Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.-
Funcionarios guardan silencio.
La administración de Gastélum terminará
de pagar casi 10 millones de pesos por recibir “consultoría” contable durante 7
meses en este año, el contrato fue adjudicado de manera directa a El Burro
Loco, una empresa que se fundó bajo el objeto de “elaboración y distribución de
productos alimenticios”, así como “vender abarrotes, carnes, miscelánea,
cerveza, licores” y es representada legalmente ante el ayuntamiento por Jorge
Topete Calvario, hasta hace unos días, el presidente (y actual miembro) del
Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California
Una sociedad mercantil que
fue fundada en Mexicali para vender y distribuir carnes, abarrotes y licores,
recibió por parte del ayuntamiento de Tijuana que encabeza el panista Juan
Manuel Gastélum Buenrostro un contrato multimillonario para que le preste
servicios de “consultoría” y así revisar y cabildear sus cuentas financieras
ante posibles irregularidades observadas en auditorías.
El Burro Loco S. DE R.L. DE
C.V. fue la empresa beneficiada por medio de una Adjudicación Directa a
principios de este año por un monto de 9 millones 860 mil pesos para que
prestara sus servicios por un periodo de 7 meses.
De acuerdo a los registros
públicos del ayuntamiento, el “representante legal” de esta compañía para ese
contrato es Jorge Topete Calvario, uno de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California y
quien fue, desde el 2018 hasta el pasado 24 de julio, presidente de dicho
Comité.
Además, Omar Alberto Ramos
Sierra, socio de Topete en varios despachos y empresas, fue el encargado de
firmar el contrato el pasado 1 de marzo con el gobierno municipal. Ese mismo
día (un mes antes de arrancar las campañas) el ayuntamiento –de acuerdo al
contrato– le pagó un “anticipo” a la empresa de 4 millones 930 mil pesos.
De acuerdo a documentos del
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California consultados
por ZETA, El Burro Loco se fundó en 1997 en Mexicali por Ana María Valenzuela
Bernal y Jaime Félix Cabanas Osuna, este último ex presidente del Grupo
Madrugadores en Mexicali y socio en otras empresas tanto con Topete Calvario
como con Ramos Sierra.
En el año 2010, El Burro Loco
cambió su nombre a sus iniciales EBL S. DE R.L. DE C.V. De acuerdo a su acta
constitutiva el “objeto” de esta empresa es el de la “producción, elaboración,
distribución, preparación y venta de productos alimenticios”, así como el de
“comprar y vender toda clase de abarrotes, carnes, miscelánea, cerveza, vinos,
licores, hielo, frutas y verduras”.
Según el acta de inscripción
de la empresa bajo la partida número 5135413, El Burro Loco también se dedica a
la “ramo de prestaciones y contrataciones de servicios técnicos,
administrativos, financieros, estudios de mercado, administración crediticia,
consultivos, de asesoría de todo tipo” y a la “construcción de obras de
urbanización y edificación de cualquier tipo de obra civil, de ingeniería y
arquitectura”.
Entrevistado respecto al
caso, Topete negó que esto fuera un acto irregular al ser simultáneamente un
miembro del Sistema Anticorrupción, pues aseguró que desconocía el contrato y
lo que la empresa (de la que dijo era “socio” hasta junio del 2018) acordó con
el gobierno de “El Patas”.
A pesar de explicarle que su
nombre aparecía como apoderado legal en los archivos del ayuntamiento, Topete
Calvario afirmó que no existía conflicto de interés en lo que su socio (a quien
primeramente negó) haga con la empresa en la que él participaba: “no somos
marido y mujer, cada quien hace sus actividades, no lo hacemos agarrados de la
mano ni dormimos juntos para que él me cuente todo lo que hace”.
El domicilio de El Burro Loco
(EBL) es el mismo del despacho de “Servicios Jurídicos y Fiscales” llamado
“GRT. Grupo Ramos, Topete y Asociados” sobre la avenida Francisco I. Madero
número 2063 Interior B, Colonia Nueva en Mexicali.
ASISTENCIA Y CABILDEO POR 10 MILLONES DE PESOS
ZETA consultó a dos firmas
reconocidas en el Estado para conocer un estimado del costo que deberían
cobrarse en el supuesto que un equipo profesional prestara realmente los
servicios que El Burro Loco y el ayuntamiento establecieron en el “contrato de
prestación de servicios”.
Ambos despachos –una vez que
pudieron conocer las actividades a las que se comprometió el proveedor–
coincidieron que el costo no podría superar los 750 mil pesos en total.
