ARRANQUE VIOLENTO EN PLAYAS DE ROSARITO

Durante los primeros dos meses de 2016, en Playas de Rosarito se han cometido más del doble de los asesinatos que en el mismo periodo del 2015.

Tratándose de homicidios, la procuración de justicia no le está cumpliendo a los ciudadanos, de los 53 casos documentados en 2015, solo 3 han sido integrados y enviados a un juez A unos metros de su casa, sobre la calle Jesús Leyva Torres de la colonia Lucio Blanco, “El Toro”, Héctor Manuel Santaolaya Villarreal, recibió varios balazos de una pistola 380 automática.

Era la mañana del 12 de febrero, y para entonces, el décimo homicidio perpetrado en territorio de Playas de Rosarito.

Hermano de Orlando Santaolaya Villarreal, “El Chuletas”, quien junto a “El Rambo”, Ramiro Ramírez Martínez, estuvo preso en el penal federal de Nayarit por un secuestro en el año 2009. Hace unos meses, respaldados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) obtuvieron su libertad.

Y al salir del penal, los esperaba la ejecución de otra orden de aprehensión, esta vez por el homicidio del policía ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas ejecutado en Rosarito en el año 2008. Ambos están recluidos en el penal de El Hongo II.

“El Toro” también estuvo preso en dos ocasiones, purgó cuatro y siete años de condena en diferentes etapas de su vida, ambas por delitos contra la salud en Tijuana.

El día de su muerte circulaba en un Nissan Altima blanco modelo 2009, y por su lado derecho lo alcanzaron los balazos cuando estaba estacionado.

Periciales y ministeriales encontraron seis casquillos percutidos de la automática, y en el cuerpo decenas de heridas, perforaciones de bala y otros raspones.

Para cuando fue trasladado al Hospital General en una unidad de la Cruz Roja, sus signos vitales habían desaparecido.

Unidades de la Policía Municipal, de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Ministerial montaron un operativo para encontrar a los responsables pero no hubo resultados.

La tendencia En los últimos tres años, el número de asesinatos cometidos en el municipio de Playas de Rosarito no ha bajado de 50 cada 12 meses.

Sin embargo, el inicio de este 2016, en números, refleja una tendencia que de permanecer, desestabilizaría esa constante en la estadística de delitos violentos.

En el año 2015, cuando terminó el segundo mes, seis homicidios habían sido cometidos en el quinto municipio, y al transcurrir de los meses el número no mostró variaciones considerables excepto en  noviembre, cuando destacaron siete ejecuciones.

Ahora, terminando el mes de febrero del año 2016, la cuenta se detuvo en 12 hechos de este tipo. La situación es más grave, porque al tema del incremento de la incidencia delictiva, se suma la ausencia de resultados en las investigaciones abiertas.

De hecho, en término de resultados y procuración de justicia, más vale que la efectividad del año pasado no se convierta en ejemplo para el que apenas inicia, acepta Patricia Ortega, subprocuradora general de Justicia en el joven municipio.

“El año pasado no fuimos afortunados en la integración de los homicidios calificados, ni de los delitos de alto impacto. Tuvimos 53 (homicidios) durante el año pasado, únicamente concluimos ocho casos. Fueron consignados tres, dos se fueron a la subprocuraduría de investigaciones especiales, dos por  incompetencias”, cuenta la funcionaria.

En términos simples, bajo su responsabilidad, solo se resolvieron dos casos, aunque explica que dos más están por integrarse completamente.

Estrategia interna “Sí”, afirmó, “…no podemos dejar de decir que es el reflejo de una situación que se está dando en las otras zonas. Yo recuerdo que el año pasado me preguntaban si consideraba que iba a impactar lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Tijuana, yo les dije que esperaba que no. Era un ‘esperaba’, sin embargo, efectivamente hemos visto que los homicidios se están dando. Es una situación que no  podemos soslayar”, dice la subprocuradora en entrevista con ZETA.

Menciona que se han desarrollado dos estrategias para mejorar la eficiencia de la subprocuraduría, una interna y otra externa.

 La primera, hace cinco meses, fue “especializar” el trabajo de investigación estableciendo una mesa única de homicidios, algo que hizo en Tecate cuando ostentaba el mismo puesto.

