La opinión pública está
volcada a favor de Santiago Nieto. El 64 por ciento de las menciones en las
redes sociales, según la empresa GLAC, piden que sea restituido como fiscal
para delitos electorales. Tras cinco días de haber sido cesado por violar la secrecía
de las investigaciones sobre el presunto financiamiento de la empresa brasileña
Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, y afectar
los derechos humanos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a través de quien
presuntamente se canalizó ese recurso, Nieto es visto como una víctima del
poder, que lo destituyó por enfrentársele. Tiene como apoyo la indignación
nacional y la fuerza de la opinión pública para que sea reinstalado en su
cargo. En el balance, le ha ido muy bien al ex fiscal, que abrazado por la
cólera mexicana, se le ha perdonado su deshonestidad.
Describir al ex Fiscal como
un tramposo, no es un juicio de valor. Su lucha para que el Senado lo
restituya, encierra más que un deseo por regresar a su cargo, y desnuda en
dónde estamos parados. La ley no nos importa. Nos interesan los ajustes de
cuentas. Si alguien socava el estado de Derecho para hacer una justicia que se
acomode a nuestros intereses y ponga bálsamo a nuestras frustraciones, lo
arropamos, lo apoyamos y lo apuntalamos para que derrote a nuestro enemigo
común. Nieto ha jugado con estos ideales justicieros, donde la justicia es sólo
un pretexto.
Su acto supremo fue la carta
que envió el lunes al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde le pide que
esa cámara lo restituya en el cargo. El párrafo relevante es el segundo, donde
señala: “Con fecha del 20 de octubre de 2017, el C. Alberto Elías Beltrán,
encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, me notificó
personalmente la remoción con efectos inmediatos de Titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales… en términos del artículo
décimo octavo transitorio… que también establece que el Senado de la República
podrá objetar la remoción… dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo
caso el titular de la fiscalía será restituido en el ejercicio de sus
funciones”.
Hay dos elementos falsos en
este párrafo, que por su conocimiento de las leyes, las normas jerárquicas y
los procedimientos, llevan a pensar, objetivamente, que Nieto quiso engañar a
la opinión pública y embaucar a los senadores. Por un lado, se refiere a Elías
Beltrán como “encargado de despacho”, lo que jurídicamente es incorrecto. El
actual Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, ocupa el cargo como
Procurador suplente, con las “facultades necesarias” para remover al titular de
la Fiscalía, “sin mediar causa o gravedad de ella que conlleven a dicha
remoción”. Nieto se arropó en el primer párrafo del décimo octavo transitorio y
en la parte final del tercero, del cual omitió las tres primeras líneas, que
dicen: “Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente
transitorio durarán en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin
perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el procurador general”.
El impacto de la carta expuso
el desgaste del Gobierno en cuanto a credibilidad y legitimidad, pero sobre
todo, desnudó la carencia de una cultura jurídica en el País. La ley no
importa, sino que lo trascendente es que se haya eliminado a quien veían como
un funcionario autónomo que era capaz de enfrentarse a los intereses del
Gobierno. Esa es la imagen proyectada en la opinión pública por Nieto,
construida a partir de un elemento, la investigación contra Lozoya en el
contexto del caso Odebrecht. Es irrelevante que durante su gestión de poco más
de dos años y medio, hubiera violado de manera sistemática los derechos humanos
de indiciados en investigaciones, porque lo importante no era salvaguardar sus
garantías, sino su obligación a difundir información de interés público. El
precepto tan anhelado y presumido de que todos son inocentes hasta que se les
demuestre su culpabilidad, ha sido anulado por la politización del caso y la
victimización de quien aunque fuera por las mejores razones, violó la ley.
No hay espacio para la
legalidad cuando la violación se justifica porque coincide con el imaginario
colectivo. Según GLAC, entre el 15 y el 22 de octubre, el periodo entre la
entrevista de prensa donde afirmó falsamente que Lozoya le había pedido que lo
exonerara de todos los delitos relacionados con el caso Odebrecht y su
dimisión, se dieron 24 mil 341 menciones sobre el cese, de las cuales el 64 por
ciento eran positivas para Nieto, y 33 por ciento negativos. El tema polarizó a
la sociedad política, que rechazó la acción del Gobierno dos por uno. El débil
frente al poderoso; la víctima ante el victimario.
El dinamismo en las redes
sociales tuvo en los portales de los medios su catalizador y magnificador, y
obligó al Senado a tomar posición. La legalidad con la que actuó Elías Beltrán
ha sido ignorada por la mayoría, sobre todo los senadores, así como también
hizo de lado que Nieto violó la ley. La discusión no es sobre leyes, ni estado
de Derecho. Es política inmersa en el conflicto. Frente a la pobreza de cultura
jurídica, está la intensidad del debate en la arena pública, donde frente al
poderoso, la víctima, por más inmoral que haya, es a quien hay que defender. No
hay muerto malo, dice el dicho. La sociedad política grita, en la defensa de
Nieto, que es cierto.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/25/10/2017 | 04:03 AM)
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