Las personas con familiares
desaparecidos tienen un aliado poco efectivo en la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
Desde su creación en 2002 a
la fecha, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición
Forzada de Personas, No Localizadas o Ausentes, ha llevado ante un Juez apenas
el 3.3 por ciento de las averiguaciones previas y no ha localizado al 42 por
ciento de las personas reportadas como desaparecidas.
En sus 14 años de operación,
la fiscalía abrió 5 mil 514 averiguaciones previas en todo el estado, de las
cuales solo 182 fueron consignadas ante un juez para que iniciara proceso penal
a los presuntos responsables, mientras que el resto permanece en la impunidad.
En ese periodo denunciaron la
desaparición de 6 mil 489 personas, de las cuales 3 mil 126 aparecieron con
vida; y 577 fueron encontradas muertas.
La fiscalía todavía tiene
pendiente de localizar a 2 mil 786 personas.
En procuración de justicia,
los juzgados de la Agencia Especializada también han tenido pocos resultados,
pues entre 2005 y 2016 solo han conseguido 134 sentencias condenatorias.
Durante los primeros tres
años de la agencia, de 2002 a 2004, no hubo detenciones ni expedientes
consignados en los juzgados, pero sí se iniciaron averiguaciones previas.
En el Gobierno de Mario López
Valdez la desaparición de personas repuntó, pues de 2011 a la fecha se han
iniciado 3 mil 822 averiguaciones previas.
En todo el sexenio de Jesús
Aguilar Padilla la Agencia registró mil 163 averiguaciones y el resto, 286,
fueron en los últimos tres años de administración de Juan Millán Lizárraga.
En el gobierno de Aguilar
Padilla hubo menos desparecidos y más presuntos culpables detenidos, ya que en
ese periodo capturaron a 53 personas y en el sexenio de López Valdez solo a 37
supuestos responsables.
El municipio de Culiacán
concentra más de la mitad de las desapariciones, con 3 mil 141 denuncias,
seguido de Mazatlán con mil 93, y Ahome con 640.
Los municipios con menor
reportes de desaparecidos son Cosalá con 22, Badiraguato con 28 y Concordia con
30.
POLICÍAS INTOCABLES
Los casos de desaparición
forzada cometidas por la autoridad, tiene peores resultados.
Decenas de personas con algún
familiar desaparecido han denunciado públicamente que policías intervinieron en
las desapariciones.
En una entrevista con Ríodoce
en septiembre de 2015, la líder del grupo Desaparecidos de El Fuerte y
fundadora de Las Rastreadoras, Mirna Nereida Medina Quiñónez, aseguró que de
acuerdo con testimonios de los familiares de los desaparecidos, en el 90 por
ciento de los casos están involucrados elementos policiales.
La Agencia Especializada solo
en tres casos ha iniciado averiguación previa en la que los presuntos
responsables son policías.
El primero fue el de tres
agentes de la Policía Municipal de Ahome que en noviembre de 2013
desaparecieron a un joven en El Fuerte y fueron detenidos en julio de 2014.
Un año después, el juez los
condenó a 28 años de cárcel.
El otro caso fue el pasado 28
de junio en Mazatlán, cuando un elemento de la policía de ese municipio privó
de su libertad a un joven cuyo paradero se desconoce.
El policía fue detenido por
el delito de desaparición forzada y vinculado a proceso el 5 de julio.
El tercero fue en Los Mochis
en julio de 2015 con la desaparición de dos hombres y una mujer.
En abril de este año, un Juez
libró órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de
Ahome pero los agentes ya habían huido y continúan prófugos.
FALTA PERSONAL Y PRESUPUESTO
Para el Presidente de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), Leonel Aguirre
Meza, la agencia especializada requiere de más personal y presupuesto para
atender todos los casos que se presentan en el estado.
La fiscalía, dijo, necesita
principalmente investigadores con el perfil adecuado para indagar
desapariciones, los cuales no deben ser tratados igual que los secuestros, como
a veces ocurre.
Cada mes, integrantes de la
CDDHS y familiares de desaparecidos se reúnen con personal de la fiscalía para
revisar los avances en las investigaciones y han notado que hay voluntad de las
autoridades pero falta personal, indicó.
“Desafortunadamente el cúmulo
de trabajo es demasiado, teóricamente hablando la instalación de esas fiscalías
es con muy poco personal, quizás pueda haber voluntad de resolver los casos,
sin embargo la estadística de los que se han resuelto es muy mínimo en relación
con el universo de casos que están planteados.
