Por expedir un documento apócrifo en el
segundo juzgado de lo familiar en Ensenada, un licenciado en derecho enfrenta
una demanda penal por parte de la Juez y Secretaria de Acuerdos que niegan
haber firmado. PGJE atorada en el caso.
Un padre de familia está de
manos atadas porque su abogado al parecer lo defraudó falsificando las firmas
de una juez del Juzgado Segundo de lo Familiar con sede en Ensenada, y de la
Secretaria de Acuerdos.
Su caso, como otros más, ha
sido omiso para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde en
un año no han podido avanzar en la investigación asentada en la averiguación
previa 2078/15131/AP.
El 15 de abril de 2014, Issac
Guadalupe Ochoa Gómez, solicitó una demanda de divorcio ante el juzgado;
contrató a José Luis Gallegos Valencia y su caso quedó en el expediente
0760/2014B.
El litigante contratado para
el proceso le cobró 8 mil pesos, la mitad por adelantado y el resto cuando
estuviera concluida tanto la separación, como la patria potestad a su favor, y
los documentos para tramitar el pasaporte a sus dos hijos menores de edad.
Fue el 30 de octubre cuando
se le informó a Issac, a través de un supuesto oficio girado por la juez Gloria
Elena Ptacnik Preciado y la Secretaria de Acuerdos, Silvia Elizabeth Mundo, que
ya podía iniciar los trámites de pasaportes, pero el sentido común y un
desacuerdo con el abogado lo motivó a ir personalmente al juzgado para
preguntar sobre su caso.
Al apersonarse con la
autoridad le informaron que el proceso estaba suspendido porque las rúbricas y
el sello habían sido falsificados, pero además el plazo para realizar el
divorcio expiró. Es decir, fue estafado y no hay otra opción más que denunciar.
De inmediato acudió al
Ministerio Público a levantar una demanda por fraude y falsificación de
documentos contra abogados defensores y litigantes, a la par, la Juez y la
Secretaria de Acuerdos interpusieron otra demanda contra Gallegos Valencia.
El subprocurador de zona
Ensenada, Marco Chavarría López, fue abordado en al menos tres ocasiones sobre
el tema, pero prefirió no hablar de la investigación asegurando que no
recordaba detalles sobre el asunto.
Lo que sí mencionó fue que
eran algo “común” la firmas apócrifas, sin embargo, optó por callar ante el
reclamo ciudadano de Ochoa Guadalupe, que no ha podido llevar una vida normal
por la ineficiencia de la autoridad estatal.
CON UN PLUMAZO USURPAN FUNCIONES
La juez primera de primera
instancia de lo familiar, Ptacnik Preciado, advirtió que no puede dar
información sobre expedientes dentro del juzgado, no obstante, confirmó el
hecho de la demanda y calificó la situación como delicada.
Agregó que si el demandante
hubiera acudido con los documentos falsos a la secretaría de relaciones
exteriores, se hubiera metido en un problema serio.
Dijo desconocer en qué etapa
va la investigación, pero que de ahí del juzgado ya acudieron a interponer una
demanda.
Del abogado, mencionó que
desde octubre de 2014 jamás se volvió a parar ante el juzgado a promover algún
caso, si lo hiciese, la juez afirmó que no se le daría seguimiento, ya que es
del conocimiento que está bajo investigación.
Es la primera vez que se
tiene conocimiento de un caso de este tipo.
Se percataron de la
irregularidad porque quien recibe los documentos descubrió que hacían falta
detalles que llevan cada oficio del juzgado además que el sello es una
impresión a color.
Aclaró que cada uno de los
documentos es estrictamente revisado y además que la hoja no figuraba en el
expediente del caso.
DETECTAN ANOMALÍAS POR INTUICIÓN
En su declaración Perla
Maribel Ramírez Jiménez, actuaria provisional del juzgado primero familiar,
manifiesta que Isaac Guadalupe Ochoa después de debidamente identificarse
solicitó informes sobre su divorcio necesario número 0760/2014-B.
“Una vez enterado me indicó
que su abogado el licenciado, José Luis Gallegos Valencia, le informó que ya podía
realizar cualquier trámite relativo a la custodia de sus menores hijos”.
