El estado de Guerrero, con siete
desplazamientos masivos; Sinaloa, con cinco, y Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con
tres, en cada caso, son las entidades del país con mayor número de este tipo de
episodios durante 2017, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos.
En 17 de los 25 episodios de
desplazamiento masivo se detectó como origen la violencia de grupos armados
organizados. Estos hechos ocurrieron en Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Michoacán y Sinaloa.
Además, por violencia política,
conflictividad social y conflictos territoriales, se presentaron siete
desplazamientos masivos en Chiapas, Chihuahua y Oaxaca.
Ciudad de México, 2 de mayo
(SinEmbargo).– De enero a diciembre de 2017 se registraron 25 episodios de
desplazamiento masivo interno forzado en México, lo que afectó a 20 mil 390
personas, de las cuales el 60.44 por ciento son indígenas, informó hoy la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Las entidades federativas con
más episodios son: Guerrero con 7 desplazamientos masivos, Sinaloa, con 5, y
Chihuahua, Chiapas y Oaxaca con 3 respectivamente, indicó José Guevara,
representante de CMDPDH, en rueda de prensa.
El acumulativo histórico es
de al menos 329 mil 917 personas desplazadas de manera masiva desde el inicio
de la estrategia de seguridad frontal contra el crimen organizado, llamada
“Guerra contra el narco” de Felipe Calderón.
“El fenómeno de desplazamiento
está invisibilizado. El Estado se ha resistido en reconocer la dimensión del
problema y se ha resistido a construir una política integral que permita a las
instituciones identificar la dimensión y contar con las herramientas necesarias
para prevenir y atender a las víctimas”, detalló José Guevara.
El activista explicó que este
registro – obtenido del análisis hemerográfico e información contrastada con
organizaciones civiles- responde solo a
los movimientos masivos, no de familias y personas que en lo individual han
tenido que dejar sus lugares de residencia. Los 329 mil desplazados es una
“cifra conservadora”, se estima que hay muchos más casos, aclaró.
De enero a diciembre de 2017 se
registraron 25 episodios de desplazamiento masivo en México. Foto: Sugeyry
Gándara, SinEmbargo
Brenda Pérez, coordinadora de
investigación de desplazamiento de la CMDPDH recordó que la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI de 2016 señala que un millón 61 personas en México
han cambiado de vivienda a causa de la inseguridad.
“No dice que es
desplazamiento como tal; pero si uno ve bien la redacción, se trata de personas
que optaron por cambiar de residencia para protegerse de la delincuencia. Esto
nos está hablando de un fenómeno de desplazamiento porque sí indica que la
causal es la inseguridad”, agregó.
Además, recalcó que esta
cifra proporcionada por el INEGI no detalla si es acumulativa o solo del
periodo en el que se efectuó el sondeo por lo que no hay un registro preciso
del total de personas desplazadas por la violencia en México.
En relación a los
desplazamientos masivos de 2017, Brenda Pérez destacó que la población indígena
fue la más afectada, pues del total de desplazados, 12 mil 323 eran de
diferentes etnias.
“Algunos de estos episodios
fueron provocados por conflictos comunitarios antiguos de origen y territorial
que, al no haber sido resueltos en el pasado, resurgieron y se intensificaron,
volviendo a generar situaciones de violencia y, por consecuencia, desplazamientos. Tal fue el caso de los episodios ocurridos en
San Juan Juquila, Oaxaca, que desplazó alrededor de mil mixes y en
Chalchihuitán, Chenalhó, Chiapas, que desplazó a más de 5 mil indígenas”,
abundó.
El fallecimiento de 14 de
personas que estaban en situación de desplazamiento es otro aspecto que
enfatizó Pérez. Doce de estas personas afectadas eran indígenas.
“Esto evidencia la grave
situación que enfrentan las víctimas y nos habla de la vulnerabilidad en las
que están expuestos”.
El estado con mayor número de
personas desplazadas masivamente fue Chiapas con 6 mil 90 casos, (el 29.87 por
ciento) seguido por Guerrero con 5 mil 948 desplazados (29.17 por ciento) y
Sinaloa, en tercer lugar, con 2 mil 967 casos (14.55 por ciento).
“En todos los desplazamientos
se presentó el uso directo de la violencia”, detalla el informe.
17 de los 25 episodios de
desplazamiento masivo fueron causados por violencia de grupos armados
organizados. Estos ocurrieron en Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Michoacán y Sinaloa.
Por violencia política,
conflictividad social y conflictos territoriales se presentaron siete
desplazamientos masivos en Chiapas, Chihuahua y Oaxaca.
Los proyectos extractivos
mineros también generaron desplazamientos, pues se registró al menos un caso en
Zacatecas.