“Ahí hay poco personal, hay
poco presupuesto, no hemos tenido la eficacia que quisiéramos, la verdad seguimos
dando nuestro respaldo para que esas fiscalías especializadas sigan trabajando,
confiamos en ellos pero desafortunadamente la estadística nos demuestra poca
eficacia respecto al número de casos que están ahí”, dijo.
No obstante la poca eficacia
de la Agencia Especializada, aseguró que confían en que se resuelva el 100 por
ciento de los casos.
“Esencialmente lo que
buscamos con el trabajo de las fiscalías especializadas es antes que nada
encontrar a las personas en cualquier estado que se encuentren, el hecho de
estar desaparecido no sabemos si está detenido, no sabemos si está vivo, si
está muerto.
“Los casos presentados son un
universo muy grande, una carga de trabajo muy importante, pero nosotros
esperamos que tengamos la ubicación de la persona desaparecida, de los
presuntos responsables, se determine cuáles son las causas de la desaparición,
se procese y se haga justicia”, expresó.
MADRES INVESTIGADORAS
La poca efectividad de las
autoridades de procuración de justicia y la desesperación llevó a los
familiares a iniciar investigaciones por su cuenta.
El 14 de julio de 2014,
Roberto Corrales Medina desapareció cuando se dirigía de Choix hacia El Fuerte
a trabajar y su madre, Mirna Nereida Medina, inició un peregrinar por la
Agencia Especializada en la zona norte, solo para percatarse que no hacían nada
por localizar a su hijo.
La inactividad de la
Procuraduría la llevó a unirse a otras madres con hijos desparecidos y con
palas y picos salieron a buscar cuerpos por su cuenta y a la fecha se han unido
madres que buscan en otros municipios.
Conocidas como Las
Rastreadoras, llevan localizados 56 cadáveres, el más reciente fue el martes
pasado en playa Ceuta, Elota; y era un ex elemento de la Policía Ministerial
del Estado, desaparecido desde abril de 2015 en Mazatlán.
Al calvario de buscar a los
desaparecidos, los familiares tienen que enfrentar otro una vez que los
encuentran: la identificación de los restos.
La Procuraduría tarda meses o
hasta años en realizar la pruebas forenses para confirmar la identidad.
A Francisco Manuel Hernández
Pérez, de 31 años, lo encontraron muerto en avanzado estado de descomposición
el 24 de marzo de 2014 y ese mismo día los peritos tomaron muestras de ADN a la
familia y al cuerpo.
Los familiares tuvieron que
esperar hasta el 13 de octubre de 2015, un año y siete meses, para que la
fiscalía obtuviera los resultados y les entregaran los restos.
Los familiares de los
desaparecidos tienen años pugnando por la instalación de un laboratorio de
genética forense para acelerar las pruebas, pero hasta la fecha no lo han
logrado.
CREADA PARA ATENDER CON EXPEDITEZ, INMEDIATEZ Y
EFICACIA
La Agencia Especializada fue
creada en 2002 por el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Óscar
Fidel González Mendívil.
Según el Acuerdo de Creación,
la agencia fue instalada como “una instancia que con expeditez, inmediatez y
eficacia de respuesta las demandas en materia de procuración de justicia”,
después de haber realizado un análisis del comportamiento y estadísticas de las
desapariciones concretadas mediante violencia.
“Los familiares de las
víctimas han planteado al Ejecutivo del Estado y a la Procuraduría General de
Justicia, su demanda para que sea creada una Fiscalía Especializada para los
casos de desaparecidos en el Estado de Sinaloa, en lo que desde luego no existe
diferendo institucional sino por el contrario, plena aquiescencia en su
establecimiento y pertinencia funcional, cuenta habida también de que el
ilícito penal referido, revela una grave deformación conductual de los sujetos
activos que lucran y negocian con los seres humanos, vulnerándoles libertad,
derecho a la vida”, señala el acuerdo.
Esa fiscalía tuvo su origen
en la Fiscalía Especializada para el caso Las Quintas, creada para atender la
desaparición de los primos Juan Emerio Hernández Arguelles, Abraham Hernández
Picos y Jorge Cabada Hernández, desaparecidos en 1996.
El caso fue turnado a la
nueva agencia y los tres jóvenes no han sido localizados y tampoco consignados
los responsables.
En enero de 2015, la PGJE
cambió el nombre de Agencia Especializada en casos de Desaparición Forzosa de
Personas a Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada
de Personas, no Localizadas o Ausentes.
A las funciones que ya tenía
se le agregó la atención de personas “no localizadas o ausentes”, que son todas
aquellas que se desconoce su paradero por ausencia voluntaria, problemas
domésticos, privación de la libertad, migración, fallecimiento o por ser
víctima de algún otro delito.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN / 17
JULIO, 2016)
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