Fotos: Enrique Botello
“Es un tema preocupante independiente de
lo moralmente indignante”, sentenció el regidor y coordinador de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, Orlando Toscano, ya que cuatro ex servidores públicos
sobresalen con millonarias demandas, de una lista de más de mil 100 ex
trabajadores de distintas administraciones donde la mayoría exige el pago de
horas extraordinarias, sábados y días festivos
En el edificio del
Ayuntamiento de Ensenada es común ver a empleados de primer o segundo nivel
conversando en los pasillos, consumiendo en negocios ambulantes, y a una
multitud acompañando al alcalde en turno a eventos públicos en fin de semana.
Pero la autoridad no tiene un
control de la eficiencia y productividad laboral de cada empleado, por lo que
este año, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento logró acumular más de mil
150 demandas de trabajadores entre 2003 y 2017.
En un 90 por ciento, el
trabajador exige el pago de horas adicionales, fines de semana e inclusive días
festivos.
La actual administración de
Marco Novelo Osuna no es la excepción, ya que suele hacerse acompañar de una
veintena de colaboradores en eventos públicos, así como funcionarios que
laboran hasta altas horas de la noche, lo que podría repercutir en demandas.
De acuerdo con el documento:
Cuenta Pública 2017. Laudos hasta el 31 de Enero de 2017, el cual es público,
sobresale que Óscar de la Peña Hernández, quien tenía el encargo de defender
las finanzas del XXI Ayuntamiento de Ensenada, evitando denuncias, sentencias y
laudos en contra, acabó por entablar una demanda calculada en 1.2 millones de
pesos.
Al actual abogado del ex
alcalde Gilberto Hirata Chico, en el expediente 69/2017/VII se le estimó el
derecho a reclamar tiempo extra, media hora de descansos diarios, 156 sábados
laborados, 35% de la prima vacacional y 39 días de descanso que acabó por ir a
la oficina.
De la Peña fue uno de los 21
funcionarios de la pasada administración que recibió indemnización por 248 mil
727 pesos.
En el mismo tenor, está el ex
subdirector de lo Contencioso Municipal, Gabriel Ríos Patricio, que era el
segundo a bordo del Jurídico, quien fue indemnizado con 388 mil 334 pesos y
sostiene un procedimiento en contra el Ayuntamiento (12/2016/V) por 158 mil
pesos más.
Toda la información es
pública en la red y se puede constatar que, a excepción de dos trabajadores,
todo el organigrama que integró el Departamento Jurídico de la administración
anterior acabó por denunciar. Algunos han desistido, pero los nombres siguen en
el listado.
La mayor cantidad de
denuncias laborales, alrededor de 360, fueron interpuestas en la transición de
gobierno en 2010-2011 cuando el ex presidente municipal panista, Pablo Alejo
López Núñez, entregó la administración al priista Enrique Pelayo Torres; el
daño al erario en esos dos años fue por alrededor de 50 millones de pesos.
Hay otros ex empleados como
Luis, quien laboró en un gobierno panista hace diez años y a quien
supuestamente la autoridad le debe 300 mil pesos, “es un ahorro que tengo ahí a
largo plazo”, comenta.
OTROS EX FUNCIONARIOS
Juan González, agente en
retiro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quien fue
subdirector operativo con Hirata Chico (con un sueldo vigente de 30 mil pesos
al mes), pide 1.2 millones de pesos por haber trabajado horas extra, días de
descanso y sábados.
Otro ex funcionario, llamado
a laborar en varios gobiernos, es José de la Luz Valdez, ex director de
Servicios Públicos, a quien le calcularon puede recibir 2.5 millones de pesos
por reinstalación, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional de
55%, tiempo extraordinario, 156 sábados trabajados, prima adicional del 35% y
34 días de descanso obligatorio.
INHABILITACIÓN PARA MALOS JURÍDICOS
Sindicatura Municipal, a
cargo de Karina Castrejón Bañuelos, informó que en lo que va de la presente
administración se han abierto dos expedientes relacionados con irregularidades
en el Departamento Jurídico.
Aunque no hay detalles de qué
ex servidores públicos están bajo investigación, la intención es castigar a
quien conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos incurra
en irregularidades.
Los diputados estatales y
federales tienen en sus manos la posibilidad de revertir los derechos de los
funcionarios públicos en funciones a través de reformas a la Ley.
Abogados del Ayuntamiento no
se dan abasto con la carga de querellas no sólo laborales, sino otras
relacionadas con bienes del Ayuntamiento.
El actual encargado del
Jurídico, Tomás Burns, informó que como Ayuntamiento es imposible limitar las
demandas laborales, “estamos expuestos a éstas y todas las pretensiones como
salarios caídos, primas vacacionales, horas extra, lo pueden poner en la
demanda y será responsabilidad de la junta autorizar las peticiones”.
