El caso de Tomás Yarrington,
detenido en Italia, confirma que el gobierno de Estados Unidos tiene hoy más
que nunca en la mira a ex gobernantes, funcionarios, mandos de seguridad y empresarios
mexicanos que están bajo sospecha de corrupción
Hace una semana y media, el entonces
Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en la ciudad de San Diego,
California, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La captura de narcotraficantes o
lavadores de dinero ha sido crucial para que las autoridades norteamericanas
sigan el rastro de los involucrados que van hasta los más altos niveles de la
política nacional
Las capturas de Edgar Veytia, fiscal de
Nayarit; y la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas han cimbrado a
las altas esferas de poder en México
“Le dije (a John Kelly) de manera
respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales y la selección de
autoridades en México corresponde solo a los mexicanos y que lo que esperamos
por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral
mexicano”
Luis Videgaray
Titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores
En dos semanas, Estados Unidos ha dado
dos muestras contundentes de su cambio de actitud en los casos de justicia que
tiene contra funcionarios mexicanos
A Tomás Yarrington se le acusa en México
de delitos contra la salud y puede alcanzar una pena máxima de 20 años; en
Estados Unidos está condenado a pasar dos cadenas perpetuas, más 90 años de
prisión
La ideología del consejero de la Casa
Blanca, Steve Bannon, y su visión de México y los mexicanos podría estar
influenciando en la manera de tratar los asuntos de justicia en el país
El gobierno de los Estados
Unidos acumula casos que involucran a funcionarios mexicanos tanto en
escándalos de corrupción como con nexos con el narcotráfico.
Además del exgobernador Tomás
Yarrington, detenido en Italia por la Policía Internacional y sobre quien pesan
cargos de narcotráfico, en los últimos días las autoridades norteamericanas han
estado activas en asuntos mexicanos, como en el caso de Edgar Veytia, fiscal
general de Nayarit.
El domingo la PGR informó de
la detención en Italia del exmandatario de Tamaulipas por parte de la Interpol
y la Policía italiana.
De acuerdo con la dependencia
federal, la captura de Yarrington –por quien la PGR ofrecía una recompensa de
15 millones de pesos- se logró gracias a la colaboración de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales y la Agencia de Investigación Criminal
con las autoridades italianas.
Yarrington es el último de
una serie de funcionarios o exfuncionarios que son buscados en los Estados
Unidos que han sido capturados en los últimos días.
Hace una semana y media, el
entonces Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en la ciudad de San
Diego, California, por presuntos nexos con el crimen organizado; lo ligan con
el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Otro caso es el de Iván Reyes
Arzate, quien era un mando en la División Antinarcóticos de la Policía Federal
desde la época de Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad
Pública.
Esos casos se suman a los del
empresario Luis Carlos Castillo, “El Rey de los Dragones”, y a Juan Manuel
Muñoz, “El Mono Muñoz”, operador del Cártel de los Zetas, detenido en España y
extraditado a los Estados Unidos.
En las últimas semanas, la
justicia norteamericana ha apurado sus investigaciones y procesos contra
mexicanos que pueden estar vinculados en actividades delictivas.
Todo indica que ese país va
dejando a un lado su papel como espectador y las autoridades mexicanas ya
empezaron a notarlo.
TRAS CADENA DE COMPLICIDADES
Las autoridades
estadounidenses van tras las redes de complicidad en las que participan
empresarios y políticos que desde México permiten que la droga llegue a Estados
Unidos y que el dinero sucio deje de serlo.
La captura de
narcotraficantes o lavadores de dinero ha sido crucial para que las autoridades
norteamericanas sigan el rastro de los involucrados; sus pistas han llegado a
los más altos niveles de la política nacional.
En noviembre del 2016, EU
capturó al empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, “El rey de los dragones”,
acusado de lavado de dinero.
Castillo Cervantes tenía una
empresa que poseía máquinas de reencarpetado de carreteras –conocidas como
dragones, por lanzar fuego debajo de ellas- y que obtuvo contratos de gobierno
millonarios.
Recibía pagos mediante
facturas infladas, trasladaba los fondos a Estados Unidos y pagaba sobornos
para continuar recibiendo contratos.
