Tras la aprobación en el Senado de una
aportación del 30% de los excedentes anuales a los municipios con puerto, el
coordinador general de Puertos y Marina Mercante consideró la medida como “una
forma poco adecuada de establecer la relación ciudad-puerto”; API de Ensenada tampoco
paga Impuesto Predial
Para el coordinador general
de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, el dictamen aprobado el 4
de abril en el Senado de la República, que establece que las administraciones
portuarias integrales deben entregar a los municipios donde se asientan el 30
por ciento de los excedentes anuales generados, es “una forma poco adecuada de
establecer la relación ciudad-puerto”.
Aunque no existe una cifra
precisa de la equivalencia del 30% de dichos excedentes, en el estado
financiero 2016-2017 de la Administración Portuaria Integral (API) de Ensenada,
disponible en el sitio de “datos abiertos” del gobierno mexicano, se da cuenta
de ingresos propios netos por 211 millones 925 mil 557 pesos, con una utilidad
neta de 3 millones 203 mil 124 pesos. El activo total al finalizar el año 2017
fue 545 millones 323 mil 575 pesos.
Por las carreteras y calles
de Ensenada también transitan camiones con carga hacia el puerto, sin que la
API aporte a la infraestructura, y bajo el argumento de que el recinto
portuario no es propiedad privada, sino un bien de la Federación, se le exenta
del pago de Impuesto Predial, aproximado a 20 millones de pesos.
Durante la pasada
administración, teniendo al frente de la API a Héctor Bautista Mejía, un grupo
de empresarios le planteó de manera informal la posibilidad de aportar al
Municipio una cantidad por cada contenedor que arribara a Ensenada.
Según datos de la API, en
2018 se movilizaron 272 mil 587 Unidades Equivalentes a Veinte Pies (TEU, por
sus siglas en inglés) en el puerto. De enero a mayo de 2019, el movimiento
alcanzó 119 mil 66 TEU.
La idea de los empresarios
era que el importe por contenedor se aplicara en infraestructura de la ciudad,
como en el puerto de Long Beach, California, que destina a la ciudad 50 dólares
por contenedor. Los empresarios también
consideraron importante que una parte de lo recaudado por la Aduana se quede en
la ciudad y puerto.
Sobre la posible aportación
por contenedor, López Gutiérrez dijo a ZETA que es una cuestión que no depende
tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Sostuvo que gran parte de los
ingresos obtenidos en las aduanas se han aplicado en la modernización y mejora
de los procedimientos de revisión. Dio a conocer un borrador de convenio con la
Secretaría de Hacienda, para que la actividad aduanal sea eficiente, evite
congestionamientos a la salida de las aduanas.
30% PARA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
El Senado de la República
aprobó un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos
que reforma la Ley de Puertos, remitido a la Cámara de Diputados el 11 de
abril, en las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de
Infraestructura, misma que aún no se dictamina.
Dicho dictamen, con carácter
de decreto, señala que el incremento económico en las API no coincide con el
incremento en las ciudades, además de generar un desgaste en la
infraestructura, derivado de los camiones de carga pesada.
El 30% de los excedentes
-precisa el dictamen- deberá destinarse al mantenimiento de infraestructura
urbana, las vías de acceso y mejora de los servicios públicos municipales.
También se establece que lo
relacionado con la administración, operación y servicios portuarios, así como
con actividades conexas, estará sujeto a la competencia de los poderes
federales, sin perjuicio de las obligaciones fiscales estatales o municipales de
las demarcaciones territoriales donde operen.
Otro de los puntos especifica
que en el plan maestro de desarrollo portuario se debe reconocer la relación
ciudad-puerto y obligar al gobierno de la entidad a constituir una comisión
consultiva.
El dictamen contempla una
multa de 10 mil a 50 mil pesos, diez veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), hasta la revocación de la concesión en caso de
incumplimiento de obligaciones.
El viernes 28 de junio, el
coordinador de Puertos y Marina Mercante ofreció una rueda de prensa en las
instalaciones de la API Ensenada, donde se pronunció de acuerdo con el
principio del dictamen, no así con la forma.
Agregó que debido al periodo
de los gobiernos municipales, no necesariamente se puede garantizar que la
aplicación de esos recursos mejore la relación ciudad-puerto.
Cuestionó por qué determinar
un 30% de los excedentes y no un 20 o 10%, ante lo que insistió en calificar
como “una forma poco adecuada de establecer la relación ciudad-puerto”.
