El
general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, secretario de Seguridad Pública, genera
polémica entre organizaciones civiles y estudiantiles por contar con pasajes
sin aclarar durante su mando en la Séptima Zona Militar. Tendrá cinco retos que
resolver en Nuevo León
“Ciudadanos
en Apoyo a los Derechos Humanos ve con gran preocupación que el gobierno de
Nuevo León continúe designando a más militares en puestos claves de seguridad
pública del estado”
Comunicado
del
organismo civil
Cuauhtémoc
Antúnez fue mando de la Séptima Zona Militar en Escobedo entre el 2008-2012,
periodo en el que se registraron muertes de civiles a manos de militares por
supuesta confusión
El
nombramiento del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez como mando de la Secretaría
de Seguridad Pública estatal pone sobre la mesa cinco retos en materia de
seguridad.
Se
trata de la presencia de los carteles, el aumento de robo a negocios, el uso de
armas de fuego en asaltos, cuestionamientos de organizaciones civiles y
estudiantiles por su nuevo cargo, y la preocupación ante la militarización de
la secretaría.
El
nuevo secretario deberá redoblar esfuerzos para patrullar más las zonas de alta
incidencia delictiva, y buscar una mayor coordinación con las policías
metropolitanas y rurales.
Tampoco
deberá perder de vista los delitos de alto impacto, pues aún se continúan
cometiendo ejecuciones en bares con armas de grueso calibre.
Aunque
cuenta con la aceptación de la clase política y empresarios regiomontanos,
existen otros sectores civiles que ponen en duda su capacidad para respetar los
derechos humanos de la ciudadanía.
Y
además carga con el peso del crimen de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier
Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes
fueron acribillados por soldados a su mando durante su paso en 2008-2012 en la
Séptima Zona Militar en la entidad.
Por
lo pronto, la Asamblea Estudiantil del Tecnológico de Monterrey alzó la voz en
redes sociales contra su nombramiento.
SIGUEN OPERANDO LOS ZETAS
La
presencia del Cártel de Los Zetas en Nuevo León genera una tarea ineludible,
pues el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez tendrá la obligación de plantear una
estrategia para combatirlo.
Y
aunque los homicidios masivos de alto impacto ya no son muy frecuentes en el
área metropolitana, aún se registran ejecuciones por ajustes de cuenta entre el
Cártel de Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Otro
punto pendiente es la posible entrada a Nuevo León del Cártel Jalisco Nueva
Generación.
Reporte
Indigo publicó que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados
Unidos advirtió que este cártel ronda a la entidad, lo que pudiera desatar un
nuevo frente por la disputa de la zona.
En
la zona rural se encienden los focos rojos por la presencia de hombres armados,
quienes se han enfrentando con elementos de Fuerza Civil, como sucedió el
pasado 6 de mayo.
Ese
día, Los Zetas asesinaron a un uniformado y retuvieron a 10 policías, y
evidenciaron por vía frecuencia la falta de armamento que padecen los policías
estatales.
ALZA EN ROBO A NEGOCIO
Los
nuevos mandos de Seguridad Pública del Estado (SPE) a su llegada enfrentan un
alza en el robo a negocios en el área metropolitana.
Este
problema se viene arrastrando desde hace aproximadamente siete meses, y no se
aprecia en las cifras una mejoría de la seguridad en este delito.
La
Procuraduría de Justicia de Nuevo León reportó un alza de este delito de enero
a agosto, ya que en al menos cinco de siete meses contabilizados existe un
incremento de robos a negocios.
Las
cifras oficiales señalan que se cometieron un promedio de 200 hurtos en 30
días, es decir, un estimado de 6 robos por día, y se han computado un total de
mil 625 robos a comercios en siete meses.
ARMAS EN LA CALLE
En
el delito de robos a negocios surgió un ingrediente que debería preocupar a la
autoridad: el uso de armas de fuego.
La
noche del pasado domingo 20 de septiembre, dos asaltantes armados ingresaron al
restaurante La Playa en la colonia Linda Vista, en Guadalupe.
Asesinaron
a un empleado de un balazo y robaron las pertenencias de 15 clientes y dinero
del negocio. Aún no se han capturado a los asaltantes.
Dos
días después, cuatro hombres armados robaron la joyería Karch, en San Pedro, y
asesinaron al guardia de seguridad.
La
Procuraduría de Justicia informó que los hombres armados irrumpieron en el
lugar y, cuando el vigilante opuso resistencia, recibió dos balazos en el
pecho.
PIDEN CESE DE ANTÚNEZ
La
designación del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez como secretario de Seguridad
Pública de Nuevo León fue criticada en redes sociales por la Asamblea
Estudiantil del Tecnológico de Monterrey.
Y
fue calificada como un insulto en la memoria de Jorge Antonio Mercado Alonso y
Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados en manos de soldados a cargo del
general Antúnez Pérez en 2010.
El
general estuvo en el periodo 2008-2012 como mando de la Séptima Zona Militar en
Escobedo.
Con
el hashtag #FueraAntúnez, los estudiantes solicitan al gobernador Jaime
Rodríguez Calderón reconsiderar la asignación del nuevo mando de Seguridad
Pública, y le recordaron su frase “la raza paga, la raza manda”.
“Está
usted muy a tiempo de reconsiderar el nombramiento de Cuauhtémoc Antúnez Pérez
y hacernos saber a los ciudadanos si seguirá con la misma estrategia de
seguridad de sus predecesores que ha traído tantas muertes, dolor y
desintegración a nuestra sociedad.
“U
optará por una nueva estrategia que tenga a la dignidad humana como valor
máximo”, dice el texto difundido por los estudiantes.
Recordaron
que cuando Antúnez estuvo como mando máximo de la unidad Néctar Urbano 4, el
grupo de militares que asesinaron a los dos estudiantes careció de apago a los
derechos humanos.
“Ninguno
de los responsables ha sido consignado y no ha existido una disculpa pública
por parte del Ejército en la que se reconozca que Jorge y Javier eran
estudiantes, y no sicarios, como sostuvo la Sedena”, dice el texto.
PREOCUPA MANDO MILITAR
La
asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifestó
su preocupación por la asignación del general Cuauhtémoc Antúnez Pérez como
titular de Seguridad Pública de Nuevo León.
La
organización que preside la religiosa Consuelo Morales informó por medio de un
comunicado su desacuerdo con este nombramiento, al considerar que las funciones
de seguridad pública no deben tener ningún tinte militar.
“Ciudadanos
en Apoyo a los Derechos Humanos ve con gran preocupación que el gobierno de
Nuevo León continúe designando a más militares en puestos claves de seguridad
pública del estado”, dicta el comunicado.
Y
exhortaron al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a atender las recomendaciones
para evitar la militarización de la seguridad en Nuevo León.
Recordaron
que durante el paso de Antúnez por la Séptima Zona Militar, en la entidad
fallecieron personas inocentes víctimas de militares.
Como
los casos de Juan Carlos Peña y Rocío Elías, quienes fueron ejecutados en 2010
en el municipio de Anáhuac.
Días
antes fueron asesinados los estudiantes del Tec del Monterrey Jorge Antonio
Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo.
A
eso se suma el crimen de Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en 2011.
En
cada caso, los militares argumentaron confundirlos con miembros del crimen
organizado, e incluso sembraron armas para incriminarlos, por lo que estas
organizaciones dudan del respeto a los derechos humanos por parte del exmando
militar.
(REPORTE
INDIGO/ JESÚS PADILLA / Jueves 15 de octubre de 2015)
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