El contrato lo firmaron 2
miembros del gabinete del alcalde: María de los Ángeles Olague, oficial mayor
del ayuntamiento, asistida por Ricardo Chavarría Morales, tesorero y María
Guadalupe Ochoa Saucedo, directora de recursos materiales de Oficialía Mayor.
Según se lee en el documento,
el Ayuntamiento “requiere contratar al proveedor para la prestación de
servicios de consultoría en materia de organización para la revisión documental
de la Cuenta Pública Municipal”.
El contrato se asignó
mediante el dictamen de Adjudicación Directa (ADQ-2019-AD-037) con fecha del 27
de febrero, resuelto por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana
y solicitado por la oficial mayor, presidenta de este Comité.
En el dictamen se detalla
que, en enero de 2019, la Tesorería del municipio recibió la “propuesta técnica
y económica por parte del proveedor”; es decir, que en 2018 le fueron
solicitados dichos requisitos.
En el contrato se establece
que la empresa prestará cuatro servicios. Uno, “consultoría en materia de
organización para la revisión documental de la cuenta pública de los ejercicios
2017 y 2018 para la detección de inconsistencias y ofertar las alternativas de
solución; así como el cabildeo para
atender y acompañar en la solventación de requerimientos de la ASEBC, ASF y la
propia sindicatura”.
Dos, “consultoría en materia
financiera para el aseguramiento documental, con asistencia profesional legal
en revisión exhaustiva de las cuentas públicas 2017 y 2018 de los asuntos más
relevantes que pudieran derivar de observaciones en los cuales se brindará el
acompañamiento técnico y normativo para lograr la solventación y el cabildeo
ante los órganos o autoridades que lo requieran”.
Tres, “consultoría en la
integración y organización de los expedientes técnicos del gasto de obras
públicas ejercicio y ejecutado durante los ejercicios 2017, 2018 y hasta el mes
de septiembre del 2019. Y cuatro, “consultoría administrativa, organizacional y
de recursos humanos, dirigida a los mandos directivos de la administración
central y del sector paramunicipal, para que estén debidamente capacitados para
lograr una solventación de los posibles observaciones de los órganos de
fiscalización y lograr la integración de la documentación de los procesos y
procedimientos administrativos y normativos en la gestión de gobierno”.
Los servicios iniciaron una
vez firmado el contrato; es decir, el 1 de marzo y concluirán el 30 de
septiembre de este año. Además, la debió entregar seis informes parciales en
forma mensual por cada una de los servicios de consultorías y un informe final.
Según lo que se instituye en
el contrato, El Burro Loco, “cuenta con un equipo de trabajo designado para la
ejecución de los servicios” compuesto por un “socio Director” que invertirá el
10% de tiempo, sin especificar en relación a qué; un “Socio Encargado” que
invertirá el 20% de tiempo, un “Coordinador del proyecto” del 50% y 5
“auditores” dedicados al 100% del “tiempo invertido”.
Por lo anterior, el
ayuntamiento terminará de pagar en septiembre la cantidad de 8 millones 500 mil
pesos más IVA (9.86 millones de pesos), la mitad de este monto al momento de la
firma y mensualidades de 600 mil pesos.
LOS SOBREPRECIOS
En opinión del doctor Adolfo
Solís Farías, en Derecho tributario, el costo de los servicios que se describen
en el contrato se encuentran 10 veces arriba del precio real en el mercado de
firmas auditoras.
Las cuatro grandes firmas
auditoras internacionales, KPMG, PwC, Deloitte y Ernst & Young, cobran en
promedio 10 mil dólares por el análisis de un ejercicio financiero, añadió.
“Por el volumen de la información, sería un máximo de 40 mil dólares por los
dos ejercicios de la cuenta pública”, refirió el nombrado Hombre del Año por
ZETA hace unos años.
“Ningún despacho te va cobrar
8 millones porque el parámetro no rebasa los 800 mil pesos, es poco creíble
porque esa función no se hace por tanto dinero”, concluyó el doctor en materia
fiscal.
TOPETE, EL REPRESENTANTE LEGAL
En un documento oficial que
contiene el concentrado de los contratos firmados por el gobierno municipal de
Tijuana con contratistas y proveedores en el primer trimestre de 2019, Topete
Calvario, el integrante del Sistema Estatal Anticorrupción quedó acreditado
como “representante legal” de la compañía mediante la exhibición de un “poder
notarial”, detalla el propio ayuntamiento por medio de su portal.
