel Moreno y sus funcionarios de acusarlos actuando
bajo la presión social y política.
El abogado de los
presuntos inculpados les había notificado que la PGJE había solicitado órdenes
de aprehensión contra “tres directivos y tres socios de la empresa”, lista en
la que estaban incluidos.
Aseguraron que los
socios de la cooperativa con los que estaban enfrentados desde 2009, habían
declarado en contra de ellos con la intención de responsabilizarlos. Y
declararon que las órdenes de aprehensión en su contra se habían solicitado sin
haberlos llamado a declarar a pesar de que el abogado que los representaba le
manifestó a la fiscalía que estaban a su disposición.
“De este lado,
Arturo (Gutiérrez, uno de los presuntos responsables) declaró, Benito, socio,
también; declaró una ex secretaria de la empresa y el tesorero (también
señalado), nada más. Yo declaré solo por mi amenaza de muerte…”, manifestó en
aquel momento Armando Gutiérrez Guerra.
Cuando se les
preguntó respecto a su negativa de entregar el expediente conteniendo los datos
del manejo administrativo de la empresa, rehuyeron responder justificando que
no era de interés de la fiscalía porque se trataba de un expediente diferente.
Aseguraron que en
aquel momento estaban siendo amenazados por desconocidos y presionados por la
procuraduría que los mantenía bajo estrecha vigilancia. “Que venía gente de
Chihuahua y gente de Sinaloa y que venían a vengar, pero ¿a vengar qué?, o con
que de perdida que primero investiguen. Que se venguen de quien se tengan que
vengar, pero no por el mitote que traen vengan a ajusticiar a alguien que no”.
Se quejaron de que
la fiscalía no había investigado las hipótesis de: el crimen organizado y la
usura, actividad a la que se dedicaba el regidor ultimado; o la versión de que
Castellanos era amigo de Rómulo Molina Michel, asesinado, hermano de Óscar
Molina Michel, nombres apellidos ligados al crimen organizado.
De las órdenes de
aprehensión solicitadas en 2011 respondieron: “El procurador dijo muchas cosas
que no son ciertas, testigos protegidos que nunca han existido, y sí dijo que
había más de un teléfono de Mexicali que contestaba de los tres municipios,
pero a nosotros qué, si ahí tuvieran las pruebas pues adelante, pero realmente
nosotros no tuvimos nada que ver”.
— ¿Tuvieron algo que
ver con la muerte del regidor Castellanos?
“Absolutamente
nada”, aseguraron los tres aquel marzo de 2011.
La huida
Durante los
siguientes 18 meses, los líderes transportistas señalados por la PGJE
continuaron con su vida normal, negociaron con al ayuntamiento, hicieron las
paces con los funcionarios municipales incluidos los amigos del asesinado
Castellanos.
Hasta la mañana del
6 de septiembre 2012 cuando la prensa se enteró que habían detenido en Sinaloa
a Noé Javier Armenta, uno de los autores materiales del homicidio del edil, y
sería presentado alrededor del mediodía en conferencia de prensa.
En la misma fecha el
sector transportista había programado un acto público en el Hotel Riviera para
que el alcalde Enrique Pelayo manifestara su apoyo incondicional a los
empresarios y trabajadores del volante, los líderes cooperativistas de Rojo y
Blanco tenían una silla entre los invitados especiales pero nunca aparecieron
Desde horas
tempranas los reporteros de Ensenada los habían contactado por teléfono y radio
con la finalidad de obtener su postura respecto a la captura del joven Armenta,
las secretarias dijeron que estarían más tarde con el alcalde y después que
habían salido de la ciudad.
El 11 de septiembre
de 2012 se emitieron las órdenes en contra de dos de ellos, pero han
transcurrido cuatro meses sin que sean localizados.
(SEMANARIO ZETA/ ZETA INVESTIGACIONES/ enero 21, 2013)
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