CORRUPCIÓN: CASO RACOTA

Pagos sin órdenes de compra, facturas de reparación por patrullas que se desecharon, garantías que no se hicieron efectivas, adjudicaciones directas que debieron ser licitaciones fueron algunas de las irregularidades detectadas en la auditoría a la relación comercial entre la DSPM y Grupo Racota. Sindicatura ordena suspender cualquier trato    

(EDICIÓN IMPRESA) Desde abril de 2015, el regidor Abraham Medina denunció ante el cabildo los sobreprecios y otro cúmulo de irregularidades que estaban cometiendo las autoridades municipales en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en colusión con Grupo Racota, al que al que beneficiaron con cuantiosos contratos por reparación y mantenimiento de patrullas.

Sin embargo, esas acciones fuera de ley y reglamento continuaron por siete meses hasta que  a finales de noviembre, en un oficio dictado por el Director de Fiscalización de la Sindicatura Municipal, Santos Fabián Montaño se concluyó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) debe de suspender cualquier servicio o compra en favor del Grupo Racota S de R. L. de C. V.

Además de iniciar una investigación por diversas faltas administrativas que pudieran haber cometido al menos 3 servidores público, por lo pronto solo van sobre los que firmaron o dejaron de firmar: Jesús Eduardo Gutiérrez Martínez, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la DSPM;  María Rosalina Curiel Terán, encargada de despacho de la Subdirección Administrativa: y Gabriel Mascareño Gutiérrez, responsable del taller de la DSPM.

El documento señala que el 01 de julio del 2015 se notificó a la DSPM la Auditoría Número 7 con oficio SM/129/201, con el objetivo de supervisar las adjudicaciones y contrataciones de la dependencia relativo al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores.

En 20 hojas informa sobre diversas irregularidades, entre ellas la ausencia de un contrato,  que el 66 por ciento del presupuesto asignado al taller de la DSPM en 2014 equivalente a 8 millones 955 mil pesos fue destinado a la empresa Racota, además del 73 por ciento del recurso del primer trimestre del 2015 equivalente a 9 millones 412 mil pesos, lo que en total significó un importe por 18 millones 368 mil pesos, los cuales además se asignaron sin contrato de por medio.

Al revisar las órdenes de servicio los auditores encontraron que éstas fueron expedidas en fechas posteriores a la orden de compra, además de carecer de firma del proveedor, dichos documento solo fueron signadas por Gabriel Mascareño Gutiérrez responsable del taller de la DSPM.

Otra irregularidad se detectó el 31 de diciembre de 2014, cuando  la Dirección de Policía solicitó a la Tesorería el pago de 18 servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos por un importe de 854 mil pesos, en ninguno de los servicios pagados se contó con la factura del proveedor.

Estas solicitudes de pago fueron realizadas por Jesús Eduardo Gutiérrez Martínez Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la DSPM y autorizadas por María Rosalina Curiel Terán encargada de despacho de la Subdirección Administrativa, finalmente las facturas fueron recibidas los días 6, 12 y 15 de enero del 2015.

Un señalamiento más fue que la DSPM remitió a Tesorería peticiones de pago, cuyos conceptos no concuerdan con los descritos en las facturas emitidas, las cuales ascienden a 3 millones 281 mil pesos durante 2014 y 5 millones 406 mil pesos del primer trimestre del 2015.

Adicionalmente, la dirección de policía tramitó órdenes de pago por 1 millón 995 mil pesos  favor de Racota sin tener sustento del taller municipal.

Las acciones fuera de la Ley continuaron con el otorgamiento de una “garantías verbales” que no se hicieron valer. Los auditores detectaron por lo menos 7 casos en los que unidades que habían sido reparadas, reingresaron a los talleres en un lapso menor a los 90 días por los mismos conceptos teniendo que pagar 754 mil pesos adicionales por esos servicios. Como ejemplo, la Sindicatura constató que la unidad 0628 fue mandada reparar y luego dada de baja por las mismas reparaciones.

Otra muestra de las múltiples formas en que se violentaron los reglamentos para el manejo del erario que repercutieron en gastos inflados, la encontraron el 1 de septiembre del 2014, cuando se expidió la orden de compra por 61 mil pesos y fue enviado a reparación a la empresa Baja Master, nombre comercial de Grupo Racota, supuestamente se reparó la transmisión, pero en la orden de servicio los conceptos fueron transmisión, switch, ventilador, flecha, bujías, bomba de gasolina y batería, y en la transacción no se encontró cotización del servicio.

El 10 de noviembre del mismo año la misma unidad fue dada de baja al depósito vehicular, el diagnóstico del taller municipal se realizó 4 meses después dando como resultado que el motor no servía, pero tampoco la transmisión, suspensión, frenos, llantas, parabrisas, no contaba con batería ni abanico, reparaciones que supuestamente había realizado la empresa.

MÁS GRAVE

Apenas el 23 de noviembre del 2015, la coordinadora de la fracción del PRI en el cabildo de Mexicali, Alicia Martínez presentó un informe parcial del Órgano de Fiscalización Superior que contrasta que expone una situación más grave que la expuesta públicamente por la Sindicatura y que señala gastos excesivos en las reparaciones de vehículos  por importes superiores en un 127 por cientos al valor de la unidad.

En las observaciones correspondientes al 2015 constatan como diversas unidades, entre ellas un Dodge Ram con número económico 78301, comprado por 269 mil pesos, en 2008, recibió reparaciones por 343 mil 356 pesos.

De acuerdo al mismo reporte, una unidad Ford F150 comprada en 138 mil pesos el año 2000 recibió reparaciones por 163 mil pesos, superando en 18 por ciento su valor comercial, en el mismo caso se encuentra un Dodge Ram 2010 valorada en 272 mil pesos con reparaciones de 299 mil pesos y una Dodge Avenger 2013 que costó 213 mil pesos y fue reparada por 202 mil pesos.

Además el Orfis señaló diversas irregularidades en contratos que debieron licitarse y se entregaron en adjudicación directa, dos muestras fueron los 23 millones de pesos por mantenimiento y servicio de equipo, así como 26 millones 61 mil 274 pesos por los conceptos de refacciones, lubricantes y aditivos.

Los beneficiados de nuevo fueron Grupo Racota con la mayoría del recurso, Silvia Campos de Lucas por 8 millones 259 mil 730 pesos y la empresa MJ Industrial, S.A. de C.V., con 5 millones 989 mil 483 pesos.

(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz/   10 de Diciembre del 2015 a las 12:00:10)