 Que un solo agente del Ministerio Público y un secretario de acuerdos conozcan todos los casos para que puedan realizar la relación de hechos sin limitaciones.

“Porque anteriormente estaban en los turnos las actas de homicidio calificado, lesiones calificadas.

Entonces, sí hay una comunicación de turno a turno, pero ya en el tercer turno puede perderse”. Además, sostiene que se buscó un fortalecimiento de la Policía Ministerial que comanda Miguel Valdivia Villaseñor, con siete elementos en el grupo de homicidios.

“Para ver qué estaba pasando, ¿por qué las investigaciones no nos estaban dando los resultados que nosotros queríamos?, a fin de poder consignar y determinar, y de esa forma poder abatir la impunidad que se genera si no resolvemos y que esos resultados se reflejen en que no haya eventos de esa naturaleza”.

Patricia Ortega, sin dar grandes detalles, dice que en estos cinco meses se han relacionado calibres de diversos hechos, “casquillos problema”, como les llaman. Automóviles.

Pero que la descripción de personas relacionadas con los crímenes ha variado.

“Tenemos que seguir investigando, apoyar documentalmente y cuando empiecen a salir nombres, que se apoye a fin de exponerlo y que esos casos se los lleven”,

Con esto último, la funcionaria se refiere a que el método es evidenciar la relación de diversos hechos con periciales, testimoniales y otros métodos de prueba, detectar indicios de delincuencia organizada y enviarlo a donde corresponde:

la subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Todos esos puntos son los que se tienen que documentar. Entonces yo no le puedo decir si lo hay o no lo hay, antes todo lo contrario, hasta que no se determine”, puntualiza Ortega.  

Cucaracha A pesar de que, a la fecha, no hay relación documentada entre crímenes cometidos en Tijuana y en Rosarito, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) del quinto municipio, Joaquín Olea López, manifiesta que el alza en las ejecuciones es una consecuencia más de la conurbación y la actividad que ha existido en la ciudad fronteriza.

“Nosotros tenemos que se han implementado operativos más fuertes en Tijuana, empezaron a trabajar más activos los grupos de operaciones mixtas, buena comunicación con el ejército, se empezó a operar con ellos, hubo mayor actividad en la zona de Tijuana, y esto hace el efecto cucaracha, las personas se van yendo hacia otros municipios”

Con la subprocuradora Patricia Ortega, coincide en que fue necesario, como método de respuesta a la situación, activar la Base de Operaciones Mixtas (BOM), para realizar operativos conjuntos:

PGJE, DSPM y la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han hecho 7 en lo que va del año.

Uno de los resueltos Se trata del segundo homicidio –con privación ilegal de la libertad– del año 2016 registrado en el municipio de Playas de Rosarito, el segundo resuelto de los 12 que a la fecha se han cometido.

Cuando Miguel Ángel Ramírez Cervantes, carrocero de 24 años, llegó al fraccionamiento Real de Rosarito –en la parte norte del municipio– junto con su cuñado Sergio, cuatro hombres lo esperaban para dispararle.

Momentos antes había tenido una discusión con uno de ellos y había regresado acompañado.

Lo esperaban –específicamente en la calle Fresno, del desarrollo– Alejandro Cuén Garandilla de 27 años, Francisco Javier Sánchez de 32, Guillermo Pérez Aguirre de 34 años, y Pedro Guillermo, menor de 16.

 Miguel Ángel cayó herido al recibir dos disparos calibre 9 milímetros, y a Sergio se lo llevaron a bordo de una camioneta Dodge Caravan.

La esposa de Ramírez Cervantes avisó de los disparos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se movilizaron.

En el lugar arrestaron a Alejandro Cuen y después de una persecución, otros policías detuvieron  la camioneta, rescataron a Sergio y aseguraron al resto de los implicados.

Luego, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, se averiguó que la riña se originó por la disputa de un perro. Por las heridas de bala, Miguel Ángel murió.

(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: RAMON T BLANCO V / INTERNET / EZENARIO / SAÚL RAMÍREZ ESPARZA LUNES, 7 MARZO, 2016 01:00 PM)