Señor director:
El día de ayer la edición
electrónica de su revista publicó un artículo relacionado con el derrame
ocurrido en el Río Sonora en 2014, donde se hace alusión incorrecta a mi
persona.
Sobre el particular, me
dirijo a usted, ejerciendo el derecho de réplica que me otorga la ley, para
aclarar los siguientes aspectos de mi gestión como Presidente del Comité
Técnico del Fideicomiso Río Sonora.
A lo largo de mi carrera
profesional jamás me he beneficiado de ningún tipo de recursos públicos, ni en
este caso, de recursos privados cuya aplicación vigilé, de conformidad con lo
establecido en el convenio suscrito entre las empresas mineras Buenavista del
Cobre, S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C.V.
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), del cual se
derivó la creación del Fideicomiso y su Comité Técnico.
Mi función principal en el
Fideicomiso fue coordinar a las instituciones involucradas en la atención del
derrame y vigilar que en todo momento la mina aplicara con prontitud y eficacia
las medidas de remediación, reparación y restauración de los daños al medio
ambiente y la salud humana causados directamente por el derrame de una solución
acidulada con metales pesados altamente tóxicos, ocurrida el 6 de agosto del
2014. Mis atribuciones no incluyeron funciones de compra o venta de ningún tipo
de bienes o servicios.
El Comité Técnico se integró
por un representante de la Mina, especialistas técnicos de reconocidas
instituciones (UNAM y Centro Mario Molina) y un servidor como representante del
Gobierno Federal y Presidente del mismo; además, según el tema a tratar, se
invitaba a expertos de las diversas Secretarías, instituciones de prestigio y
funcionarios de Nacional Financiera, la cual fungía como Fiduciaria del
Fideicomiso.
Cabe aclarar que el
Fideicomiso Río Sonora ha sido el fideicomiso más transparente del sector,
dadas las circunstancias sociopolíticas que se derivaron del derrame. Toda la
información del mismo se hizo pública desde su creación, a través de la página
de internet www.fideicomisoriosonora.gob.mx, con el propósito de informar
objetiva y oportunamente a la población y con la finalidad de transparentar
todas y cada una de sus acciones. También, la información fue dada a conocer en
muy diversas sesiones públicas en Hermosillo, en las localidades del Río Sonora
y en múltiples medios electrónicos e impresos a lo largo de la existencia del
Fideicomiso.
Me gustaría hacer hincapié en
que, como consecuencia del derrame, se aplicó por primera vez la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental, sobre la cual se determinaron la creación del
fideicomiso y las sanciones aplicadas a las empresas responsables, que
incluyeron clausuras y multas; todas éstas, actos de autoridad que nunca se
habían aplicado a una industria infractora.
Las acciones llevadas a cabo
significaron una derrama económica equiparable a 7 veces el Producto Interno
Bruto anual de la región, ya que se distribuyeron 1,070 millones de pesos
(86.7% de los recursos ejercidos por el Fideicomiso), a través de la entrega de
27,111 apoyos económicos directos a la población afectada, en rubros tales
como: resarcimientos por afectación a la salud, las actividades productivas, el
abastecimiento de agua potabilizada y la rehabilitación de pozos. La población
de la zona en ese entonces se estimaba en poco más de 23 mil habitantes.
Atendiendo una de las
demandas más sentidas de la población, se instalaron 10,188 tinacos en todas
las casas y edificaciones de carácter social de los municipios afectados debido
a que la mayoría de éstas carecían de tinacos para almacenar el agua potable
que de manera extraordinaria se les estaba dotando a través de pipas y otros
medios. Asimismo, y en virtud de que las casas tienen techo de lámina
galvanizada, el Comité Técnico aprobó que dichos tinacos fueran instalados
sobre unas torretas metálicas, de diseño y fabricación locales.
Para realizar la instalación
de los tinacos, la CONAGUA propuso al Comité Técnico que se hiciera a través
del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora (CICS), el cual cubrió
los requisitos establecidos en los criterios de procedencia autorizados por el
propio Comité, los cuales señalaban que la entidad ejecutora debía: ser una
institución sin fines de lucro, experiencia profesional en el desarrollo de
trabajos similares, transparencia, precio competitivo, capacidad técnica,
conocimiento de la zona, prestigio regional y participación de diversos
contratistas locales, con el objetivo de que hubiera varios frentes de obra que
de manera expedita resolvieran el problema. Dada la emergencia, los tinacos
fueron comprados a varios proveedores por el CICS, según su disponibilidad en
la zona y los avances en las instalaciones.
El Colegio de Ingenieros
Ambientales de México (CINAM), el cual fue fundado hace 22 años y yo tuve el
honor de ser su primer Presidente, fue seleccionado por el Comité Técnico como
supervisor de esas instalaciones, siguiendo los mismos criterios y por ser una
institución colegiada con autoridad moral ante la sociedad, como el Colegio de
Ingenieros Civiles de Sonora. Los supervisores asignados por el CINAM fueron
distinguidos académicos del Instituto Politécnico Nacional.
No deseo hacer polémica
respecto al artículo publicado por ustedes, las cifras referidas por la
organización Poder están equivocadas o están descontextualizadas, los datos
correctos los refiero en esta carta y pueden ser consultados y cotejados en la
página de internet referida.
Finalmente, es importante
mencionar que de acuerdo con los estudios realizados en la zona por diversas
instituciones académicas y de investigación, el Río Sonora ha sido contaminado
históricamente por múltiples descargas industriales (principalmente mineras),
agropecuarias y urbanas. Desde mi perspectiva, seguirá siendo necesario
emprender acciones y desarrollar infraestructura ambiental para sanear de
manera integral la cuenca hidrológica y restaurar sus ecosistemas.
Atentamente
Dr. Rodolfo Lacy Tamayo
(PROCESO/ DERECHO DE RÉPLICA/ LA REDACCIÓN/ 1 AGOSTO,
2018)
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