El empresario se declaró
culpable a principios de enero pasado en una corte de Texas, de haber sobornado
a varios exgobernadores y de ayudar a otros a lavar dinero. Hizo un acuerdo con
las autoridades norteamericanas para reducir su pena, a cambio de revelaciones
sobre los participantes en esta cadena delictiva.
Según una nota publicada en
el diario San Antonio Express News, Castillo Cervantes habría sobornado a Jorge
Torres López, exgobernador interino de Coahuila de enero a diciembre del 2011;
a Luis Armando Reynoso Femat, exmandatario de Aguascalientes; a Eugenio
Hernández, exgobernador de Coahuila; y al propio Humberto Moreira.
Tanto Torres como Hernández
son buscados por el gobierno estadounidense y se les considera fugitivos.
Moreira ha negado en todo
momento las acusaciones.
Castillo Cervantes también ha
sido vinculado también con Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo
León; así como con los exmandatarios de Zacatecas, Amalia García y Ricardo
Monreal.
En el caso de Juan Manuel “El
Mono” Muñoz Luévano, fue detenido en España acusado de tráfico de drogas y
lavado de dinero, además de ser el enlace de Los Zetas en Europa.
Muñoz era dueño de varias
gasolineras en Coahuila, a través de las que blanqueaba dinero que obtenía de
la venta de drogas, según la acusación que se le hizo.
El diario Reforma publicó en
enero, que de acuerdo a las declaraciones de un exjefe de Los Zetas, Moreira
habría permitido la venta de droga en Coahuila a cambio de recibir 2 millones
de dólares al mes.
La transacción se realizó
entre el entonces gobernador y Muñoz Luévano, que representaba a la
organización criminal.
“Realizábamos mesas redondas
en las que se encontraban el gobernador y Juan Manuel Muñoz Luévano, alias ‘El
Mono Muñoz’, quien servía de intermediario con los empresarios y él. Algunos
eran empresarios de la Lala, ganaderos y personajes de la policía, como
senadores”, citó Reforma la declaración del testigo.
Humberto Moreira fue detenido
en España en enero del 2016, pero liberado apenas unos días después.
Hoy día ocupa el primer lugar
de la lista de candidatos a una diputación plurinominal por el Partido Joven,
un partido local de Coahuila, por lo que es probable que se convierta en
diputado local y con el cargo reciba la protección del fuero constitucional.
Uno de los testimonios más
esperados por las autoridades estadounidenses es el de Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
TENSIONES DIPLOMÁTICAS
La tensión entre México y
Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos días con la captura de dos
personajes ligados a la política nacional, en pleno tiempo electoral.
Justo cuando las campañas
políticas en los estados de México, Coahuila y Nayarit arrancaban, dos sucesos
quitaron el sueño a las autoridades mexicanas: la captura de Edgar Veytia,
fiscal de Nayarit; y la de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.
Veytia, quien era conocido en
Nayarit como el “fiscal de hierro”, fue aprehendido en la ciudad californiana
de San Diego el 29 de marzo pasado. Ya no regresó a México y ahora enfrenta un
proceso en Estados Unidos, país que lo relaciona con el Cártel Jalisco Nueva
Generación.
La captura cimbró a las altas
esferas del poder en México; y no solo a las políticas, también a las
empresariales.
A raíz de ese hecho
comenzaron a salir a la luz pública una serie de intervenciones del gobierno
estadounidense en la investigación de delitos.
La segunda detención de alto
impacto que coordinó Estados Unidos fue la de Tomás Yarrington, exgobernador de
Tamaulipas, a quien también investigan desde hace años por lavado de dinero y
delincuencia organizada.
En dos semanas, Estados
Unidos ha dado dos muestras contundentes de su cambio de actitud en los casos
de justicia que tiene contra funcionarios mexicanos.
Esto ha provocado que desde
la Secretaría de Relaciones Exteriores se exija a Estados Unidos respetar la
voluntad de los mexicanos y no inmiscuirse en el proceso electoral.
El canciller Luis Videgaray
reclamó al gobierno estadounidense su injerencia en los asuntos mexicanos…
aunque lo hizo con el pretexto de una declaración de John Kelly, el secretario
de Seguridad Interna de EU, sobre que un gobierno de izquierda “no sería bueno
para Estados Unidos o para México”.
“Le dije de manera
respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales y la selección de
autoridades en México corresponde solo a los mexicanos y que lo que esperamos
por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral
mexicano”, dijo Videgaray después de un encuentro con Kelly, la semana pasada.
