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Las
estadísticas oficiales de personas desaparecidas o privadas de la libertad no
concuerdan. En medio del baile de cifras, el activista Fernando Ocegueda
asegura que el Estado no investiga ni le interesan los casos, y desde la PGJE
afirman que las familias de las víctimas no denuncian.
De
acuerdo a la Procuraduría, los secuestros dejaron de ser delitos del crimen
organizado y ahora son de “oportunidad”, lo que ha permitido su reducción en la
estadística.
Actualmente
José Jiménez “El Güero Pepas”, Marisol
Cabrera Moreno y Ventura Tenorio Romero, son buscados por secuestro Pese a la
baja en el delito de secuestro, el cual en este momento no es una de las
estrategias del modus vivendi de los grupos del crimen organizado que operan en
Tijuana, la desaparición de personas en condiciones violentas sigue siendo un
problema en Baja California.
De
acuerdo al Análisis de Incidencia Delictiva realizado por el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública del Estados (CCSPE), con cifras proporcionadas por la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), entre el 1 de enero y el 30
de noviembre de 2016 hubo 128 reportes de privaciones de la libertad, aunque la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) maneja 288 denuncias
oficiales, pero en este caso, la mayoría son temas familiares.
La
estadística del CCSPE contabiliza 15 privaciones en Tijuana en enero, 18 en
febrero, 16 en marzo, 18 en abril, 24 en mayo, 23 en junio, 11 en julio, 18 en
agosto, 38 en septiembre, 24 en octubre
y 14 en noviembre.
Según
Fernando Ocegueda, presidente de la
Asociación por los Desparecidos y contra la Impunidad, las primeras dos semanas
de diciembre a él ya le habían reportado 15 privaciones más.
“Tenemos
un registro pero muy escueto de la gente que se acerca a nosotros, no refleja
la realidad exacta de los que pasa en el Estado, contamos con una cifra a
partir del año 2006, que son 350 personas desaparecidas, pero en las primeros
15 días de diciembre (2016) tuve notificaciones de 15, incluidos uno de Tecate
y otro de Rosarito”, y aseguró, todos denunciaron.
Pero
estas víctimas de las que habla el activista no están en las estadísticas
oficiales. Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de
Investigaciones Especiales (SIE), explicó:
“La
Fiscalía de Desaparecidos ha recibido solo seis asuntos entre 2014 y 2016,
tiene otras 88 averiguaciones previas, pero son de los tiempos del `Teo´
(Eduardo García Simental) y `El Muletas´ (Raydel López Uriarte). Y no hay 12 o
15 denuncias en la primera quincena de diciembre. Le hemos dicho al señor
Ocegueda que si no denuncian, no se cuentan, ni se pueden atender”.
De
acuerdo a la información de la PGJE, del 1 de enero al 15 de diciembre de 2016
hubo 13 carpetas de secuestros iniciadas y resueltas en 2016; por privaciones
ilegales de la libertad se abrieron 288 expedientes, mientras el Centro de Atención a Personas Extraviadas
y Ausentes (CAPEA) registró mil 416 personas ausentes; mil 259 se reportaron
después como localizadas y 15 permanecen desaparecidas hasta el momento; además
de los seis expedientes que la Fiscalía de Desaparecidos inició en los últimos
tres años.
Secuestros
de “oportunidad” Autoridades de Baja California hablan del secuestro como un
crimen bajo control.
Para
el gobierno de Francisco Vega, las estadísticas oficiales suman 13 víctimas en
2016, nueve en 2015 y 32 en 2014, el primer año de gestión.
Un
total de 54 en tres años, ciertamente por debajo de los 92 del último trienio
del ex gobernador Guadalupe Osuna Millán
y muy lejos de los 255 de los primeros tres años de ese sexenio que abarcaron
la pugna interna de Cártel Arellano Félix (CAF). José María González Martínez,
subprocurador de Investigaciones Especiales, reitera que los secuestros que se
están cometiendo no son parte integral de la operatividad de los cárteles en la
zona.
Aunque
algunos narcomenudistas han llegado a ser detenidos realizando secuestros, como
en el caso de la joven estudiante hija de un dueño de taxis que fue privada de
la libertad el 13 de febrero del año pasado.
