Tres textos esta semana
esbozaron un cuadro sobre qué país de leyes ha construido el Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto: 1) el secuestro de los hijos de Joaquín “El
Chapo” Guzmán en Puerto Vallarta, resultado de un pleito entre cárteles de la
droga, fue realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, que el Gobierno
federal armó y usó en Michoacán en 2013 y 2014 para aniquilar a Los Caballeros
Templarios; 2) las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato en 2015, donde el
índice de letalidad fue 28 veces más alto que el tope establecido por los
protocolos de uso de la fuerza; y 3) la decisión política de no castigar un
crimen en Chilpancingo en 2009, para cuidar a sus aliados en el Pacto por
México y sacar adelante sus reformas económicas. Si el pasado pintó mal para
México, el futuro pinta peor para el Presidente Peña Nieto, a nivel político y
personal.
En agosto del año pasado,
Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al
Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa
Novosti que al concebirla, “siempre la entendimos como un modelo que se puede
expandir en América Latina o países donde no hay Estado de Derecho. No tengo ni
la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”. El
Presidente hondureño, Juan Orlando Hernández aceptó la propuesta para que una
comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en
México es un tema del que no habla el Gobierno. En el mundo, no sólo es una
conversación recurrente, si no hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto,
antes o después de que termine su administración, en una corte internacional
para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos.
El consenso se está
construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías -la
estadounidense, por ejemplo, está muy molesta con el Gobierno peñista; la
alemana y la canadiense, otros botones, están muy preocupadas por el deterioro
de la situación de los derechos humanos en México-. Quien frasea con precisión
lo que se piensa del Gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco,
director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del
informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró:
“Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado,
inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad,
se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las
fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”.
La política en materia de
seguridad está colapsada pese a lo que insistan las autoridades en sentido
contrario, y los índices sobre la inseguridad siguen aumentando. El Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirma que lo que se vive es
resultado de todo lo que han tenido que recomponer de la anterior
administración, pero el argumento no se sostiene. Durante los ocho primeros
meses del sexenio, se decidió no actuar contra la delincuencia organizada, lo
que permitió que se rearmaran los cárteles, reorganizaran sus estructuras
financieras, reacomodaran territorios y se fortaleciera el cártel Jalisco Nueva
Generación, sus aliados en Michoacán, un monstruo al que alimentaron, empoderaron
y ya no han podido someter.
El problema para Peña Nieto
en el mundo es doble. Por un lado está la construcción de un caso judicial en
su contra para ser juzgado en cortes internacionales, y por el otro está la
presión para que admita una comisión como la de Guatemala en 2012, con la
participación directa de la ONU, que subordine al Estado Mexicano a las leyes
internacionales. Esa comisión comenzó como un apoyo al sistema de procuración
de justicia, pero se involucró en investigaciones sobre corrupción, que
finalmente produjeron la renuncia y encarcelamiento del Presidente Otto Pérez
Molina, acusado de encabezar la organización criminal que cometió esos delitos.
Aquello sigue pareciendo muy
lejano en México, pero el Presidente Peña Nieto ha estado escuchando los
escenarios de lo que pudiera sucederle si se inicia, en cambio, un juicio en su
contra en una corte internacional. Funcionarios de la consejería jurídica de la
Presidencia y de la PGR han discutido las posibilidades de que eso suceda, así
como también le han asegurado que de llegar el caso, se podría contener con el
sacrificio de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Pero
no le están diciendo la verdad al Presidente.
No está claro que Zerón
pudiera ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, porque el aniquilamiento
por decisión del Gobierno de un grupo específico, como fue el caso de Los
Caballeros Templarios, no fue una decisión ni una acción por parte de la PGR
sino de la Secretaría de Gobernación.
Difícil sería también,
incluso, juzgarlo internacionalmente por el crimen contra los normalistas de
Ayotzinapa, donde se le podrá acusar de negligencias o manipulación en la
investigación, y hasta de encubrimiento, pero las omisiones y las decisiones
que definieron el crimen, tampoco salieron de la PGR, sino de Los Pinos y
Bucareli.
En ambos casos, Peña Nieto es
quien se encuentra en el corazón del problema, con documentación que prueban
violaciones a las leyes como no se habían tenido contra ninguno de sus
antecesores. Ser enjuiciado en la Corte Internacional de La Haya ya no es una
hipótesis; es una realidad que están armando como caso grupos de expertos
extranjeros.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 25/08/2016 | 12:00 AM)
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