Las mineras transnacionales
se han lanzado a la colonización del territorio nacional provocando un impacto
social y ambiental. Casi el 70% de las concesiones para explotación están en
manos extranjeras
El beneficio del usufructo de la riqueza
minera de México ha sido entregado a un pequeño grupo de empresarios
Almaden Mineral tiene presencia en la
industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí en donde ha
logrado más utilidades
73 conflictos sociales se mantienen
vivos en todo el país, donde los indígenas pelean contra las mineras
174 proyectos mineros en Puebla se han
denunciado por presuntamente atentar contra la salud de la comunidad
5 sanciones de daño ambiental ha emitido
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en lo que va de
este año
2,000 hectáreas entregadas a Almaden
Mineral correspondientes al suelo comunal
55,990
hectáreas se le entregaron a la
minera canadiense en el 2008
Las transnacionales mineras
se han lanzado a la colonización del territorio nacional sin importar el
impacto social y ambiental que significa la explotación del subsuelo,
principalmente en zonas declaradas reservas indígenas.
La voracidad de las mineras
internacionales se refleja en el número de concesiones que han logrado para la
explotación del subsuelo mexicano: una cuarta parte del territorio nacional ha
sido entregada para extraer la riqueza minera de México, asegura el
investigador de la Universidad Iberoamericana, Miguel Reyes Hernández.
La entrega de concesiones
para la explotación de minas, que se comenzó a disparar en el periodo de
gobierno de Vicente Fox y que alcanzó el pináculo durante la administración de
Felipe Calderón, ha llegado a niveles desorbitantes.
Hoy la reforma energética,
aprobada en la actual administración federal, representa una oportunidad para
los planes de explotación del subsuelo nacional por parte de estos
conglomerados transnacionales.
A la fecha el Gobierno
Federal ha entregado 47 mil 862 concesiones de explotación minera, las que han
sido acaparadas por una veintena de empresas internacionales, algunas con
participación de inversionistas mexicanos.
El territorio nacional
entregado en concesión para su explotación a empresas internacionales llega a
98 millones 682 mil 739 hectáreas.
La mayor parte de la
superficie entregada a las mineras está ubicada en zonas indígenas, lo que ha
generado el brote de por lo menos 73 conflictos sociales, donde las comunidades
originarias han tenido que aportar muertos y desplazados.
En la mayoría de los casos de
explotación minera, las transnacionales trabajan sin rostro, sordas a los
reclamos de cuidado ambiental e impacto social que exigen los pobladores
naturales, propiciando casos extremos como el de Michoacán, en donde la Minera
Ternium en Aquila, para poner a salvo sus intereses económicos, creó sus
propios grupos de autodefensa, una vez que ya no pudo negociar con el crimen
organizado la compra de mineral extraído ilegalmente.
En la mayoría de los casos
las mineras no respetan los límites establecidos en las concesiones federales,
extendiendo su explotación minera a radios mayores que llegan a hasta tres
veces más de la superficie entregada en concesión, esto con la finalidad de
abarcar otros yacimientos cercanos a los entregados legalmente.
La extensión arbitraria de
los radios de explotación minera, estima el investigador Miguel Reyes
Hernández, obedece al plus que otorga la reforma energética, impulsada por la
actual administración federal, que autoriza a las mineras -no solo a explotar
los yacimientos minerales- sino también los hidrocarburos que se pudieran
encontrar en el subsuelo de la superficie entregada en concesión.
Y es que la reforma
energética le otorga a la minera el estatus de actividad preponderante al reconocer
el uso de suelo preferencial, incluso por encima de la propia vida, la
actividad económica o productiva de la población natural, lo que avala el
desalojo de comunidades indígenas que obstruyan los procesos de explotación
minera.
PROYECTOS DE MUERTE
La llegada de las mineras a
cada una de las regiones entregadas en usufructo siempre se anuncian como
acciones de desarrollo y progreso para la región, pero no hay una sola
localidad en el país en donde las trasnacionales exploten el subsuelo en
armonía con los pobladores locales y el cuidado al medio ambiente, prueba de
ello son los 73 conflictos sociales que se mantienen vivos en todo el país,
donde los indígenas pelean contra las mineras.
Los llamados proyectos de
muerte, como los han calificado los pueblos indígenas a los planes de
explotación minera irracional, se han triplicado desde el año pasado. El estado
de Puebla es el líder en la inconformidad.
Solo en esa entidad se han
denunciado 174 proyectos mineros –que a veces tienen que ver con hidroeléctricas
y termoeléctricas- que atentan contra la salud de la comunidad.
En el estado de Michoacán se
registran 18 proyectos de muerte. En Colima se han denunciado 11 proyectos que
atentan contra el medio ambiente. En Oaxaca son 23 las explotaciones de minas
que afectan a los pobladores. En Durango se registran 10 proyectos de muerte,
en tanto que en Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila suman
en total 48 las minas que atentan contra la población.
La mayoría de los proyectos
mineros denunciados afectan el medio ambiente con daños severos e irreversibles
a los mantos acuíferos. En otros como en Colima el daño de las mineras ha sido
extremo, al grado de incrementar los índices de cáncer entre la población
aledaña a las minas; los casos menos graves de proyectos de muerte son los que
se dejan ver con efectos como el de la lluvia ácida.
Frente a este panorama, las
instancias federales se manifiestan omisas.
La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) en lo que va de este año solo ha emitido cinco
sanciones de daño ambiental, pese a que los reclamos de los vecinos aledaños a
las minas han levantado al menos 322 denuncias.
