En 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ha abierto 228 expedientes por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además ha emitido 27 recomendaciones por estos motivos desde 2010. La mayoría de las quejas son interpuestas por personas vinculadas a drogas, armas o crimen organizado
(EDICIÓN IMPRESA) En seis años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California ha registrado diez veces más quejas por actos de tortura cometidos por distintas corporaciones policíacas.
Mientras defensores de Derechos Humanos interpretan la estadística como el reflejo de una problemática grave en Baja California, dependencias de seguridad aseguran que se trata de una estrategia legal adoptada por los detenidos para obtener su libertad.
En 2010, el organismo –entonces Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)- recibió 27 quejas; este número se duplicó en 2011 con 55 quejas. La mecánica se repitió en 2012 con 101 expedientes, mientras que en 2013 se iniciaron 114 investigaciones.
La tendencia de crecimiento se rompió en 2014, en la recta final de Arnulfo de León Lavenant como procurador de Derechos Humanos, con 32 expedientes calificados por tortura.
Sin embargo, en 2015 hubo un nuevo incremento. Este año, la CEDH hizo una reclasificación, al tratar por separado a la tortura de los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De enero a septiembre de 2015 se han abierto 30 expedientes por tortura y 188 por el segundo motivo.
De estas 544 quejas abiertas en el transcurso de seis años, solo el 5 por ciento ha transitado a recomendaciones las cuales son resoluciones que acreditan la violación de derechos humanos, luego de una investigación realizada por la CEDH.
Y la mayoría de las quejas que derivaron en estas 27 recomendaciones ha sido interpuesta por personas acusadas de posesión de drogas y armas, secuestro.
Algunos quejosos permanecen detenidos, otros han sido liberados e incluso hay quienes han sido asesinados por integrantes de células de narcomenudeo.
En relación a los policías acusados, hay tanto agentes removidos de sus cargos como otros en funciones, pero con investigaciones en curso.
DETENIDO, LIBERADO Y ASESINADO
Hasta septiembre de 2015, las tres recomendaciones por tortura emitidas este año corresponden a actos cometidos en Tijuana, pero en años anteriores.
Está el caso de Esteban Orendain, quien la madrugada del 26 de junio de 2013 fue detenido por la Policía Municipal y consignado con un fusil AR-15, una pistola tipo escuadra con ocho proyectiles y 153 tiros de diferentes calibres. Lo acompañaba un menor de 17 años de edad.
Reportes oficiales indican que en la madrugada de ese miércoles, policías municipales atendieron un reporte sobre detonaciones de armas de fuego en la colonia Cumbres del Rubí y encontraron al hombre de 51 años de edad a bordo de un vehículo.
“Trató de huir, pero se precipitó contra un barranco y en la caída se produjo leves lesiones en el rostro”, indica el parte informativo.
Después de ser remitido a la Procuraduría General de la República (PGR), Orendain fue puesto en libertad. De ahí se presentó ante la entonces Procuraduría de Derechos Humanos para levantar la queja registrada con el número 576/2013.
El 9 de febrero de 2015, esta queja evolucionó a una recomendación emitida por el organismo al Ayuntamiento de Tijuana. La resolución fue aceptada y se ha cumplido en un 50 por ciento.
Gerardo Robles, director de Responsabilidades de la Sindicatura de Tijuana, dependencia que realizó la investigación por parte del Ayuntamiento, explica que el quejoso argumentó que fue detenido de forma ilegal.
“Hay testimonios que recabó la entonces PDH, estiman que distinto a lo que señalan documentos oficiales, la detención fue en un domicilio y hay lesiones certificadas”, explica sobre el caso.
La investigación por parte de Sindicatura se cerró en agosto de 2015 y será turnada en noviembre a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, integrada por el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como presidente, por el director de la Policía Municipal, el síndico procurador, el oficial mayor, regidores y demás miembros.
A su vez, esta Comisión atenderá, a través de su Secretaría Técnica, la solicitud de proceso de responsabilidad administrativa o de separación, que haga la Sindicatura.
Hasta esa etapa, serán llamados los oficiales a formal procedimiento, podrán atestiguar y aportar pruebas.
No obstante la PDH omitió informar al Ayuntamiento de Tijuana que Esteban Orendain había muerto.
“Cuando nos comunicamos con el menor de edad (detenido junto al quejoso), rechazó tener cualquier contacto con este asunto. Fue quien nos hizo de conocimiento que ya había fallecido esta persona”, explica el funcionario municipal.
El 24 de agosto de 2014, Esteban Orendain Espinoza fue asesinado de seis tiros en la Zona Norte de Tijuana. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que Miguel Ángel Rosales confesó el crimen.
El homicida trabajaba para una célula criminal dedicada a la compra venta de la droga sintética cristal. En sus declaraciones ministeriales, explicó que “El Mono” –cabecilla del Cártel Arellano Félix hasta su asesinato el 9 de abril de 2015- le entregó un arma de fuego y le indicó asesinar a Esteban Orendain, a quien conocían por el apodo de “El Flaco”.
No obstante, lo anterior “no para en nada nuestro procedimiento”, afirmó el director de Responsabilidades de Sindicatura, quien explicó que los agentes involucrados podrían ser separados de sus cargos.
La situación de los oficiales se determinará, explicó, una vez que la Comisión emita un proyecto de resolución, el cual se someterá a votación por un órgano colegiado para su aprobación.
