La minera canadiense Excellon Resources
violó un contrato con ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, al
explorar más hectáreas de las rentadas. La comunidad presentó una demanda para
anular el acuerdo y recuperar sus tierras. Pero, ante la dificultad de negociar
con la empresa, en 2012 establecieron un campamento que afectó las operaciones
y ganancias de la compañía, por lo que, de acuerdo con un estudio de dos
organizaciones y el Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, Excellon
presionó al Gobierno estatal para que los desalojara. Y así fue. A lo largo del
conflicto, la comunidad ha sido víctima de intimidaciones y amenazas. Hasta el
momento, el Tribunal Unitario Agrario no ha determinado la anulación del
contrato.
La minera Excellon violó el contrato con
los ejidatarios de la Sierrita de Galeana al explorar más tierras de lo
acordado. Foto: ProDESC y United Steelworkers
Ciudad de México, 25 de junio
(SinEmbargo).– Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en el municipio
de Tlahualilo, Durango, firmaron un contrato temporal en abril de 2008 con la
empresa minera canadiense Excellon Resources para rentarle 1,100 hectáreas a
cambio del cumplimento de cláusulas sociales, medioambientales y económicas en
beneficio de los habitantes. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 la
trasnacional violó la cláusula sexta al explorar más tierra de lo acordado sin
autorización de la Asamblea General de Ejidatarios .
Ante ello, el cuatro de
septiembre de 2012 la asamblea presentó una demanda ante el Tribunal Unitario
Agrario para anular el contrato, así como exigir la consecuente restitución de
sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados. El juicio sigue en
curso y la comunidad espera la sentencia para agosto, pero a lo largo de este
conflicto ha recibido amenazas e intimidación, así como engaños del gobierno
estatal que actúa en contubernio con la embajada de Canadá, de acuerdo con
Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita.
“Resulta preocupante el hecho
que la Embajada [de Canadá en México] no exige incluso la protección más
elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se
recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el
contexto mexicano donde las fuerzas policiacas y castrenses se ven implicadas
en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas, tortura, y asesinatos”, expone el estudio
“Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de
Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango,
México” de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers.
Además, el Proyecto de
Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) ha detectado que ha sido violado su derecho a la tierra, a un
medio ambiente sano (acceso a agua libre de contaminantes) y los derechos
laborales de los trabajadores mineros.
México es el principal
destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá, de
acuerdo con el estudio de las organizaciones.
En 2004, Excellon de México,
filial de la canadiense, acordó con la comunidad duranguense la renta de cuatro
hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años
para operar la mina La Platosa. Ya al momento de firmar, se estipuló por 27
hectáreas por el mismo precio. ProDESC, que ha seguido el caso desde 2007,
asegura que los representantes de la minera dijeron a los ejidatarios que las
parcelas no valían nada, que tenían muy poca agua y, además, los amenazaron con
promover la expropiación ante autoridades locales y federales con las que,
mencionaron, tenían muy buena relación.
“Siempre quedó la espinita de
que habían cambiado de cuatro a 27 hectáreas”, afirmó en entrevista Daniel
Pacheco. “La inconformidad fue creciendo y en el 2008 dijimos ya basta”.
INCUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS
El 11 de marzo de 2011 Excellon realizó
actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que
representó una violación al contrato. Foto: ProDESC
A principios de 2008, la
asamblea ejidal concluyó que se necesitaba un acuerdo justo y equitativo con
Excellon, pero como la empresa se negó a negociar, los ejidatarios se
manifestaron afuera de la mina. Tras tres meses de presión, se firmó el
Contrato de Ocupación Temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se
establecieron importantes cláusulas de carácter social y ambiental a favor de
la comunidad.
La compañía se comprometió a
la construcción de una planta tratadora de agua para uso agrícola; dar
preferencia para los ejidatarios en la contratación de la fuerza laboral de la
mina; además del pago de una renta anual por la ocupación de las tierras; becas
escolares y el pago de un fondo social.
De 2008 a 2012 cumplió con el
pago de la renta (5 mil pesos la hectárea), el pago para el fondo social (en
una primera emisión dio 3 millones y luego 500 mil pesos cada año) y el sistema
de becas a estudiantes (17 mil pesos mensuales para repartirlos entre hijos de
ejidatarios), pero ignoró los acuerdos sociales y medioambientales.
