Sobre el escritorio de Janine
Otalora, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, está un tema candente y que demostrará de qué esta hecha. Se trata
de la impugnación que hizo el PRI a principio de abril de la candidatura del
canadiense Napoleón Gómez Urrutia a una senaduría plurinominal de Morena, que
fue avalada por el Instituto Nacional Electoral el 30 de marzo, al considerar
que al presentar un certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento,
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunció a “toda sumisión,
obediencia, fidelidad a cualquier estado extranjero”. Una vez más, todo indica
que el INE se volvió a equivocar.
Gómez Urrutia se fugó de
México hace casi tres lustros, tras haber sido acusado de un fraude de 55
millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, y adquirió la
ciudadanía canadiense en agosto de 2013, respaldado por los sindicatos minero
de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con
los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, y
vio la puerta de Andrés Manuel López Obrador, como su retorno triunfante.
López Obrador lo colocó en la
lista plurinominal de Morena al Senado, pese a no conocerlo. Al explicar su
respaldo, reveló que el líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy
Corbyn, se lo había solicitado. El argumento de Corbyn es el mismo que han
esgrimido los sindicatos norteamericanos y los ingleses, que son un fuerte
soporte electoral de los laboristas: Napito, como se le conoce, es un
perseguido político. El Senado sería el vehículo para regresar a su país, y
para brincar el obstáculo que le impedía ser candidato por tener una ciudadanía
ajena a la mexicana, hizo los trámites para comprobar que tenía la mexicana.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores le entregó, en lo que es un mero trámite administrativo, el
certificado de nacionalidad mexicana 439, que fue la base para el fallo del
INE. El problema es que con su acción, el INE contraviene el artículo 32 constitucional
que establece: “La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación
mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá
normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los
cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente
Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes
tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”.
Es decir, salvo que Napito
tenga un documento del gobierno canadiense en donde cancela su nacionalidad,
sigue siendo canadiense y súbdito de la Reina de Inglaterra, al ser Canadá
miembro de la Mancomunidad Británica donde Isabel II es la jefa de Estado. La
aparente inconstitucionalidad del INE lo explican los artículos 17 y 18 de la
Ley de Nacionalidad, donde se exige la renuncia vía certificado de nacionalidad
a los mexicanos a los que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.
El certificado de Relaciones
Exteriores sólo aplica cuando otrro Estado atribuye nacionalidad, como en el
caso de los españoles, que por ser hijos de españoles se les otorga en
automático la nacionalidad, pero no en aquellos casos donde la nacionalidad se
adquiere de manera voluntaria, como fue el caso de Gómez Urrutia. Se puede
argumentar que Gómez Urrutia no solicitó al gobierno canadiense iniciar el
procedimiento especial para que se le despoje de la nacionalidad y se le
extienda un certificado de renuncia. Mientras no lo haga, Napito seguirá siendo
canadiense y, por tanto, la Magistrada Otalora tendría que fallar contra el
dictamen del INE.
La ley puede ser interpretada
de diferentes maneras, pero en el apego estricto de la ley, hasta ahora se
puede argumentar que Gómez Urrutia tiene la doble nacionalidad y que el
certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no supera la
prohibición constitucional para ser nominado a un puesto de elección popular.
Podría ser, porque no se sabe hasta este momento, que el líder minero tenga en
la chistera ese documento, que hasta ahora no ha proporcionado. La Embajada de
Canadá también se ha negado, argumentando razones de privacidad, informar si
Gómez Urrutia sigue teniendo su nacionalidad.
Políticamente hay otros
considerandos al intento de Gómez Urrutia, que muy probablemente López Obrador
no tenía en el radar, y son sus vínculos con los sindicatos y empresarios
extranjeros. La única sección fiel a Napito que tiene el contrato colectivo en
una empresa fuerte es en la siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, operada
por el conglomerado Arcelor Mittal, con quien negociaba los contratos
colectivos en Vancouver, donde vive desde que se escapó de la justicia
mexicana. Ninguno de los dos ha tenido nunca un problema real, y su relación de
patrón a trabajador, ha sido tersa.
Acelor Mittal, la acerera más
grande del mundo, es propiedad mayoritaria de su presidente y jefe ejecutivo,
Lakshimi Niwas Mittal, un indio que tiene como base el Reino Unido, quien pese
a tener frecuentes diferencias con los sindicatos en Inglaterra, fue
fundamental para que el Partido Laborista se hundiera financieramente hace unos
años –previos al liderazgo de Corbyn- al donarles dos millones de libras
esterlinas.
Napito fue protegido en
Vancouver por los sindicatos norteamericanos. Los mineros canadienses tienen
fuertes intereses en México, donde figuran las empresas canadienses entre las
más importantes del sector, mientras que a los estadounidenses les ofreció
contratos colectivos de la industria automotriz. Gómez Urrutia ha criticado a
quien esto escribe por diversos artículos sobre su persona, pero esta
información nunca la ha desmentido. Tampoco ha probado con documentos
canadienses, que sus lealtades están con México, y no al servicio de su
majestad.
Nota: Esta columna no se
publicará el 1 de mayo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 30/04/2018 | 04:05 AM)
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