El juez de Primera Instancia
de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región Norte de Sinaloa, Luis Nicanor
Barajas Peregrina, sentenció que ninguna familia de la localidad hará valer
poder fáctico, económico o político para torcer la justicia que se imparte en
el caso de fraude genérico que se imputa a Héctor Alejandro Elizondo Macías,
Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías, como miembros del Consejo
de Administración de la Compañía Azucarera de Los Mochis en perjuicio de
Francisco Javier Paredes Alvarado, quien reclama un quebranto de 6 millones de
dólares.
El magistrado que abrió la
audiencia inicial con la ausencia de los imputados, afirmó que éstos han
agraviado a la administración y procuración de Justicia del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado al enajenar a terceros el “Lote 8”, que es un bien asegurado
como garantía de pago, lo que resulta en una acción indebida, ilegal e
ilegítima que involucra a diversas instituciones del estado de Sinaloa,
municipio y organismos intermedios, cuyos titulares deberán de responder
legalmente por las acciones consumadas.
De acuerdo con la defensa,
Misael Vázquez Castillo, los implicados en un tráfico de influencias
escandaloso, involucra al Subsecretario de Normatividad e información Registral
del gobierno estatal, Ramón Murguía Aguirre; los directores del Registro Público
de la Propiedad y Comercio, al de Catastro y empresas de Culiacán, mientras que
en el municipio de Ahome figura el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, y el
Patronato Impulsor de la Cultura y las Artes (IMCA).
Por ello, del juicio inicial
de fraude genérico se deriva ahora el de fraude procesal, pues con la venta del
“Lote 8” pretendieron meter un candado en el pago del quebranto económico,
consideró Vázquez Castillo.
“El caso no es un asunto
menor, y servirá para demostrar que nada ni nadie está por encima de la ley en
Sinaloa; aquí nadie es intocable, sea quien sea será sometido. Mientras tenga
la causa penal, no temblará la mano para vincularlos o exonerarlos a proceso,
pero antes los ocupo tenerlos aquí”, señaló Barajas Pellegrina.
El juez aseguró que aunque se
ha garantizado el derecho al justo proceso, los imputados nunca han comparecido
y han utilizado estrategias dilatorias poco convencionales por lo que emitió un
acuerdo para pedir a sus similares jueces Quinto y Séptimo de Distrito
suspendan (sobreseer) las sentencias de protección de la justicia federal en
los juicios de amparo 277/2018 5b (Héctor Alejandro Elizondo Macías), 280/2018 (José Arreola Macías) y 284/2018
(Rodolfo de la Vega Valladolid) porque violaron el ordenamiento de comparecer tres
y cinco días después de que fueron requeridos, dando vigencia a la orden de
captura inmediata para ser presentados ante la autoridad que lo reclama.
“Pese a que incumplieron la
condicionante, los amparos estaban vigentes. El trámite resulta atípico y
sospechoso”, consideró.
Incluso no objetó el auxilio
de las fuerzas federales, militares y navales para que en colaboración con la
Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión se dé la inminente captura de
los hoy considerados prófugos de la justicia. “Ya tenemos antecedentes
mediáticos de que en juicios similares se recurrió a esa colaboración para
detener a uno de ellos”.
Un día después del acuerdo,
el martes 24 de julio, los jueces Quinto y Séptimo de Distrito anularon los
amparos concedidos a los tres imputados.
De acuerdo con Francisco
Javier Esquer Merino, delegado de Catastro en Ahome, el “Lote 8” de los bienes
de la Compañía Azucarera de Los Mochis amparado con la clave catastral
003-000-005-003-009-001 con una superficie de 14 mil 944.11 metros cuadrados en
línea quebrada, que parte desde el bulevar Antonio Rosales hasta la calle
prolongación Vicente Guerrero y trunca el callejón Varsovia, se encuentra
reservado por causa de un litigio (litis), por lo que nadie puede acceder al
expediente para conocer valor catastral y/o comercial u obtener cualquier
certificado como de propiedad o de libertad de gravamen, mucho menos enajenarse
o realizarse cualquier operación sobre él hasta en tanto no exista sentencia
firme.