La información no solo se
encuentra “actualizada al 31 de marzo de 2019” por parte de la Unidad de
Transparencia sino que pasó por una “validación” adicional con fecha del 30 de
abril de 2019, para así corregir posibles imprecisiones en la captura inicial.
En el mismo archivo,
disponible para su consulta pública a través del portal de Transparencia del
Ayuntamiento, en el apartado de correo electrónico de la empresa EBL se
registró el de kvelarde@recaudacione.com. El dominio de la cuenta corresponde a
“Recaudaciones”, denominación moral de uno de los despachos con que EBL también
comparte domicilio en Mexicali junto a otras 6 razones sociales más.
El Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) está integrado por 15
ciudadanos de “probidad y prestigio –según la Ley del Sistema– que se hayan
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción, diez de carácter técnico y cinco de carácter
honorífico, éstos últimos no percibirán emolumento alguno”.
Entre sus atribuciones de
ley, está el proponer mecanismos para que la sociedad participe en la
prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y
solicitar la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción
requiera de aclaración pública por parte de las autoridades competentes.
Topete estaba imposibilitado
para que la empresa del cual aparece como apoderado legal lograra un contrato.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California establece, en su
artículo 16, que “los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no
podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, estatal o municipal, ni
cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que
prestarán al comité de participación ciudadana y a la comisión ejecutiva”.
Por medio de Diana Escalante,
directora de Comunicación Social, durante toda la semana previa a la
publicación de este reportaje se solicitó en reiteradas ocasiones la versión
respecto a los servicios contratados por parte del ayuntamiento por. También al
tesorero municipal se le solicitó una entrevista la cual dijo, podría conceder
hasta el viernes 2 de agosto, una vez publicada la edición de ZETA.
UNA EMPRESA MÁS DE TOPETE Y SOCIOS DE EBL
Al ser cuestionado sobre el
contrato entre el Ayuntamiento de Tijuana y EBL, Topete Calvario inició por
negar su relación con la empresa y Omar Ramos Sierra, de quien dijo ya no ser
socio. Luego, al hacerle mención de otra empresa en la que están asociados,
admitió que solo en una, pero documentos en poder de este Semanario los
muestran como socios en por lo menos dos despachos más.
Aseguró “entre mayo y junio
del año pasado (2018), dejé de ser socio de esa empresa”. Las fechas coinciden
con el periodo previo a que Topete Calvario fuera nombrado consejero honorífico
del Comité de Participación Ciudadana (CPC), lo cual ocurrió en julio de 2018.
También refirió “esa empresa
es viejita ya y en alguno momento fui socio de ella, cuando fuimos socios de
ella, se modificó su nombre por EBL, ya no se llama El Burro Loco, por cierto…
y se modifica el objeto social (productos alimenticios) y ya nada tiene que ver
con eso”.
— Actualmente, ¿ya tampoco tiene un despacho en
sociedad con el contador Ramos Sierra?, se le preguntó.
“No”.
— Porque existe un despacho que es Grupo Ramos, Topete
y Asociados (GRT)…
“En ese sí, es el único y es
de lo que vivo. Seguimos siendo socios, pero no somos marido y mujer, cada
quien hace sus actividades, no lo hacemos agarrados de la mano ni dormimos
juntos para que él me cuente todo lo que hace”.
Contrario a lo que respondió,
ya como presidente del Comité de Participación Ciudadana, Topete Calvario formó
una nueva asociación con los mismos socios de El Burro Loco: Omar Ramos Sierra
y Jaime Félix Cabañas Osuna. “Bienestar, Fomento y Beneficios” quedó registrada
como asociación civil el 12 de septiembre de 2018 con el fin de “realizar
operaciones de ahorro y préstamo”, según consta en su acta constitutiva.
En el documento, disponible
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), se nombra a Félix
Cabañas Osuna como presidente, a Jorge Topete Calvario como secretario y a Omar
Ramos Sierra como tesorero.
Sin embargo, un mes después,
el 19 de octubre de 2018, se añadió al RPPC un nuevo documento, la
protocolización de acta de asamblea para modificar la asociación civil a
sociedad civil, lo cual indica que se le permite el fin de lucro.
Para ello, cada uno de los
tres socios aportó una inversión inicial de mil pesos. Topete Calvario y Ramos
Sierra fueron nombrados secretario y tesorero, respectivamente, así como
apoderados legales de la nueva empresa.