TORTURA COMO DEFENSA LEGAL: SSPE
Melba Olvera, presidenta de la CEDH, explica que los jueces dan vista a la institución que preside “cuando un procesado alude el delito de tortura para obtener una confesión”.
Aunque de manera penal se sigue un procedimiento, la CEDH inicia una investigación independiente, la cual puede ser tomada en cuenta en el expediente para que el acusado sea libertado si se comprueba fue víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“La tortura involucra el uso de la fuerza o infligir dolor o sufrimiento físico o psicológico y está involucrada con fines de obtener una confesión o algo más”, señala la ombudsperson en Baja California.
En cuanto a recomendaciones por tortura, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ocupa el primer lugar. Le siguen las direcciones y secretarías de Seguridad Pública de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. En tercer sitio está la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Al respecto, Daniel de la Rosa, titular de la SSPE, indica que la mayoría de quienes aluden tortura a manos de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) lo hacen “para tumbar el proceso de detención, intentan presionar a través de las instancias de Derechos Humanos argumentando que fueron víctimas de tortura”.
El funcionario argumentó también que el 80 por ciento de las detenciones realizadas por la PEP son por delitos federales como crimen organizado, homicidio, secuestro, narcomenudeo, posesión de armas de fuego y el resto por delitos del orden común.
Habla también de un grupo de abogados en Tijuana –ciudad con mayor número de quejas de recomendaciones por tortura-, quienes están “tomando ese tipo de acciones (legales) para que se resuelva a favor de sus clientes u obtener su libertad”.
Estos abogados, asegura, representan no solo a mandos medios u operadores de estos grupos delictivos, sino también a quienes son identificados como jefes.
“Hay menciones de otros detenidos que los identifican como líderes de la distribución de droga o del trasiego o culpables de otros hechos delictivos como homicidio”, dijo acerca de los reconocidos como víctimas de tortura.
En 2014, la entonces PDH emitió tres resoluciones por tortura sobre asuntos ocurridos en Tijuana, así como dos recomendaciones por tratos crueles, inhumanos y degradantes, una en Mexicali y otra en Ensenada.
Mientras que en 2013, entregó cuatro resoluciones por tortura durante 2013 en asuntos ocurridos en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, además de dos recomendaciones más sobre tratos crueles para Tijuana y dos más para Ensenada.
Para la presidenta de la CEDH, estas recomendaciones indican que “todos los años se ha comprobado la práctica de tortura en Baja California”.
En “El Hongo”, 61 internos golpeados, obligados a defecar y a permanecer desnudos
La tarde del 15 de mayo de 2013, un grupo de 61 internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) “El Hongo” en Tecate, fueron rociados con gas pimienta, golpeados, esposados, vendados de los ojos y obligados a defecar.
Además permanecieron desnudos durante cinco días sin cobijas, colchones, artículos personales, sin poder salir de sus celdas. Todo por instrucciones del comandante Juan Isidro Quinajars López.
Así quedó asentado en la recomendación 19/2013 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por lesiones, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros motivos.
En testimonios recogidos por el organismo garante de Derechos Humanos, 59 internos coincidieron en horarios, situaciones y actores al narrar el castigo al que fueron sometidos luego de la riña entre un reo y un subcomandante.
Uno de los internos involucrados desde el inicio del incidente es identificado como “Edgar”, quien reclamó al subcomandante de custodios, Diego Rosas Leyva, el poco tiempo que les permitían para recibir visitas a través de locutorios.
“Comenzamos a forcejear y el subcomandante Leyva se golpeó en la cara con la puerta, nos introdujimos a la celda. Después de continuar el forcejeo, el subcomandante habló por radio y llegó el comandante con 20 oficiales de custodia, quien nos gaseó con unos tanquecitos con pimienta, nos pidieron que nos acercáramos a las rejas y nos esposaron”, explica quien inició el altercado.
Fue el comandante Quiñajars López quien ordenó el trato violento debido a la pérdida de la llave del candado de la celda 17 del edificio 1, explicaron los internos.
Las siguientes cuatro horas, tanto los internos de esa celda como de las contiguas, fueron obligados a defecar, al suponer que alguno de ellos la había introducido a su cuerpo. Antes de esto, custodios cortaron el candado de esta celda con una máquina.
Cuatro de los internos fueron trasladados desnudos a “El Hongo II” y recibieron un castigo de entre seis y ocho meses, interpuesto por la Comisión Disciplinaria del reclusorio, sin que se les permitiera hablar en su defensa.
“Siempre que hay incidentes, el médico nos certifica antes de que nos golpeen… me siguieron golpeando porque quería que yo defecara, yo hice del baño dos veces y aun así me decían ‘saca la llave, sácala’, y me seguían golpeando”, indicó otro de los internos.
Entrevistas a internos, sus familiares y 28 fotografías en las cuales se observan las lesiones que presentaron los internos, integran el expediente.
Juan Isidro Quinajars López, comandante general del Centro Penitenciario “El Hongo”, aseguró que por motivos de confidencialidad, ni los nombres de los custodios que participaron en los hechos ni los informes serían compartidos a la PDH. En consecuencia, el 27 de septiembre de 2013, fue destituido.
(REPORTEROS.COM/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos / Fotos. Jorge Dueñes / cortesía/ 26 de Octubre del 2015 a las 17:10:51)
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