LA COMPRA. Del lote 8.
Sobre el “Lote 8”, que estaba
en posesión de Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid
y José Arreola Macías, como miembros del Consejo de Administración de la
Compañía Azucarera de Los Mochis, relativo al fideicomiso F/291 en el que aparece
como fideicomitante la Compañía Azucarera de Los Mochis, el 7 de junio del 2018
se decretó un embargo precautorio por 60 días por Luis Nicanor Barajas
Peregrina, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la
Región Norte de Sinaloa, como garantía en el juicio de fraude genérico
interpuesto por Francisco Javier Paredes Alvarado, propietario de
Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos (Propassa) dado el
incumplimiento de entrega de embarques de endulzante refinado desde el año 2014
hasta el año 2016, causando un quebranto de 2 mil 600 millones de pesos.
La nota de cuenta fue
ordenada con el oficio 2902/2018 del cuadernillo 01/2018 y quedó anotada el 8
de junio del 2018 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con
sede en esta ciudad.
Once días después del embargo
precautorio, el 18 de junio del 2018, el notario público 165, Arturo Duarte
García autorizó definitivamente el registro de la escritura pública 12 mil 531,
volumen en XLI, cuadragésimo primero (41) del protocolo propio por la cual la
institución “Deutsche Bank México, Sociedad Anónima, institución de banca
múltiple, división fiduciaria como fiduciario del fideicomiso F/291 vende a
Fintac, sociedad anónima de capital variable el “Lote 8” en 19 millones 600 mil
pesos.
La compra-venta del inmueble
se habría certificado y realizado el 21 de mayo del 2018, fuera de la notaría
pública.
El Registro Público de la
Propiedad y del Comercio le reasignó la inscripción 137 del libro 1096 de la
sección primera en la que las partes acuerdan que el precio es alzado o Ad
Corpus, por el que su exceso o defecto traiga aparejada la rescisión del contrato
o ajuste al precio convenido.
La venta del terreno se
justificó en la cláusula cuarta del fideicomiso que aprueba la venta de activos
de la Compañía Azucarera S.A. de C. V. en caso de que incumpla con sus
obligaciones de pago al 3 de octubre del 2013.
Fintac, a través de su
apoderado legal, Jesús Servando Ramos Valenzuela acepta conocer que el “Lote 8”
presenta algunas indefiniciones legales relativas al estacionamiento de 800
cajones del Teatro Ingenio y de una calle construida por el Gobierno del Estado
de Sinaloa, y que conoce al momento de la situación jurídica, registral,
catastral, de mercado y física, asimismo que el vendedor no tiene obligación de
entregar física o virtualmente el inmueble adquirido, por lo que ellos se harán
cargos de los costos y costas de la obtención del inmueble del depositario o de
cualquier otra persona.
Las partes aceptan que en
caso de que Fintac pierda el derecho de posesión por sentencia judicial el
fideicomiso F/291 responderá con activos propios y no institucionales, y en
caso de ser inexistentes renunciará al saneamiento.
Dos días después de
registrada la compra-venta del lote en cuestión, el 20 de junio (2018) Fintac,
a través de su representante legal, Jesús Servando Ramos Valenzuela realiza
donación pura, incondicional, gratuita e irrevocable al Ayuntamiento de Ahome
del 45 por ciento del lote.
Esto es que cede 6 mil 785.45
metros cuadrados del predio inicial. La donación colinda con el Teatro Ingenio
y con el Museo Interactivo Trapiche, de acuerdo con la inscripción 195 del
libro 1096, sección primera.
DONACIÓN. A la comuna de Mochis.
La donación fue protocolizada
por el notario público Sergio Armenta Sarmiento, quien asentó que fue recibida
por el alcalde Manuel Urquijo Beltrán, el secretario Juan Antonio Garibaldi
Hernández, y la síndica procuradora María Luisa Gómez Lizárraga, con la
cláusula que será Fintac quien responda en caso de sentencia judicial adversa
(evicción).