Buscan
a “El Güero Pepas”; delinquió “contratado” La joven secuestrada por José
Jiménez “El Güero Pepas”, “La Rana” y “El Panzón” en las inmediaciones del Instituto
Tecnológico de Tijuana, después fue “cuidada en la cueva”- casa de seguridad –
por Abraham Uribe Conde “El Chivo” y Édgar Alejandro Martínez Amador “El
Güerito”, resguardados por Darío Mojarra “El Killer”.
Ocho
días después del secuestro, el 21 de febrero detectaron a dos jefes de área de
la PGJE dando vueltas en la zona y les dispararon.
El
25 de febrero, en un operativo coordinado y encabezado por el Grupo
Antisecuestros, la joven fue rescatada y Mojarra abatido, mientras enfrentaba a
los agentes con la misma escopeta conque había herido a los dos jefes cuatro
días antes.
Los
detenidos admitieron que vendían droga en las inmediaciones del Panteón Jardín
en Tijuana, donde tenían a la secuestrada, y que fueron contratados por “El
Güero Pepas” para cuidarla mientras
pedían medio millón de dólares que los padres de la víctima no tenían a
disposición.
Los
dos capturados, el muerto y los tres
prófugos están integrados en el expediente como los responsables del delito.
Sin
embargo, los investigadores saben que el cabecilla de este grupo fue contactado
por un sexto hombre aún no identificado, que ya ha ejecutado por lo menos cinco
secuestros en Baja California en lo que va del trienio.
“Sabe
de tecnología y oculta su rastro de telefonía y digital para no ser localizado.
Viene, organiza los secuestros, hace las llamadas y siempre libera las victimas
sin dañarlas, y en un corto plazo, cobra y abandona el Estado”.
Pero
esa vez, contrató a los narcomenudistas de la colonia Unión en la delegación
Centro, quienes organizaron todo y, conforme a los inculpados, también se
dedicaban a “matar en ajustes de cuentas”.
REDES SOCIALES PARA PLAGIAR
Otro
modelo de secuestro lo ejemplifica el caso de un hombre de 38 años privado de
la libertad después de hacer una cita en una página de internet para tener
sexo. Acordó el encuentro en la calle Cuarta el 17 de abril de 2016 y se lo
llevaron a una casa de seguridad en el Ejido Lázaro Cárdenas.
La
familia se dio cuenta porque les informaron que una pareja de desconocidos
estaba sacando los muebles de la casa del joven en el automóvil pick-up del
muchacho, fueron, los enfrentaron y éstos dijeron que la víctima los había
mandado, y amenazado por teléfono, lo corroboró.
Una
vez que desvalijaron la casa, llamaron a la familia solicitándole 30 mil pesos
adicionales a cambio de liberarlo.
Pero
cuando robaron la casa dejaron elementos que permitirían a los agentes
ministeriales conocer la ubicación aproximada de los secuestradores y, una vez
en el Ejido Lázaro Cárdenas, mientras patrullaban, al identificarlos como
autoridad un joven intentó huir en un
carro, fue detenido y en su interior localizaron credenciales del privado de la
libertad.
Fueron
detenidos y consignados: José Valentín González Fajardo, David García Baltazar, Norma Alicia Salman Ramírez y Carmen
Guadalupe Estrada Lozano.
EX EMPLEADO SECUESTRADOR
También
hubo casos en los que criminales conocían a las víctimas. Eso sucedió en el
expediente del muchachito de 15 años secuestrado el 23 de febrero del año
anterior, salía a las dos de la tarde de la escuela y a las tres la familia ya estaba recibiendo el llamado de
los delincuentes; después de informarles que tenían al joven, advirtieron “no
hagan ninguna pendejada de denuncia”, que sabían que tenían un negocio de tacos
y les pedían 4 millones de pesos con los que no contaban.
Este
caso no reportó avances hasta 24 días después, cuando los investigadores dieron con uno de los
criminales, José Luis Aguilar Gómez
“La Piñata”, quien tras admitir su
responsabilidad, confesó había sido contratado por Marisol Cabrera Moreno y su
novio, Ventura Tenorio Romero, quien había sido empleado del padre del menor e
ideó el rapto, dando la orden de quitarle la vida el 25 de febrero porque lo vio y lo reconoció.
Lo hicieron y lo enterraron en el patio de la casa de seguridad. Tenorio y
Cabrera siguen prófugos.