“Las cláusulas sociales fue
que iban a poner una planta tratadora de agua para uso agrícola porque la
minera está sacando alrededor de 10 mil galones por minuto. Ni siquiera era una
planta tratadora porque una así cuesta 300 millones, por eso no querían
aceptar. Nosotros les hicimos un proyecto para que les costara 42 mil pesos
mensuales limpiar el agua con un bioquímico. No cumplieron”, acusó Pacheco. “La
mina es de plomo y zinc. Ellos aseguran que no contaminan el agua, pero
nosotros tenemos estudios que dicen que sí”.
Sobre la promesa de capacitar
y dar trabajo a ejidatarios en la mina, “les dieron a algunos. A las mujeres
embarazadas las rechazaban”.
En junio de 2010 se conformó
la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos,
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) para garantizar
mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la mina.
Fue el once de marzo de 2011
cuando Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas
acordadas, lo que representó una violación al contrato.
INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS POR PRESIÓN AL GOBIERNO
El gobierno de Durango les prometió que
si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto. Foto: Prometeo
Lucero, Red TDT.
Los ejidatarios solicitaron
un diálogo por la violación del contrato. Las mesas de negociación se llevaron
a cabo de noviembre de 2011 a agosto de 2012, pero al no cosechar resultados,
en julio de 2012 los ejidatarios establecieron un campamento a fuera de la mina
en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados en 2008.
Durante ese plantón, el
gobierno estatal les prometió que si dejaban seguir operando a la mina,
resolverían el conflicto, “pero fue un engaño”.
“El gobierno, en contubernio
con la embajada de Canadá, intercambiaban información. Nosotros visitamos la
embajada de Canadá para que apoyaran el conflicto, pero operó como espía porque
le pasaba la información a la empresa y luego la empresa contrató cabilderos
para que presionaran al gobierno diciendo que se iban a ir y con ellos la
inversión y las fuentes de empleo”, declaró Pacheco.
De acuerdo con el informe
“Las entrañas de la complicidad canadiense”, la Embajada de Canadá ejerció un
papel fundamental en la relación de Excellon con funcionarios en Durango. En
julio de 2012 la embajadora envió un correo al gobierno estatal para solicitar
una reunión porque “la empresa está teniendo pérdidas financieras importantes y
está reconsiderando la viabilidad de la operación de la mina La Platos. […]
Debido a la magnitud de la inversión canadiense en su estado, consideraríamos
adecuado que se lleve a cabo dicha reunión”.
El 29 de agosto, alrededor de
100 elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía
estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí,
intentaron disolver el campamento con el argumento de que buscaban realizar una
inspección laboral a la mina La Platosa.
“No hubo heridos, pero sí nos
encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el
presidente del Comisariado Ejidal. “Cualquier movimiento en falso que nosotros
hubiéramos hecho… el ejército nos tenía rodeados”.
El estudio concluyó que “las
autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el
ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de
Excellon”.
Pero esa ocasión resistieron.
Y la contraparte insistió.
El 24 de octubre, un
aproximado de 250 golpeadores, miembros del Sindicato Nacional Minero
Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, del estado de Zacatecas y Chihuahua,
arribaron armados con palos y piedras para esta vez sí desalojar a los
manifestantes. “Nos desalojaron y con maquinaria de la mina incendiaron
nuestros jacales”, contó Pacheco.
Para entonces, el cuatro de
septiembre, la Asamblea General de Ejidatarios había presentado la demanda de
rescisión del Contrato de Ocupación Temporal. Actualmente se espera la
resolución del Tribunal Unitario Agrario, el cual determinará si el contrato se
anula o no.
Durante el 2013, denunció
ProDESC, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y
violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos
integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato
Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.
“Recibimos amenazas por
teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y
paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel
Pacheco.
En noviembre de ese año,
detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad.
Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis
Orona, y Ricardo Calderón.
Actualmente, la comunidad La
Sierrita de Galeana está a la expectativa de la sentencia. Por el momento, ya
no está recibiendo la renta por el uso de tierra y la minera también retiró el
pago del fondo social y las becas escolares.
“A raíz del conflicto dejó de
pagar. La última anualidad que ellos nos pagaron fue 2012-2013. Entonces ya no
pagaron 2013-2014. Lo que hicieron fue depositar la renta en el Tribunal
Agrario, pero éste no nos la quiso dar porque dijo que solo estaban en
garantía”, aseguró Pacheco.
Como respuesta, la comunidad
metió un amparo.
El 23 de enero de 2015 el
Tribunal Agrario del Distrito Sexto notificó la liberación del pago de la renta
luego de que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna resolviera el amparo a
favor del ejido.
Sin embargo, la minera ya no
dio la renta 2014-2015 ni el pago del fondo social ni las becas escolares. Y
sigue operando con normalidad.
(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/ JUNIO 25, 2016 - 12:04 AM)
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