El 9 de julio (2018), en la
sesión de cabildo de Ahome número 60 se oficializó la solicitud de Impulsora de
la Cultura y las Artes (IMCA) para la donación de una fracción de la sección
del “lote 8” en posesión de la comuna de Ahome.
La petición de 3 mil 171.70 metros cuadrados fue suscrita
por Rosa Irma Peñuelas Cota y enviada para su análisis a las comisiones
unidades de Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.
Sin embargo, deshacer el
conflicto queda ahora en manos de los regidores, quienes deberán analizar a
fondo la legal propiedad del predio, antes de cederlo a terceras personas.
Misael Vázquez Castillo,
líder de la defensa de Francisco Javier Paredes Alvarado, dijo que toda la
trama de la venta del “Lote 8” es un candado para evitar el embargo definitivo
en el juicio de fraude genérico que se inició en contra de Héctor Alejandro
Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José Arreola Macías, como
miembros del Consejo de Administración de la Compañía Azucarera de Los Mochis,
que fue ideado por éstos cuando se enteraron que era la garantía de pago del
quebranto ocasionado, lo que da origen a una segunda imputación, pero ahora por
fraude procesal.
“En realidad, el valor del
‘Lote 8’ quintuplica lo pagado por los empresarios sinaloenses”.
VÁZQUEZ Y PAREDES. Funcionarios
involucrados’.
Fintac S.A. de C.V., la
empresa que compró el “lote ocho” con embargo precautorio por 60 días ordenado
por el juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal en la Región
Norte de Sinaloa, Luis Nicanor Barajas Peregrina es culichi, pero conformada en
Los Mochis y en fecha reciente.
Quedó registrada el 26 de
marzo del 2018 en el protocolo propio del notario público 153, Sergio Armenta
Sarmiento con la inscripción 17,977 del LX (sexagésimo) volumen libro primero,
en Los Mochis, Sinaloa, cinco días después de que la firma adquiriera el “lote
ocho” del Fideicomiso F/159 que los accionistas de la Compañía Azucarera de Los
Mochis, Héctor Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid y José
Arreola Macías firmaran con Deustsche Bank México.
Es decir, primero compran el
lote y después crean la empresa.
Al día siguiente de su
conformación, el 27 de marzo fue inscrita en el Registro Público de la
Propiedad.
Fintac procede de la unión de
las empresas Facturco, Sociedad Anónima de Capital Variable, registrada en
Culiacán el 5 de mayo del 2006 con la inserción 12,273 y Balor Dispersora,
Sociedad Anónima de Capital Variable
registrada en Culiacán, Sinaloa el 16 de junio del 2009 con la escritura
14,154 volumen LVI, que aportaron 25 mil pesos de capital cada una. Las tres
tienen al mismo apoderado legal, Jesús Servando Ramos García, y proceden del
mismo propietario, Gaspar Ureta Angulo.
Ureta Angulo es también
propietario de la empresa Primos and Cousins, según el acta del registro
Público de la Propiedad y del Comercio 5548 inscrita el 2 de enero de 1996, y
que entre otros giros produce alimento para ganado con base a melaza, desecho
orgánico que era producido en el ingenio de la compañía Azucarera de Los
Mochis.
Primos and Cousins es
acreedor en el concurso mercantil 30/2016 que se desahoga por la quiebra de la
Compañía Azucarera de Los Mochis (Calmsa), como lo es también el ex socio de
los inversionistas, Luis Puente Pérez, y los trabajadores sindicalizados, entre
otros actores.
Ramón Murguia Aguirre, actual
Subsecretario de Normatividad e Información Registral del gobierno de Quirino
Ordaz Coppel resultó emparentado políticamente con Ureta Angulo, al ser su pareja madrina de anillos
en la boda de una hija de éste.
Artículo publicado el 29 de julio de 2018 en la
edición 809 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/LOS MOCHIS EN 31 JULIO,
2018)
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