EN PRIVACIONES DE LA LIBERTAD, LA MAYORÍA TEMAS FAMILIARES
Con
el sistema de justicia tradicional, en 2015 la PGJE inició 128 expedientes por
privación ilegal de la libertad, determinó seis expedientes, dos con detenidos
y quedaron pendientes 122.
Del
1 de enero al 19 de junio de 2016 abrieron otros 210 expedientes por el mismo
delito, ocho con detenido y dos sin detenidos; 179 quedaron pendientes.
“En
lo que va del Nuevo Sistema de Justicia Penal traemos 166 denuncias por
privación de la libertad, de las cuales 90 son personas que denunciaron por
internamiento en un centro de rehabilitación, lo cuales fueron hechos por su
familias como medida para su enfermedad, que es el 62 por ciento”, explico el
subprocurador de Zona en Tijuana, Jorge Álvarez.
“Tengo
otras 40 denuncias en las cuales la esposa viene a denunciar a su esposo que no
la dejaba salir de su casa. En esas usualmente las reclasificamos como
violencia familiar, cuando la mujer no
desiste, que son la mayoría de los casos. Y hay
36 clasificadas como generales, que es el 15 a 20 por ciento, son como…
¿Recuerdas el caso de la panel blanca que supuestamente estaba robando
jovencitas? En esa psicosis recibimos más de 15 denuncias de privaciones de la
libertad en grado de tentativa de jóvenes atacada desde un vehículo blanco, de
los cuales solo uno pudo ser corroborado, y en otros sí hubo asuntos, varios de
ellos vinieron a decir ‘eché mentiras porque me salí de la casa, porque me fui
de fiesta’, o querían que corrieran a tal persona”.
De
esas, nueve privaciones se denunciaron en centros comerciales, ocho de caminos
vecinales, y las otras de taxis, instituciones privadas y hoteles.
El
único expediente que pudieron documentar en los últimos seis meses fue el de la
joven en una Caravan blanca que levantaron en una dulcería, posteriormente se
ponchó el carro y lo dejaron abandonado con la muchachita, quien manifestó que
cuando la privan de la libertad le dijeron “venimos a cobrar una deuda de tu
papá”.
En
estos casos, generalmente ya no hay seguimiento ni interés por parte del
ofendido para continuar el expediente.
“Lo
mismo ocurrió con la privación de la libertad donde presuntamente se llevaron a
una señora con sus dos hijos, se inició un informe policiaco homologado, pero
no hubo ninguna disposición del esposo para manifestar nada, lo encontramos, pero ni los nombres nos
dio”, refirió Álvarez, casos en los que es muy difícil avanzar.
JUDICIALIZADOS
Respecto
a los expedientes llevados ante juez, el subprocurador detalló:
“Uno
de los primeros asuntos judicializado fue en junio, por privación ilegal de la
libertad, todavía está en etapa de investigación, es una persona que llegó al
aeropuerto, se le acercan y la tratan de subir a un carro a la fuerza con todo
y maletas, huyen, los detiene la Policía Municipal, los aseguran y los
consignamos por privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.
“El
fondo de este asunto es que todos se conocían y la víctima tenía una deuda de dinero
con las personas que intentaron privarla de la libertad, este asunto sigue en
proceso, la víctima hasta donde teníamos conocimiento ya no quería saber nada
del asunto”, compartió.
Los
asuntos judicializados tienen que ver con un policía estatal preventivo que se
llevó a una vecina que primero lo acusó y después se retractó, la del
aeropuerto, y otros privados de la libertad para robarlos (tipo secuestro
exprés).
Los
casos no judicializados resultaron en el no ejercicio de la acción penal.
“Los
asuntos de personas que se llevan por deudas de droga yo no los tengo”,
concluyó Álvarez.
SEIS DESAPARECIDOS, 155 NO LOCALIZADOS
Miguel
Guerrero informó que en la Fiscalía de Desaparecidos solo tienen seis denuncias
registradas oficialmente en lo que va del sexenio, ninguna resuelta.
Mientras
CAPEA recibió durante 2016, mil 416 denuncias o reportes, “en estos casos
abarcan jóvenes que se fueron con el novio o la novia, maridos o esposas que
dejan la casa familiar por alguna razón,
vendedores de droga al menudeo, niños que escapan, etcétera”, explicó Guerrero.
De
la cifra anterior, en el mismo período fueron localizados mil 259 y 155 continúan desaparecidos.