La mayor parte de las miles
de concesiones otorgadas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón
fueron a parar a manos de los grupos empresariales: Peñoles de la familia
Bailleres, Grupo México de Germán Larrea, y Frisco de Carlos Slim, cuyos grupos
abanderan los proyectos de muerte.
La suma de las concesiones de
esos tres grupos empresariales comprende por lo menos el 70 por ciento de la
superficie minera del país, en donde no tienen presencia agrupaciones gremiales
o sindicales que procuren la seguridad laboral de los que son empleados para la
excavación del subsuelo.
Las mineras de Slim, Larrea y
Bailleres, favorecidas desmedidamente en los últimos 12 años, de acuerdo a
publicaciones especializadas, son las más rentables de todo el país,
principalmente por los bajos salarios a los mineros y la condonación de impuestos
federales y locales con que se les privilegia.
Solo la condonación en
impuesto predial, servicio de energía eléctrica, suministro de agua potable y
otros servicios locales, además de derechos federales no declarados, como el
pago de cuotas de Seguro Social, hace que las utilidades de las empresas vayan
a la alza bajo la complacencia de las autoridades federales.
ALMADEN MINERAL, UN CASO APARTE
La minera canadiense Almaden
Mineral inició ya la exploración de más de 2 mil hectáreas de suelo comunal de
Ixtacamaxtitlán, Puebla, el que era utilizado por los pobladores locales para
el pastoreo, la siembra agrícola y la explotación forestal; en ese sitio se
inició ya la barrenación –con el consecuente daño ecológico- para detectar las
vetas de oro que abundan en la zona.
Con las 2 mil hectáreas más
que se le han entregado a Almaden Mineral ya suman 16 hectáreas de suelo sobre
las que tiene derecho preponderante de explotación la empresa canadiense, aun
cuando en realidad viene teniendo dominio sobre casi 20 mil hectáreas de suelo,
de donde decenas de pobladores indígenas ya han sido desplazados.
Almaden Mineral tiene
presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es
aquí en donde ha logrado sus mayores utilidades al crecer exponencialmente en
los último seis años, al obtener concesiones para explotación de suelo con
yacimientos minerales para los próximos 50 años.
Las concesiones más
importantes entregadas a la minera canadiense se lograron en el año 2008,
cuando desde la federación le otorgaron los permisos para la exploración y
explotación de 55 mil 990 hectáreas en la zona de Ixtacamaxtitlán,
principalmente en la comunidad Tulgtic, en la sierra norte del estado de
Puebla, donde lleva a cabo el llamado proyecto Ixtaca, el más ambicioso a nivel
nacional para la extracción de oro.
JUSTICIA POR UN TUBO
Al ver que la comunidad
indígena de Puebla no publicó un amparo por cuya inserción se cobraban 40 mil
pesos, un juez federal determinó finalizar anticipadamente el juicio de garantías
iniciado por los indígenas como única esperanza para no permitir el proyecto de
muerte en su comunidad.
Con la decisión del juez de
no atender la demanda de violación de garantías de la comunidad Nahua de
Cuacuila, en el municipio de Huauchinango, Puebla, se benefició a las empresas
Gasoductos del Altiplano Termigas S.A. de C.V. y Gasoductos Mexicanos S.A. de
C.V.
Estas dos empresas son las
que abanderan el proyecto del gasoducto de Gasomex, que consiste en el
transporte por ducto de gas propano comercial, que va de la terminal de Tuxpan
de Rodríguez Cano, Veracruz, a la terminal de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, con
una extensión de 300 kilómetros lineales.
El proyecto del gasoducto que
no quiso ser frenado por la justicia federal cruza por los estados de Hidalgo,
México, Puebla y Veracruz, en donde afecta al entorno ecológico y las
condiciones de seguridad de 24 municipios, mil 500 pequeños propietarios y 70
ejidos.
De todos los núcleos
poblacionales que afecta el paso del gasoducto, solo el de la comunidad
indígena de Cuacuila fue el que optó por la vía legal para frenarlo, pero el
propio sistema les negó la posibilidad de defenderse.
Sin embargo, en una rueda de
prensa, la abogada Patricia Montaño Flores explicó que en el Artículo 1
constitucional y los tratados internacionales amparan a la comunidad indígena
para que decidan sobre los proyectos que se harán en sus territorios.
Este no es el primer caso en
donde el sistema judicial se pone del lado de las empresas. Solo en lo que va
del 2015, se estima que al menos 18 comunidades indígenas de la sierra norte de
Puebla han buscado la protección de la justicia federal para tratar de frenar
los proyectos de explotación del subsuelo, sin que a la fecha se haya
concretado el amparo a favor de las comunidades demandantes.
En la mayoría de los casos
los proyectos de amparo ni siquiera son admitidos en los juzgados al no cumplir
con requerimientos técnicos, principalmente en su estructura de petición, lo
que hace más cuestionable la aplicación de la justicia federal, dijo el maestro
Juan Romero, especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Aseguró que en el país la
negativa de los amparos para las comunidades indígenas es casi general, sobre
todo cuando se trata de proyectos de explotación del subsuelo, porque los
jueces buscan fallas técnicas en la demanda de amparo, en lugar de ver las razones
que les asisten a los demandantes. Por eso se dan casos en donde se suspende el
juicio porque no se cumplió con la publicación de un edicto, que es algo
técnico.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS / Martes
4 de agosto de 2015)
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