Analistas consultados por la
agencia de noticias AP coinciden con este planteamiento. Para los expertos, la
captura de Yarrington es un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades
a la hora de detener a uno de los suyos, un ex mandatario que puede contar con
información delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos. “El
Gobierno de Peña Nieto ha protegido a muchos gobernadores priístas”.
Oficios de asignación de
escoltas ministeriales confirmaron que durante el mandato de Egidio Torre Cantú
se brindó protección a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández con el despliegue
de agentes, que formaban una fuerza conjunta de 12 elementos –ocho para
Yarrington y cuatro para Hernández– significaron una erogación de 30 millones
de pesos durante seis años por concepto de sueldos y viáticos.
Mark Stevenson y María Verza, AP
VIDEO: El febrero de 2012, el
actual Presidente Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la
Presidencia, salió en defensa de Tomás Yarrington. La DEA acababa de soltar la
bomba pero Peña lo consideraba una filtración.
“Me parece que esta es una
filtración, una especulación que se viene haciendo. Lo único que ha pedido el
PRI es que no se pretenda aplicar la ley violando la ley. El PRI está a favor
de la ley y de la justicia. Pero también es cierto que este tipo de declaraciones
vienen a ocurrir cuando estamos en plena campaña del proceso electoral”.
Peña y su compañero de partido. Foto:
archivo
Ciudad de México, 11 de abril
(AP) — El ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, prófugo de la justicia
en Estados Unidos y México desde por lo menos un lustro y acusado de lavado de
dinero y vínculos con el crimen organizado, fue detenido en Florencia, Italia,
12 años después de que dejara su cargo como mandatario estatal.
La captura, anunciada por la
Procuraduría General de México el domingo por la noche, es a juicio de los
analistas un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de
detener a uno de los suyos, un exmandatario que puede contar con información
delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos.
Yarrington fue Gobernador de
Tamaulipas de 1999 a 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
mismo del Presidente Enrique Peña Nieto, y supuestamente aceptó sobornos tanto
del cártel del Golfo como de los Zetas, los dos grupos del crimen organizado
más poderosos en esa región, cuya lucha encarnizada ha dejado miles de muertos,
desaparecidos, a la sociedad totalmente atemorizada, los medios de comunicación
silenciados y la frontera noreste del país plagada de fosas clandestinas.
Según explicó el
subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la fiscalía federal,
Alberto Elías Beltrán, el arresto se produjo por las autoridades italianas
gracias a la información de inteligencia proporcionada por México y Estados
Unidos. Los dos países aspiran a conseguir la extradición del exmandatario,
dijo Beltrán, pero será Italia el que decida a qué autoridades lo entregará una
vez se formalicen las peticiones.
La unidad especializada en
narcotráfico y delincuencia organizada de la fiscalía federal inició una
investigación en su contra el 13 de julio de 2012. Más de cuatro años después,
en noviembre de 2016, el gobierno ofreció una recompensa de 15 millones de
pesos (unos 730 mil dólares) por información que llevara a su captura porque
pese al “amplio despliegue” para intentar capturarlo no se había podido conocer
su paradero, decía el Boletín Oficial de la Federación al hacer pública la
recompensa.
Sin embargo, aunque las
autoridades federales no daban con él, Yarrington contó hasta el otoño de 2016
con escoltas asignados por la fiscalía de Tamaulipas, según dijo el lunes
Francisco García Cabeza de Vaca, actual Gobernador del estado y primer
mandatario de esta región que surgen del partido opositor PAN (o Partido de
Acción Nacional), en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
La recompensa tardía, casi 5 años
después. Imagen de PGR.
De forma paralela a las
investigaciones iniciadas en México, el FBI lo buscaba al menos desde diciembre
de 2013, por lavado de dinero y fraude, entre otros delitos, acusaciones que
sus abogados siempre negaron.
Según Estados Unidos,
Yarrington recibió pagos de narcotraficantes que operaban en el estado
fronterizo con Texas. Según un comunicado de prensa del FBI de diciembre de
2013, supuestamente lo hacía a cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus
actividades criminales.
Las autoridades
estadounidenses también lo vinculan con distintos crímenes después de ser
Gobernador: en concreto lo acusan del tráfico de “grandes cantidades de
cocaína” de 2007 a 2009 desde el puerto de Veracruz al sur de Tamaulipas, y del
uso de fondos públicos robados.
Pese a todas las
investigaciones en su contra durante años, el PRI no lo expulsó sino hasta
diciembre de 2016. En un comunicado, el partido explicaba entonces que era por
“vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y
cometer actos de falta de probidad durante su gestión al ser señalado como
autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la
imagen del PRI”.
Expertos en crimen organizado
enfatizaron lo mucho que se tardó en llegar esta detención y coincidieron en
indicar que el arresto tiene connotaciones políticas, ya que este año habrá
votaciones en varios estados importantes y en 2018 se celebrarán elecciones presidenciales,
por lo que las autoridades quieren mostrar acciones contra la corrupción.
De hecho, hay otros dos ex
mandatarios priístas prófugos: Javier Duarte, que gobernó el estado oriental de
Veracruz de 2010 a 2016, y César Duarte, mandatario del norteño estado de
Chihuahua en el mismo periodo. Ambos tienen a sus espaldas acusaciones de
corrupción y al veracruzano se le vincula, además, con el crimen organizado.
Aunque comparten apellido, no son familiares.
La Fiscalía no ofreció
detalles sobre cómo se concretó la captura de Yarrington pero el analista Raúl
Benítez, indicó que se le pudo ubicar gracias a las comunicaciones telefónicas
que tenía con su familia, aunque había cambiado de identidad.
A juicio de Benítez, el
gobierno de Peña Nieto “ha protegido a muchos gobernadores priístas” durante
mucho tiempo, pero ahora, por “cuestiones políticas”, el Presidente ha
considerado que era necesario que cayeran algunos, sobre todo aquellos a los
que se vincula con el crimen organizado.
“La mezcla de corruptos con
narcos es explosiva, muy difícil de sostener para el gobierno”, añadió el
analista en declaraciones a The Associated Press. De ahí, añadió, que se optara
por “ir capturándolos aunque fueran del PRI”.
Hace menos de dos semanas fue
arrestado en Estados Unidos Edgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit,
también gobernado por el PRI, por asociación delictuosa para traficar con
cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.
Para Edgardo Buscaglia,
consultor internacional y experto en crimen organizado, la protección a los
gobernadores va más allá de los partidos políticos. “Son señores feudales,
intocables, a veces con más poder que el Presidente de la República”, dijo.
En su opinión, son “los
principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales”
porque desvían dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero
tanto de empresas legales como del crimen organizado. “Cuando se vuelven
impresentables (para la opinión pública) y bajo presión internacional, la
Procuraduría General de la República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha
información con la que caería la mitad de la clase política como sucedió en
Italia o Colombia”, añadió en declaraciones a la AP.
Precisamente por eso,
Buscaglia está convencido de que a los gobernadores no se les encarcela
directamente cuando hay una orden de aprehensión en su contra. “Comenzarían a
revelar información y comenzaría a generarse un efecto dominó”.
“Negocian su entrega, su
patrimonio”, agregó el experto. “Por eso milagrosamente no se encuentra a los
gobernadores prófugos”.
(SINEMBARGO.MX/ AP/ 11 DE ABRIL 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario