Esta mañana los presidentes de Coparmex
y los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Baja California anunciaron la
interposición de un amparo para eliminar el contrato entregado a la empresa
Seguritech Privada S.A. de C.V., para el
desarrollo del centro de seguridad C5i, por casi 800 millones de pesos que se
firmó con el Gobierno de Baja California.
“Hacemos esta protesta legal
porque vemos muchas irregularidades… no podemos invertir más de 700 millones de
pesos en un posible elefante blanco, con un gobernador que le falta un año de
funciones. Están jugando con el dinero de todos los contribuyentes”, señaló
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
en Baja california (CCSP).
En conferencia de prensa
realizada esta mañana, los empresarios denunciaron una serie de irregularidades
que presenta el contrato que tiene una vigencia de 10 años, y comprometería a
las siguientes administraciones estatales con pagos mensuales de 19 millones de
pesos, el primero de ellos sería efectivo en octubre próximo.
Por este motivo, explicó el
presidente del CCSP estatal, un grupo de empresarios presentaron un amparo en
el Juzgado Cuarto de Distrito en el que se solicita la nulificación de este
contrato.
Esto a raíz de una serie de
irregularidades en la transacción después de que el diputado del Partido de
Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez les hiciera ver.
Entre éstas está la
falta transparencia en la licitación, ya
que no se convocó a de la sociedad civil como testigos del proceso; una
inversión que registra sobreprecios en la infraestructura, que además resulta
escasa; personal insuficiente y sin capacitación, así como las seis denuncias
interpuestas contra la empresa ganadora, Seguritech, en el Congreso de la Unión
por incumplimiento de contratos en otras entidades como Guanajuato.
Además, el presidente de
Coparmex Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila, informó que se presentará entre hoy
y mañana una denuncia ante la Contraloría del Estado bajo los lineamientos del
Sistema Estatal Anticorrupción, que permite a cualquier particular denunciar un
acto de gobierno cuando existe indicios de corrupción.
Sobre el amparo, Hernández
Niebla informó que las partes señaladas fueron citadas en audiencia en octubre
próximo, para poder exhibir las irregularidades encontradas.
MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ISAÍ LARA BERMÚDEZ /MIÉRCOLES, 19 SEPTIEMBRE,
2018 12:30 PM)
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