La
versión del expediente del caso Ayotzinapa que la PGR hizo pública, hace
incomprensible que la procuradora Arely Gómez sostenga las conclusiones
heredadas de Jesús Murillo Karam. Los peritajes realizados desde finales de
2014 revelan que las conclusiones de ese funcionario –su “verdad histórica”– nunca
tuvieron fundamento científico, por lo que a principios de este año se realizó
un extraño dictamen de incendios y explosiones que torció los resultados de
anteriores estudios.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), difundió a través de
los medios la hipótesis de que los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos el 26 de septiembre anterior, fueron
incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
Para
ello, sus asesinos habrían utilizado acelerantes de fuego como diésel o
gasolina.
Sin
salirse de esa línea, el 27 de enero de 2015 presentó lo que llamó la “verdad
histórica” del caso. Sin embargo, en los 85 tomos de la versión pública del
expediente no hay ningún dictamen técnico pericial que respalde esa conclusión.
El
pasado domingo 11, después de muchas presiones de organismos no gubernamentales
para tener acceso al expediente, la procuradora Arely Gómez González, quien ha
sostenido la versión de su antecesor, puso a disposición de la ciudadanía
aproximadamente 50 mil fojas del expediente del caso Ayotzinapa. Su contenido
contradice la verdad que pretende imponer el gobierno federal.
A
solicitud de Proceso, expertos de distintas especialidades de la UNAM y del
Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un análisis del voluminoso
expediente público a fin de localizar los peritajes en que se basa el dictamen
de la PGR.
El
resultado fue que no hay un dictamen que determine la temperatura que según la
Procuraduría alcanzaron las llantas empleadas para incinerar los cuerpos. Los
mil 600 grados centígrados de que habló Murillo Karam no tienen fundamento
técnico ni científico.
Tampoco
se realizó un análisis químico comparativo de los sedimentos recolectados en el
basurero de Cocula y de los extraídos del río San Juan. Se supone que estos
últimos fueron hallados –sin la presencia de los expertos del Equipo Argentino
de Antropología Forense, que apoyaba a
los padres de los desaparecidos– en una bolsa negra. Sin el estudio correspondiente,
la PGR sostuvo que ésta contenía restos óseos de los estudiantes, arrojados ahí
por los sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos.
En
la versión pública del expediente tampoco aparece un análisis pericial que
ubique en el basurero de Cocula diésel o gasolina, que según Murillo Karam
utilizaron los victimarios para acelerar el fuego que destruyó el ADN de los
cadáveres. También ese detalle es técnicamente insostenible.
En
cambio, se encontraron en el lugar otros hidrocarburos (benceno, tolueno,
etil-benceno y xileno) que no son componentes de la gasolina ni del diésel,
sino de objetos hechos a base de polímeros como nylon, poliéster y ropa de
algodón, fáciles de hallar en un basurero.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 2033, ya en circulación)
(PROCESO/
PATRICIA DÁVILA/ 17 DE OCTUBRE DE 2015)
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