Familiares
de desaparecidos reclaman atención del estado
Fernando Ocegueda insiste en que las desapariciones son denunciadas,
pero no tiene la atención de la Procuraduría:
“Yo
pedí por transparencia la información de los desaparecidos, el Estado tiene 500
y feria a partir de 2014, mientras el Registro Nacional de Personas
Desaparecidas dice que en Baja California hay por lo menos mil 200, ¡¿cómo
puede ser?!”, cuestiona.
“Yo,
cansado de tratar de explicarles a Guerreo, a José María González, a la
misma procuradora. Pero es un círculo
muy cerrado y no hay voluntad para atender estos casos. Al gobernador Francisco
Vega le pedimos desde hace tres años que nos reciba y nada, por eso trabajamos
con el Gobierno Federal”, agregó. La Procuraduría General de la República (PGR)
ejerció su facultad de atracción en 46 casos, 21 en la SEIDO y 25 en la nueva
Fiscalía de Personas Desaparecidas.
— ¿Esa es
como la que tiene la PGJE en el Estado?
“N’ombre,
aquí no existe; es CAPEA y ahí revuelven todo”, concluyó el activista.
15 MUERTOS EN CINCO DÍAS
En
los primeros cinco días de 2017, 15 personas habían sido asesinadas en Tijuana.
En 2016, la cifra de homicidios dolosos cerró en 910 crímenes, mientras que en
diciembre se perpetraron 112 muertes.
Dentro
de las ejecuciones que más impactaron a la sociedad tijuanense destaca la de la
joven Leslie Dominick García Solano, de 20 años de edad, quien apareció muerta
en la cajuela de su vehículo con un surco en el cuello y envuelta en una cobija
que tenía escrita la palabra “hotel”.
Fuentes
policiacas revelaron que el crimen de la mujer se inclina al móvil pasional,
pues ella salía con un hombre casado cuya esposa la había amedrentado con
anterioridad y, después de propinarle una golpiza, le advirtió dejara en paz a
su esposo.
Lo
último que los familiares supieron de la joven fue el 31 de diciembre de 2016,
cuando al parecer se dirigía a la colonia Postal con un amigo y luego cruzaría
a Estados Unidos; sin embargo, el 3 de enero de 2017, su cadáver fue localizado
en la colonia Mineral de Santa Fe. Por este crimen no hay personas detenidas.
El
miércoles 4 se reportó a la central de emergencias el cuerpo de un sujeto de
entre 35 y 40 años de edad, localizado en la calle Cerro de la Pedregosa entre
calles Mirador y Vista Hermosa de la colonia Ejido Matamoros, Delegación La
Presa.
El
lunes 2 fue asesinado Cristian Iván Pardo Bravo, de 21 años, sobre la calle
Lomas Esquina Del Oro, Colonia Anexa Buena Vista. En la escena del crimen
fueron localizados al menos dos casquillos percutidos.
Ese
mismo día fue encontrado muerto quien sería identificado como Martín Velázquez
Leyva, de 25 años, en Calle Esperanza y Artículo Primero de la colonia
Esperanza. Tenía lesiones en cara y tórax por arma de fuego.
También
ese lunes fue reportado el hallazgo de una osamenta humana en la privada Paloma
y Paseo del Valle, Colonia Villa del Campo Segunda Sección.
El
domingo primero de enero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de
entre 20 y 25 años con impactos de arma de fuego en la cabeza.
El
hallazgo fue realizado en la Carretera Escénica Tijuana San Miguel, Kilómetro
14+500 (La Joya), Delegación Playas de Tijuana. El occiso fue identificado como
Isaías Torres Alvarado.
Asimismo,
el primer día del año, Rodrigo López Iglesias, de 27 años de edad, quien fuera
encargado de la empresa boxística RL Promotions, perdió la vida al ser abatido
de al menos tres balazos cuando se localizaba en una taquería de la colonia
América; fue sorprendido por su homicida, al propinarle un balazo en la cabeza
y otras partes del cuerpo.
Herida
de bala, la víctima fue trasladada al Hospital General de Tijuana, donde
falleció más tarde por lesiones en flanco izquierdo, cuadrante inferior
izquierdo, muslo derecho, región frontal
y glúteo derecho. A decir de testigos, el empresario fue atacado por un
hombre solitario para después huir por su propio pie.
(SEMANARIO
ZETA/ Edición Impresa /Rosario Mosso Castro /Lunes, 9 enero, 2017 12:00 PM)
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