ITALIA DECIDIRÁ: PGR
Los gobiernos de México y
Estados Unidos están en una disputa para que Tomás Yarrington sea enviado a sus
países y ahí sea juzgado por sus delitos.
El exgobernador de Tamaulipas
fue capturado el domingo pasado en la ciudad de Florencia, en Italia. Su
captura ocurrió en la noche y, aunque en todo momento negó ser Yarrington
presentando documentos falsos, un análisis de sus huellas dactilares dio a los agentes
el positivo para realizar la detención.
Tomás Yarrington tiene
órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos.
En el caso de México, se le
acusa de delitos contra la salud y puede alcanzar una pena máxima de 20 años.
En Estados Unidos, el
exmandatario de Tamaulipas está condenado a pasar dos cadenas perpetuas más 90
años de prisión.
En México, Yarrington está
acusado de cometer delitos contra la salud. La Procuraduría General de la
República (PGR) solicitó la emisión de la ficha roja a la Policía Internacional
(Interpol) en diciembre del 2012.
El año pasado, la PGR hizo
público que se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.
Estados Unidos pedirá su
extradición, al igual que México, para enfrentar los cargos de conspiración, de
haber recibido sobornos de los cárteles de la droga, de lavado de dinero y de
fraude contra instituciones bancarias. Su solicitud de emisión de ficha roja
ocurrió en 2016.
La decisión sobre a qué país
es concedida la extradición está en manos del gobierno de Italia, que debe
tomar en consideración una serie de factores, como la nacionalidad, la
residencia, la gravedad de las faltas, la fecha de petición de extradición o el
posible castigo que pueda recibir.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador
jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, explicó ayer que Tomás
Yarrington también podría ser sujeto de una extradición temporal, pero todo
está en manos del gobierno italiano.
La justicia estadounidense
lleva el proceso judicial contra Tomás Yarrington y su socio, Fernando
Alejandro Cano Martínez, quien es considerado su operador financiero y
prestanombres.
En febrero pasado, Cano
Martínez fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León,
pero fue liberado horas más tarde luego de que presentó un amparo y pagó una
fianza.
Elías Beltrán destacó que el
cómplice de Yarrington tuvo que ser liberado porque, a pesar de que ya existía
la orden de aprehensión en su contra emitida por una corte texana, no había
emisión de la ficha roja para determinar su captura en otro país que no fuera
Estados Unidos.
Tanto las autoridades de
México como las de Estados Unidos cabildean con las autoridades italianas para
que Yarrington sea enviado a estos países.
LA OTRA GUERRA
No en todas las guerras se
lanzan misiles y cañones contra los que se consideran enemigos.
La del nuevo gobierno de
Estados Unidos contra algunos mexicanos podría incluir investigaciones, órdenes
de aprehensión o de búsqueda internacional.
Las capturas recientes de
presuntos delincuentes de alto nivel, que han facilitado información sobre sus
vínculos con políticos mexicanos corruptos, podrían ser el inicio de una
operación que vaya en escalada para desintegrar las redes de corrupción y crimen
en México.
Imposible no voltear hacia la
Casa Blanca y ver a quien susurra al oído del presidente Donald Trump lo que
debe pensar sobre México y su gobierno: Steve Bannon.
El principal consejero del
mandatario estadounidense y hasta hace unos días miembro del Consejo de
Seguridad de Estados Unidos, tiene la firme convicción de que el gobierno
mexicano tiene nexos con el crimen organizado.
En el portal de noticias
Breitbart News, propiedad de Bannon, la narrativa es que el gobierno mexicano
trata de rechazar todas las medidas que “peguen” a los cárteles de la droga.
“Los cárteles mexicanos
tienen control operacional sobre estados fronterizos mexicanos, incluyendo las
oficinas de los gobernadores”, dice Breitbart News en una nota que busca
justificar el levantamiento del muro fronterizo.
La ideología del consejero de
la Casa Blanca y su visión de México y los mexicanos podría estar influenciando
un cambio en la manera de tratar los asuntos de justicia en el país, que han
cambiado radicalmente del gobierno de Obama, que prefería mantener distancia,
al de Trump, que busca llevar a la justicia a los políticos mexicanos que han
cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas o el lavado de dinero.
(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Martes
11 de abril de 2017)
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