CEAV NO AYUDA A DESPLAZADOS
Marisela Orozco ha vivido en
carne propia el desplazamiento desde el 2014 cuando tuvo que salir de Veracruz
tras el secuestro y asesinato de dos hijos. Desde hace más de tres años ha
tenido que enfrentar la burocracia, la falta de políticas de atención para las
personas que están en su misma situación, así como la inacción de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) instancia que le negó el apoyo
inicialmente, denunció.
Marisela perdió a dos de sus
tres descendientes: Gerson Quevedo Orozco de 19 años, estudiante de
arquitectura de Universidad Veracruzana (UV), secuestrado cuando iba al Oxxo el
15 de marzo de 2014, y Alán de 15 años, estudiante de preparatoria y jugador de
fútbol, integrante del equipo los Tiburones Rojos de Veracruz en la sub 17;
acribillado cuando buscaba a su hermano ese mismo día en Medellín, Veracruz.
Marisela Orozco ha vivido en carne
propia el desplazamiento desde el 2014. Foto: Twitter vía @CMDPDH
La mujer y su familia
tuvieron que dejar su casa, su hogar y su vida hasta donde la conocían desde el
plagio de su hijo.
Gerson fue interceptado por
criminales y privado de la libertad cuando iba camino al Oxxo en la colonia
Arboledas San Ramón, alrededor de las nueve de la mañana.
Los plagiarios llamaron
alrededor de las once de la mañana para pedir rescate. Al menos 80 mil pesos
debían pagados si querían volver a ver con vida a Gerson, narró Marisela.
El dinero fue exigido a
Margarita, hermana de la víctima quien recibió la llamada.
Los sujetos indicaron el
lugar y la forma en el que debería de entregar el dinero.
La familia pagó ese mismo
día, cerca de las 5 de la tarde, pero de Gerson jamás regresó.
Alrededor de doce de la
noche, un supuesto amigo de Gerson llegó a la vivienda de la familia. Ahí se
encontraba Alan Quevedo, su cuñado Miguel Eliacim Caldelas, sub campeón
nacional de Taekwondo, y su hermana Margarita.
El supuesto conocido le dijo
a los parientes que sabía donde podrían tener a Gerson. Alan, Miguel y el
supuesto amigo acudieron a una vivienda ubicada a unas cuadras en la misma
colonia; sin embargo, una camioneta les cerró el paso y acribilló a Alan y a
Miguel. “El amigo, curiosamente, solo tuvo un rozón”, añade Marisela.
Alan y Miguel resistieron las
heridas por varios minutos, pero la ambulancia llegó una hora después, agrega
la mujer.
Inmediatamente después de los
hechos violentos, Marisela, su hija Margarita y su esposo abandonaron Medellín
Veracruz, alertados del peligro que corrían.
“La misma policía me dice que
nos iban a matar, que teníamos que salir inmediatamente”, abundó.
Las amenazas de muerte fueron
constantes, apunta Orozco.
Marisela afirma que desde el
momento en que dejó su casa acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) para solicitar ayuda y refugio; pero se lo negaron con el
argumento que eso le correspondía al DIF.
“Yo llegué en el 2014 primero
rogando a CEAV que me ayudaran, fueron muchos meses de palabras, con papeles y
no lograba nada. Terminé interponiendo un amparo, pero tampoco logré nada. Un
juez resolvió que la responsabilidad de ayudarnos era el DIF; y el DIF dijo que
no tenía albergues para familias, solo para ancianos y niños. No tenía
albergues para nosotros, no hubo del apoyo de ni del DIF, ni CEAV”, comenta.
La familia Orozco salió de su
hogar sin ropa, comida, ni pertenencias. Estuvieron en varias viviendas de personas que les daban
alojamiento temporal y con organizaciones que le brindaron apoyo.
A la distancia, Marisela
continúo con la búsqueda de su hijo Gerson y en el camino se unió al colectivo
María Herrera y a la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, para
rastrear a otros jóvenes. Se convirtió en defensora.
Ahora como activista,
Marisela señala que hasta la fecha no ha sido atendida ni registrada como
víctima de violaciones a los derechos humanos.
“No me cambiaron el estatus,
yo sigo como víctima indirecta por el secuestro y asesinato de mi hijo. Creo
que lo único que logré con mi caso es que la CEAV empezara a ver de que forma
ayudar, porque en 2017 comenzaron a dar apoyos de vivienda y alimentación a
víctimas indirectas”, refiere.
José Guevara de la CMDPDH
recalcó que el caso de Marisela revela las víctimas de desplazamiento y de
violaciones a derechos humanos, aún son invisibles para la CEAV pese a las
reformas a la Ley General de Víctimas para atender a estos afectados.
“La CEAV no ha querido
aplicar la Ley adecuadamente y ha dejado a las víctimas de desplazamiento en un
estado de indefensión”.
Los activistas de la CMDPDH
indicaron que es necesario un diagnostico real sobre el número de personas
desplazadas y que se promulgue una Ley general en la materia.
(SIN
EMBARGO/ SUGEYRY GÁNDARA/ 02 DE MAYO 2018
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