CONTRATADO PARA “CABILDEAR” CON AUDITOR SUPERIOR
El viernes 26 de agosto,
Topete Calvario y otros miembros del Sistema Estatal Anticorrupción: Francisco
Fiorentini, Edgardo Silva, Eduardo Arredondo y Omar Marrón, dieron a conocer la
promoción de un amparo para dejar sin efectos el nombramiento del auditor
superior, Carlos Montejo, por considerar que el Congreso del Estado incurrió en
un acto inconstitucional.
Antes, en una conferencia de
prensa, los consejeros del Comité de Participación Ciudadana denunciaron que
los diputados no los invitaron a formar parte de la comisión especial que hizo
el nombramiento, como se plantea en la Ley, y que la misma designación incurría
en un conflicto de interés.
Entre los servicios a los que
Sierra Ramos, socio de Topete Calvario, se compromete a realizar en el contrato
del Ayuntamiento de Tijuana, está “el cabildeo para atender y acompañar en la
solventación de requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Baja
California”.
Por ello, se le cuestionó al
consejero anticorrupción:
¿No le parece un conflicto de
interés que su socio, con el que mantiene un despacho también jurídico
contable, mantenga una relación con el Ayuntamiento para cabildear observaciones
a la Auditoría de la que usted intenta se revoque ese nombramiento?
“Los compromisos éticos y
morales son personales. Mi compromiso ético y moral no alcanza a lo que quiera
hacer mi socio en otra empresa, no puedo obligarlo ni decirle que no firme lo que
él quiera hacer, cada quien genera cómo vive y genera sus ingresos. Considero
que no existe ningún conflicto de mi parte en relación con lo que haga mi
socio”.
Pero, ¿podría pronunciarse
sobre un supuesto acto de corrupción en relación con la firma de este contrato?
“La finalidad del Comité de
Participación Ciudadana no es hacer investigaciones, probablemente sí emitir
pronunciamientos sobre aquellas situaciones que sean observadas por las
autoridades correspondientes. Si esa relación contractual que existe tuviera
alguna irregularidad deberá ser detectada y observada y en su caso, nosotros
emitiríamos los comentarios correspondientes”.
Por último, sobre el hecho de
que la firma GRT –de la que admite ser socio junto a Ramos Sierra- comparta el
mismo domicilio fiscal que El Burro Loco, el integrante del Sistema Estatal
Anticorrupción aseguró “compartimos los gastos y hay oficinas que se dividen en
los locales, eso no guarda relación con las actividades que yo hago
actualmente”.
LOS DOCUMENTOS DE TOPETE
El jueves 1 de agosto, Jorge
Topete Calvario hizo llegar vía correo electrónico a este reportero una
relatoría en la que cita una escritura pública, con fecha del 25 de agosto de
2018, celebrada el 20 de junio de 2018 en la que “dejó de ser socio de EBL, S.
de R.L.”.
De igual forma, aseguró que,
vía correo electrónico, Sierra Ramos solicitó el 24 de enero de 2019, que el
Ayuntamiento de Tijuana diera de baja en el padrón de proveedores a Topete
Calvario como representante social de EBL, el cual ese mismo día había sido
registrada como representante legal de EBL. La copia supuestamente enviada al
“ayuntamiento” no tiene sellos de recibido.
CONSEJEROS ANTICORRUPCIÓN TIENEN QUE PONER LA VARA
ALTA
Francisco Martínez,
coordinador del capítulo Baja California de la Red Nacional Anticorrupción,
expresó “desde nuestra opinión, no se puede ser consejero de participación
ciudadana y participar en contratos con administraciones municipales,
centrales, paramunicipales o paraestatales porque hay un conflicto de interés
completamente directo”.
El activista, quien ha
organizado diversos foros de anticorrupción en el estado con participación de
organismos nacionales e internacionales, recordó que, aunque los consejeros
honoríficos no perciben un salario, la Ley de Transparencia considera que al
ejercer un acto de autoridad ya pueden ser proclives a caer un acto de
corrupción.
De igual forma, Martínez
señaló “reclamamos que haya total transparencia y que cualquier consejero del
Comité de Participación Ciudadana que sea acusado o que incluso exista la sola
presunción o sospecha, tiene que salir públicamente a aclararlo con documentos
en mano que a la ciudadanía nos quede perfectamente claro que no sucedió así,
no esperar a que haya una queja”.
Recordó que los consejeros
del Comité de Participación Ciudadana “es el ideal que esperamos de los
funcionarios públicos y tienen que poner la vara alta”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ
/LUNES, 5 AGOSTO, 2019 01:00 PM)
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