La Ley de Servicio Civil para
trabajadores del Estado señala que las horas extra trabajadas deben ser
autorizadas por un titular, pero independientemente de que exista esta norma,
no se puede prevenir de lleno que no haya demandas, por lo que es importante
tener como pruebas las declaraciones del ex empleado.
“Hay que ir pensando en algo
para funcionarios de primer nivel”, aseguró, pero “nada supera los alcances de
la Constitución”.
Sobre instalar relojes
checadores para los empleados de confianza y otras modalidades de contrato,
algunos trabajadores hacen trampa para acumular horas extraordinarias. La única
alternativa sería integrar tecnología de punta para regular las entradas y
salidas.
Respecto a las demandas
interpuestas por personal sindicalizado, apuntó que se trata de querellas muy
sencillas relacionadas con el pago de cuotas retenidas o reconocimiento de
antigüedad, todo con el fin de elevar el escalafón.
A favor declaró que en los
cinco meses que tiene al frente del departamento recibió un rezago fuerte y que
los procesos que se han sumado en este año se han absuelto. Se han postergado
algunos pagos a fin de no afectar las finanzas del gobierno municipal.
También, dijo, es importante
valorar si el Ayuntamiento se inconformará en algunos de los casos, pues no
siempre es lo más conveniente para la administración.
“A veces tenemos al mismo
actor en dos o tres juicios, que reclaman cositas y quieren más, hasta que se
genera una bola de asuntos, pero que los ganen es otra cosa”, apuntó Burns.
“DICEN QUE PERDEMOS TODAS”: TOSCANO
Al cuerpo de regidores del
XXII Ayuntamiento le están cayendo todas
las sentencias ya perdidas, apercibimientos de inhabilitación y
advertencias del juez, incluyendo al Cabildo.
“Es un tema preocupante,
independiente de lo moralmente indignante que suceda esto”, resaltó el edil.
Desde el punto de vista
jurídico, hay cientos de juicios que se notificaron a anteriores ayuntamientos
y no los atendieron debidamente, de allí que aseguren, “perdemos todas”.
“Estamos de apagafuegos y
viendo la estrategia para poder cumplir con el trabajador, usamos los
instrumentos jurídicos para postergar las obligaciones e ir pagando poco a
poco, conforme llegan los requerimientos de jueces de distrito de
incumplimiento a sentencias firmes en
nuestra contra”, argumentó Orlando Toscano.
El tema más preocupante
cuando inició este gobierno fue el de los laudos, por eso armaron una ruta de
cómo llevar a cabo los procesos de transición y cómo notificar despidos sin que
reboten en juicios. Quitar en cierta manera las posibilidades de éxito en caso
de que intenten demandar.
Confió en que se hizo bien,
pues este gobierno no ha perdido juicios en contra, ya que como coordinador de
la Comisión, debe revisar caso por caso, “tengo qué saber a quién están
liquidando y con cuánto”.
No obstante, reveló que
llevan tres meses en una situación donde no han pagado indemnizaciones, hace
poco sólo autorizaron 22 mil pesos a un demandante.
“Se ha estado haciendo un
trabajo de negociar con trabajadores, se ha hecho un trabajo aceptable, bien,
pero tenemos la bronca de todos los empleados anteriores”.
Para el edil, lo mejor que se
puede hacer mientras no haya una reforma a la Ley, es que Sindicatura Municipal
se encargue de investigar si hay responsables o ciertas omisiones por no
atender debidamente las querellas.
Si por ejemplo un funcionario
no atendió una contestación, no desahogó pruebas ni las presentó, no contestó
el amparo debidamente.
“Nos servirá poco en términos
patrimoniales porque aspiramos a que caiga una sanción administrativa en contra
del funcionario, pero no nos resuelve nada en términos de fondo”, concluyó
Toscano.
ALTO VOLUMEN DE ASUNTOS
Bajo el esquema
constitucional de que las participaciones que correspondan a las entidades y
municipios son inembargables, “no puede afectarse a fines específicos ni están
sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las
entidades federativas o municipios, con autorización de las legislaturas
locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades y Municipios, a favor de la Federación”, es como se han protegido.
Hay una jurisprudencia del
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde si una entidad
administrativa si no tiene posibilidades de pagar o liquidez, debe presupuestar
en el siguiente ejercicio fiscal aunque no haya para pagar. “Es un acto legal,
y no significa patear el bote”, aclaró el Jurídico.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ EDICIÓN IMPRESA LORENA LAMAS LUNES, 24 SEPTIEMBRE, 2018 01:00
PM)
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