Desde su óptica, esta
iniciativa condenaría a los puertos que más necesitan el recurso y que tienen
una API pobre y, salvo Veracruz, las ciudades no tienen buena relación con sus
puertos.
Luz Alicia Iturbe, directora
de la API Ensenada, explicó que de acuerdo con el Código Fiscal de la
Federación, hay tres tipos de contribuciones a los gobiernos: impuestos,
productos y aprovechamientos; mientras que los derechos se rigen por la Ley
Federal de Derechos.
El Impuesto Predial se paga
sobre la propiedad privada, en tanto que el Recinto Portuario es un bien del
dominio público de la Federación, por lo tanto, está exento del pago porque un
bien del dominio público de la Federación es inalienable e imprescriptible y no
puede estar sujeto a un gravamen municipal.
La Federación aporta al
Municipio otro tipo de contribuciones, pero no Predial porque solo aplica para
propiedad privada.
Iturbe recordó que en 2014 la
API defendió este asunto y obtuvo la razón, por lo que ante el requerimiento
hecho por el gobierno municipal, se reiterará la resolución, además, no toda el
área de API es Recinto Portuario, hay zonas denominadas como Desarrollo
Portuario que tienen escrituras, lo cual les da la característica de propiedad
privada, donde sí aplica el cobro, como el caso del restaurante Carl’s Junior
entre el Bulevar Costero y Calle de la Marina.
PRETENDEN ACTIVAR CABOTAJE
Mediante un programa
denominado Carreteras Marinas, el Gobierno Federal pretende activar el cabotaje
en el país, teniendo como punto fuerte la posibilidad de mover mayor volumen de
mercancías a menor costo.
Héctor López Gutiérrez
comentó que el puerto de Ensenada ocuparía una posición ventajosa para
vincularlo con los mercados del centro del país.
Ejemplificó que grandes
empresas como Femsa, Bimbo y las cerveceras, recorren 2 mil 500 kilómetros de
Guadalajara a Tijuana, enfrentando deterioros, gasto de combustible, riesgo de
accidente y robos, además de deterioro a la carretera.
En cambio, de Guadalajara al
puerto de Manzanillo son 300 kilómetros; la carga se embarca rumbo a Ensenada y
de ahí por carretera a Tijuana otros 100 kilómetros. “Al final se recorren 400
kilómetros por carretera contra 2 mil 500”, abundó el coordinador general de
Puertos y Marina Mercante.
De igual forma, el cabotaje
permitiría una actividad extraordinaria de la industria naval asentada, por lo
cual López deseó que los grandes transportistas entiendan que el cabotaje no es
competencia para ellos, sino complemento que permita reducir costos y hacerlos
más eficientes.
Añadió que se analiza iniciar
la ruta Manzanillo-Lázaro Cárdenas-Guaymas en el Océano Pacífico, con
posibilidades de mover el servicio a países de Centroamérica; y en el Golfo de
México las rutas de Altamira, Tampico y Veracruz para transportar carga a
Puerto Progreso, donde la mayor parte llega por medio de autotransporte.
ANUNCIAN OBRAS PORTUARIAS
Luz Alicia Iturbe, de API
Ensenada, anunció obras a realizar en el puerto, como la construcción del
deflector, la segunda etapa de la escollera, muelle para pesca ribereña y
comercial, la fase del malecón turístico, dragado, una represa de gaviones en
la desembocadura del arroyo, entre otras.
En el deflector se invertirán
162 millones de pesos, mientras que en la escollera van 389 millones de pesos
y, en una segunda etapa de aproximadamente 40 metros, se tendrá una inversión
similar.
En El Sauzal se estarán
terminando obras de mantenimiento con una inversión de 72 millones de pesos, de
los cuales hasta el momento se han ejercido 54 millones. También se pretende
construir un muelle más para la pesca ribereña, con 4 millones de pesos en
inversión privada y, con la ampliación del rompeolas, se reubicarían las
embarcaciones de pesca comercial del Muelle 240 a El Sauzal.
Por último, la titular de Api
Ensenada afirmó que se pretende construir una segunda etapa del malecón
turístico, donde ya se han invertido 85 millones de pesos; rehabilitar la
vialidad interna del Recinto Portuario y una represa de gaviones en la
desembocadura del Arroyo Ensenada para evitar que la basura llegue al puerto;
para ello se han destinado 9.5 millones de pesos de inversión.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ MARCO A. FLORES/
LUNES, 15 JULIO, 2019 01:00 PM)
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