ENERGÍA: NEGOCIOS Y OPACIDAD
NdeR:
El siguiente reportaje fue elaborado con
el apoyo financiero de Natural Resource Governance Institute. La responsabilidad del contenido es de
SinEmbargo MX.
El 31 de enero de 2013, cuando el Presidente Enrique
Peña Nieto tenía un mes en el Gobierno, una explosión en la Torre Ejecutiva B2
de Petróleos Mexicanos (Pemex) mató a 37 personas. De ellas, 30 eran empleados
de Pemex y seis estaban subcontratados. Murió además un menor. Otras 126
personas resultaron heridas.
Un peritaje del Instituto de Geología de la
Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que el estallido se habría
originado por una acumulación de gas metano, solventes y sedimentos de
hidrocarburos.
Han pasado más de cuatro años y las familias de tres de
los trabajadores subcontratados no han encontrado ni alivio ni indemnización.
QUINTA PARTE DE UNA SERIE
El Pemex “moderno” de EPN tiene obreros
de segunda: 163 llevan 3 años sin paga. Son “outsourcing”
Ciudad de México, 21 de julio
(SinEmbargo).– Desde el día de la tragedia, la vida se convirtió en un túnel
que parece no tener salida. Primero fue buscar los cuerpos de sus familiares.
La explosión en la Torre Ejecutiva B2 de Petróleos Mexicanos (Pemex) los
sepultó entre escombros y ellos, trabajadores de la empresa Conservación
Pilotes de Control (Copicosa) no estaban en la lista de trabajadores de la ex
paraestatal. Es decir, eran empleados de una contratista, casi invisibles para
la petrolera. Eran Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique
Bartolomé Hernández Martínez.
Aquellos funestos días
pasaron. Los deudos pudieron sepultar a sus seres queridos arrancados por el
desastre. Ahora falta que llegue su indemnización.
Gregorio Vite Valderrama,
quien murió a los 51 años de edad, trabajó 22 años para Pemex, a través de la
empresa Copicosa. Su hijo Oswaldo dejó de laborar casi dos años para atender el
caso. Sus ahorros se esfumaron. Y su madre, viuda de Gregorio, quedó
desamparada.
Luis Ojeda Olguín falleció un
día antes de cumplir 57 años. Nunca probó el pastel que le habían preparado.
Tres de sus hermanas, María Luisa, Estela y María de la Luz, no podían pagar la
renta a pesar de contar con sus pensiones. La explosión les arrebató a Luis, de
quien dependían para pagar las cuentas.
El Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa falló en noviembre de 2014 para que Pemex no
les pagara ni un centavo a los dolientes de estos tres trabajadores dado que ya
había solventado los gastos funerarios. Se alegó que la ex paraestatal no tenía
responsabilidad porque se trataba de empleados terciarios. Pero los familiares
presentaron otra demanda en la Procuraduría General de la República (PGR),
respaldada por la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado
(ONRE), en contra de Pemex. Al final, sostienen que sus familiares eran
trabajadores de la ahora empresa productiva del Estado.
Los familiares de Ojeda
Olguín exigen un pago de seis millones 476 mil pesos; los de Vite Valderrama
cinco millones 180 mil pesos; y los de Hernández Martínez tres millones 885 mil
pesos. Los montos fueron calculados con base en la Ley Patrimonial del Estado,
respecto de daños morales, por muerte y compensatorios del salario que dejó de
percibir el trabajador finado, además de la petición de una disculpa pública.
Hasta hoy, Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general de ONRE, los deudos
sólo han recibido 70 mil pesos para gastos funerarios.
“Los subcontratistas no
tendrán acción o derecho alguno que hacer valer” en contra de Pemex o de sus
filiales. El “contratista se obliga a sacar en paz y a salvo” a la paraestatal
y sus dependencias “de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo,
incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas
por la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato”, señala el
oficio PPS-SIPDN-GSTAC-240-2017, contenido en una respuesta a este medio
digital cuando preguntó por el estado de los trabajadores subcontratados.
Alberto Guerrero Rojas,
abogado defensor de los deudos, refiere dos problemas en el caso: Pemex hizo
que los deudos firmaran la renuncia a la indemnización civil, un derecho inalienable;
y los tribunales que han llevado el caso de demanda entorpecieron el caso con
criterios “arbitrarios”. Así han pasado más de cuatro años. En conjunto, las
familias Vite, Ojeda y Hernández le reclaman al Estado 15.5 millones de pesos
en indemnizaciones. Pero lo que más exigen, es que las autoridades den la cara
por su pérdida.
Pemex, un nido de corrupción por años,
teje maraña para no decir a quién contrata y para qué
(SINEMBARGO.MX/ EFRÉN FLORES/ JULIO 21, 2017, 12:05 AM)
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