CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un
mes después de publicarse el reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” en la
colonia Lomas de Chapultepec, la primera dama Angélica Rivera Hurtado habría
cancelado la operación al regresar su dominio a una empresa de Juan Armando
Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental que la construyó y se la financió.
No lo hizo en los términos en
que lo anunció, cuando el 18 de noviembre de 2014 publicó un video “para
defender su integridad, la de sus hijos y la de su marido” e informó que
vendería los derechos del inmueble para que no se siguiera ofendiendo a su
familia.
“Con la misma apertura con los que les he
compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la
decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque
yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender a mi familia”,
expuso en aquel entonces.
La información emitida hoy
por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos,
sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el
dinero y los intereses que llevaba pagados. No se menciona ninguna penalización
como es habitual en este tipo de transacciones cuando una de las partes da por
terminada la relación contractual.
“Por la terminación
anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora
Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que
tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora
Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de
diciembre de 2014 más los intereses respectivos”.
Hoy, luego de que el
presidente Enrique Peña Nieto promulgó seis leyes que sustentarán el Sistema
Nacional Anticorrupción, la Coordinación de Comunicación Social de la
Presidencia de la República emitió una ficha informativa sobre el convenio de
cancelación de la compraventa relativo a la residencia de escándalo, que
establece como fecha de finiquito el 11 de diciembre de 2014.
La Presidencia precisó que,
si bien tenía la posesión del inmueble, la operación nunca se concretó en
transmisión, debido a que era una compraventa con reserva de dominio.
Con lo anterior, la
Presidencia declaró que Rivera Hurtado ya no tiene relación con ese inmueble.
Durante la promulgación de
las leyes anticorrupción este lunes, el mandatario federal pidió “perdón” por
haber generado inconformidad, aun cuando repitió como en otras ocasiones que no
hubo nada ilegal. Inclusive, consideró que los servidores públicos además de
cumplir la ley deben cuidar la percepción que se pueda tener de sus acciones. Y
fue en ese sentido que dijo, “cometí un error”.
LA INVESTIGACIÓN
El 9 de noviembre de 2014, el
equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui publicó un reportaje
–en su portal de internet Aristegui Noticias y en la edición 1984 de Proceso—
sobre la residencia que al inicio de la administración presumió la primera dama
en una revista del corazón.
El reportaje mostró que en la
construcción de la residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 habían
participado con opiniones e indicaciones, el presidente Peña Nieto y su esposa,
de acuerdo con testimonios de trabajadores.
También demostró que el
inmueble se comunicaba con la residencia de Angélica Rivera –adquirida
presuntamente por su trabajo de actriz en Televisa– ubicada en Paseo de las
Palmas1325, ambas en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos y
de mayor plusvalía del continente.
Pero sobre todo, el reportaje
reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del
Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha
empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas
dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña
Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de
pesos en contratos.
Más tarde, Proceso documentó
que en dos años de gobierno federal Hinojosa sumó más de 60 mil millones en
contratos de obra.
Días después, el 18 de
noviembre de 2014, al regresar de una gira de trabajo por China y con el
escándalo desatado inclusive en medios internacionales, Peña Nieto anunció que sería
su esposa la encargada de explicar la forma en que se adquirió la propiedad.
Entonces ella publicó en YouTube el video mencionado.
Fue hasta febrero de 2015
cuando Peña Nieto instruyó una investigación sobre el caso, para lo cual
designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade. El resultado
se dio a conocer en agosto siguiente, cuando el funcionario informó que el
mandatario federal no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, admitió
que no se revisaron otros posibles actos ilícitos.
(PROCESO /ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/18
JULIO, 2016)
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