El
PRI y PVEM en la Cámara de Diputados intentan que avance la aprobación de la
Ley General de Biodiversidad, aunque ello signifique violar los procesos
legislativos.
Mientras
que los partidos acusados han guardado silencio, la Red Mocaf y legisladores de
oposición coinciden en que el interés de los aliados en dar salida a la ley que
abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking en zonas
protegidas responde a una agenda empresarial.
Ciudad
de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Diputadas de oposición y activistas
denunciaron que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde
Ecologista de México (PVEM) de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales intentaron nuevamente avanzar hacia la aprobación de la iniciativa de
la Ley General de Biodiversidad (LGB) promovida por la Senadora “verde” Ninfa
Salinas.
En
entrevista para SinEmbargo, la Diputada María García Pérez, del Partido Acción
Nacional (PAN), señaló que el pasado jueves, sin quórum, los legisladores del
PRI y PVEM que pertenecen a la comisión discutieron el dictamen que ha sido
criticado por organizaciones de la sociedad civil, académicos y fracciones
parlamentarias de oposición, al considerar que violenta derechos humanos y abre
la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas
protegidas.
El
PVEM no ha emitido una postura al respecto.
Este
diario digital solicitó a una entrevista con Eduardo Arturo Quijano Laviada,
secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados, quien aseguró que haría una declaración pública al respecto,
que hasta el momento no se ha concretado.
En
Artículo 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados se lee: “Para que exista
Reunión de comisión, se requerirá la integración del quórum”, es decir rebasar
el aforo de la mitad más uno del total de los 30 integrantes. Además señala una
tolerancia de 30 minutos para arrancar con la sesión, no obstante, a pesar de
que el pasado jueves únicamente se registraron 15 diputados dos horas después
de la cita, la reunión se llevó a cabo.
“Pasaron
cerca de dos horas cuando iniciaron apenas la reunión y aunque no tuvieron
quórum ellos la aprobaron […] Los del PRI y los del Verde se juntaron y fueron
los que aprobaron esta iniciativa que está fuera de toda legalidad por no
contar con quórum y por violentar el reglamento de la Cámara”, criticó la
Diputada.
En
ese sentido, Gustavo SánchezValle, presidente del consejo directivo de la Red
Mocaf, señaló una vez más que la modificación constitucional sólo obedece a
intereses económicos y resultará dañina para el medio ambiente y para los
derechos de pueblos indígenas.
En
ese punto coincidió la legisladora García Pérez, quien afirmó que “detrás [de
la Ley de Biodiversidad] hay intereses económicos de algunos grupos, sobre todo
de quien fue la autora de esta iniciativa que es la Senadora Ninfa Salinas”.
Ninfa
Clara Salinas Sada, la impulsora de la Ley General de Biodiversidad. Foto: Iván
Stephens, Cuartoscuro
Mientras
tanto, Sánchez Valle recriminó el actuar de los diputados del Verde y del PRI
que integran la comisión: “Es lamentable la actuación de los Diputados del
Verde y del PRI, quienes no han logrado reunir el quórum y aun así pretenden
pasarlo al Pleno. Nos queda ya muy claro que el modelo de democracia
representativa está agotado […] Es vergonzoso que se encierren en una sala y
paren el reloj legislativo para poder juntar el quórum y aún sin lograrlo
quieran pasar un dictamen. Van en contra de todo principio de participación y
de inclusión”.
“Es
preocupante este virtual secuestro de espacios públicos, como es la Cámara de
Diputados, para fines particulares. Desde mi punto de vista es la parte más
preocupante de la actuación de los legisladores del PRI y el Verde que componen
las comisiones de Medio Ambiente”, agregó.
En
febrero pasado, el líder de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Juárez, aseguró
que los legisladores de su partido estaban confiados en que “tenemos que
sensibilizar, y por supuesto que lleve todo el proceso legislativo”, por lo que
no se aprobaría “al vapor”.
Y
acusó que las críticas al proyecto de la Senadora verde eran “por una cuestión
político electoral” y advirtió que no iban a “frenar” el proceso de la
modificación constitucional.
La
aprobación en el Senado de la Ley General de Biodiversidad se dio en medio del
escándalo por el aval a la Ley de Seguridad Interior. En esta ocasión se dio al
inicio del puente vacacional de Semana Santa.
TRATARÁN DE EVITAR QUE LA LEY PASE
La
Diputada García Pérez adelantó que la próxima semana desde el PAN trabajarán
para lograr que se agende una nueva reunión y reponer la discusión para
discutir la minuta “como debe de ser” y en apego al Reglamento de la Cámara.
Por lo que de momento no se sabe cuándo el procedimiento llegará al Pleno.
Por
ello, hizo un llamado a los legisladores del PRI y Verde a “que se apeguen a lo
que marca el reglamento, que se apeguen a las voces de los demás. Que escuchen
a la gente que realmente está inmiscuida, que sabe, que vive y que está dentro
de estos temas importantes”.
Por
su parte, el defensor Sánchez Valle pidió a la sociedad mexicana permanecer
informada sobre lo que ocurra para evitar que la Ley General de Biodiversidad
se convierta en una realidad. Asimismo, manifestó que la actuación de los
partidos mencionados podría acarrear un costo político en las próximas
elecciones.
“Con
este tipo de actuaciones están contribuyendo más al descrédito de una
administración que está terminando con los niveles más bajos de aceptación por
parte de la sociedad y que representan un lastre para el candidato de esa
alianza PRI, Verde y Nueva Alianza [José Antonio Meade Kuribreña]”, advirtió.
La
diputada perredista Cecilia Soto señaló en días pasados que su partido no considerará
“válida esa aprobación a un dictamen que fue hecho ilegalmente”.
UNA LEY QUE FAVORECE LA EXTRACCIÓN
El
mes pasado, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad,
compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas,
indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas compartió una serie de
deficiencias que la minuta presenta, entre las que destacan las siguientes:
–Omite derechos de los pueblos indígenas
previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
–Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades
al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación
ecológica, pero no en materia indígena.
–Pretende privatizar los recursos
genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto
último, sin su consulta y consentimiento.
–Debilita las Áreas Naturales Protegidas
y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de
utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la
minería y la industria energética.
–Adolece de mecanismos certeros y
adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación
ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se
distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y
organizaciones.
–Contraviene acuerdos internacionales
como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
–Lejos de implementar el Protocolo de
Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.
–Dificulta la implementación del Acuerdo
de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia
legislativa a nivel nacional.
–Limita las posibilidades de que el
Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello
menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.
(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/ 29 DE MARZO
2018)
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