El ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola
–opositor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México–
vivió durante 30 años en el municipio de Tlalmanalco; llegó desde el estado de
Chihuahua para cumplir con su servicio social y decidió quedarse en el Estado
de México para iniciar un proyecto de reforestación. Más tarde se involucraría
en la defensa del territorio a partir de la protección del cerro del Tenayo,
uno de los cien devastados por la construcción del NAIM.
Antes de morir, presuntamente interpuso
una denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México por un
posible desvío de recursos de 500 millones de pesos en el municipio de
Tlalmanalco. El recurso imputaba la posible participación de quién fuera
presidente ejidal, José María Alfaro Reyes, en la venta de materiales pétreos
–provenientes de la explotación del cerro del Tenayo- a la empresa Coconal para
su uso en las obras del NAIM.
De enero a julio de 2018 el Centro de
Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” tenía registradas dos acciones urgentes
para la protección de opositores al nuevo aeropuerto. Pasadas las elecciones
presidenciales el número aumentó al triple.
Ciudad de México, 4 de
octubre (SinEmbargo).- La noche del 28 de septiembre un desconocido tocó a la
puerta de Jesús Javier Ramos Arreola –activista y opositor de la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)– y, sin más, le dio un disparo
en la cabeza que más tarde le quitó la vida.
El tiro fue escuchado por los
familiares del defensor de la tierra y el bosque. Corrieron para asistirlo. No
pudieron ver la identidad del agresor. Javier Ramos no murió al instante, pero
no logró sobrevivir al trayecto hacia el Hospital de Amecameca, en el Estado de
México.
Un mes atrás, el ingeniero
forestal se había unido a la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México. Su experiencia le había advertido que la obra de infraestructura
representaba un riesgo real para los territorios de la Cuenca, por lo que a sus
59 años no dudó en unirse a los opositores.
El ingeniero Ramos vivió
durante 30 años en el municipio de Tlalmanalco; llegó desde el estado de
Chihuahua para cumplir con su servicio social y decidió quedarse en el Estado
de México para iniciar un proyecto de reforestación. Más tarde se involucraría
en la defensa del territorio a partir de la protección del cerro del Tenayo,
uno de los cien devastados por la construcción del NAIM.
“Jesús siempre defendió el
bosque, ahí estaba su corazón. Y mire donde vino a dejar su corazón”, aseveró
su hermano Ramiro Ramos, en entrevista para SinEmbargo.
Antes de morir, presuntamente
interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México
por un posible desvío de recursos de 500 millones de pesos en Tlalmanalco;
requerimiento que se encuentra en resguardo por la importancia del tema. Los
familiares que coadyuven como víctimas podrían obtener una copia.
El recurso imputaba la
posible participación de quien fuera Presidente ejidal, José María Alfaro
Reyes, en la venta de materiales pétreos –provenientes de la explotación del
cerro del Tenayo- a la empresa Coconal para su uso en las obras del NAIM.
Su amigo y compañero de
protesta, Jesús Cervantes, aseguró que el ingeniero contaba con las pruebas
suficientes para comprobar el fraude hecho por el presidente de los
ejidatarios, por lo que, insistió en que una de las líneas de investigación del
asesinato debe contemplar su actividad jurídica.
Para Cervantes la muerte de
Jesús Ramos representa la pérdida de “un testimonio fundamental por la lucha
del Tenayo” y la protección del Santuario del Agua que comprende la porción
Norte, Noreste y Noroeste del Estado de México.
Su asesinato se encuentra
inscrito en una serie de agresiones efectuadas contra los comuneros del Lago de
Texcoco que iniciaron en el año 2002, cuando el Presidente en turno, Vicente
Fox Quesada, anunció la realización del megaproyecto aeroportuario.
En opinión de José Antonio
Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, el
asesinato es parte de la “historia de 17 años de agresiones físicas, sexuales y
de privaciones de la vida, que tuvieron como punta del iceberg los
acontecimientos de Atenco en el año 2016”.
La organización de derechos
humanos ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que investiguen y consideren
las amenazas recibidas por Ramos desde la denuncia realizada en agosto; para
que no persistan los casos de violencia contra defensores de derechos humanos
de la región en aumento desde julio del 2018.
NAIM: PROYECTO DE MUERTE PARA DEFENSORES
De enero a julio del 2018 el
Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” tenía registradas dos acciones
urgentes para la protección de opositores al nuevo aeropuerto. Pasadas las
elecciones presidenciales el número aumentó al triple.
Lara Duque explicó que los
ataques responden a una coyuntura en la que la cancelación del aeropuerto,
planteada por el nuevo gobierno, se ha convertido en una posibilidad real que
presiona y acrecienta los conflictos de interés y los riesgos por su oposición.
Los ataques contra los
pobladores del oriente del Estado de México han ido creciendo de manera
escalonada: desde agresiones físicas que continúan con detenciones arbitrarias
hasta privaciones de la vida, como es el caso de Jesús Javier Ramos Arreola que
apenas un mes atrás se había unido al frente opositor.
“Pensaron que el asesinato de
Jesús era el de menor costo político”, explicó Lara, mientras insistía en
recordar el caso dentro de un contexto de “muerte y represión”.
El presidente de la
organización sostiene que continuar con el proyecto tiene fuertes implicaciones
sociales que se encuentran “invisibilizadas” pero que deben ser consideradas
para la cancelación.
“Si no suspende la
construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ese aeropuerto será
construido sobre la vida y sangre de los defensores de derechos humanos y del
territorio”. José Antonio Lara Duque.
El pasado 1 de octubre, el
“Zeferino Carpinterio” anunció la solicitud formal a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para garantizar la vida de los mexiquenses frente a la
defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente.
(SIN EMBARGO/ KAREN CASTILLO/04 DE OCTUBRE 2018)
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