Tras informarle la actuaria
que ese juicio ni siquiera estaba emplazado, mostró un documento con el que
pensaba tramitar los pasaportes de sus hijos, mismo que le entregara el abogado.
“… de inmediato me percaté que las firmas tanto del juez como del secretario de
acuerdos no corresponden, en razón que tengo 15 años laborando en este juzgado
y conozco perfectamente sus firmas”.
Tras mostrar el original y
determinar que era falsificado, Isaac Guadalupe fue informado de ello, ella, la
actuaria, aseguró que sí reconoce al abogado en cuestión y que lo ha visto por
los juzgados, aunque ya no recientemente.
Piden castigo para colegas El
presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, Rodolfo Muñoz Barba, habló en
general del delito de falsificación como un hecho reprobable, pero más aún
cuando se trata de un profesional del derecho.
Agregó que hay muchos
abogados en el municipio de Ensenada, y haciendo un cálculo, estimó que tan
solo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) egresan 40 por
semestre, más otros tantos de las seis instituciones de nivel superior en la
ciudad, da como resultado entre 400 y 500 nuevos pasantes cada año.
Para el gremio organizado
está claro, dijo, que los profesionales no pueden, ni deben, confundir la
función de la autoridad porque se está cometiendo un acto violatorio de ley que
es gravísimo.
“Definitivamente quien incurra en este delito
debe tener una consecuencia, porque algo debe estar mal en su persona, va en
contra de nuestras propuestas costumbres morales”.
Por último exhortó a la
procuraduría de justicia a que le dé seguimiento al asunto y, si hay pruebas,
se dictamine de inmediato con las periciales obtenidas de la
investigación.
JUICIOS
ADULTERADOS
Silvia Elizabeth Mundo
Flores, secretaria de acuerdos del juzgado, declaró ante el MP que el documento
en posesión de Issac Guadalupe, no lo reconoce, ni lo había visto, negó
reconocer la firma ni la letra, ni la redacción.
Además, aclaró que en un
juicio ordinario no se autoriza la salida de menores del país, ni poderes
absolutos sobre alguno de los padres hacia los menores.
Sobre el sello, declara que
es parecido, pero no es el que se utiliza en los juzgados.
"ILÓGICO" QUE ABOGADO FALSIFIQUE
Gallegos Valencia se defendió de las acusaciones asegurando que fue
“de pronto” que le llegó la notificación de denuncia a su domicilio y que no
sabe de qué se trata porque nunca falsificó los documentos.
Prefirió no dar declaraciones
sobre el tema con el argumento de que es un proceso legal que va en curso y no
quiere entorpecer la investigación. “Es ilógico que haga eso –falsificar– si me
dedico a esto –litigar–”, se limitó a responder.
Al realizar una búsqueda en
el Registro Nacional de Profesionistas, el nombre de José Luis Gallegos
Valencia aparece como profesionista, con licenciatura en derecho por la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cédula 5909972 expedida en 2009.
Existencia entrampada por
burocracia El padre de familia, Ochoa Gómez, pensaba tramitar su pasaporte en
el consulado de Estados Unidos y si se hubiera presentado con el documento
estaría en serios problemas legales en ese país.
Su caso no se ha resuelto y
por lo tanto no ha podido contraer matrimonio con su prometida, tampoco sus hijos
han podido viajar a Estados Unidos, adonde uno de ellos ha sido invitado por
ser seleccionado de una liga de fútbol.
Hace un par de años un juez
le cedió la patria potestad para que se hiciera cargo de sus hijos luego de
comprobar que estaba físico, mental y económicamente estable como para hacerse
cargo de ellos.
Espera que la autoridad haga
su trabajo para que los menores puedan seguir su desarrollo.
ARTÍCULO 243.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
“El delito de falsificación
se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho
años y de doscientos a trescientos sesenta días multa.
En el caso de documentos
privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a
trescientos sesenta días multa.
Si quien realiza la falsificación
es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una
mitad más”.
ARTÍCULO 244 DEL MISMO CÓDIGO:
“Comete falsificación quien
atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo
nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no
tenga y que sea necesaria para la validez del acto”.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Enrique Botello
/Lorena Lamas Lunes, 2 mayo, 2016 01:00 PM)
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